La vuelta al FMI es un manotazo de ahogado que pone de relieve la debilidad del gobierno para enfrentar la corrida cambiaria. Se trataría, de concretarse, de un préstamo “última instancia” por las condiciones en las que lo solicita. Lo llamativo es que esta corrida, que no parece ser una crisis terminal, se desató sin que hayan madurado las condiciones objetivas para una crisis cambiaria de la envergadura que alcanzó.

Si bien esto puede relacionarse con las causas exógenas (la esperable suba de la tasa de interés en Estados Unidos), no puede soslayarse la relevancia que tuvieron las endógenas. Las primeras actuaron por intermedio de las segundas. Entre estas últimas pueden resaltarse las características del modelo de valorización financiera que instauró Cambiemos y las inconsistencias del programa económico en sus propios términos.

En el primer caso se trata de la incubación de una burbuja financiera sobre la base de las altas tasas de interés de las Lebac y cierta estabilidad del tipo de cambio, lo cual garantizaba altos rendimientos en dólares de las colocaciones en un contexto de liberalización del mercado financiero y de cambios. Esto llevó a que el stock de las Lebac represente el 8,9 por ciento del PIB en el cuarto trimestre de 2017. Todo ello se asocia con el segundo elemento, es decir, el intento del gobierno de reducir la tasa de interés a principios de este año para priorizar algo de crecimiento económico por sobre el descenso de la inflación. Si bien subir las tasas de interés no tuvo efectos en el nivel de inflación, reducirlas sí implicó una mayor presión sobre el dólar ante la ausencia de opciones de inversión productiva, situación que se agravó dadas las circunstancias internacionales.

El pedido de salvataje al FMI no es un mensaje para la sociedad en su conjunto, que entra en pánico con esa medida, sino al poder económico local y el capital financiero internacional, quienes no solo se alinean en el planteo del ajuste -como lo hicieron recientemente en el Foro de Convergencia Empresarial- sino también en no perder plata. Se convierte en una señal de debilidad del gobierno que no logra alterar las expectativas del mercado.

El telón de fondo de las expectativas negativas es el profundo agravamiento de las cuentas externas: el déficit de cuenta corriente trepó al 4,9 por ciento del PIB en 2017, casi el doble que en 2015. El déficit comercial alcanzó 8400 millones de dólares en 2017 y en el primer trimestre de este año lleva 2500 millones. Las perspectivas no son buenas en el marco de la sequía que podría involucrar una reducción de la producción de cereales y oleaginosas de 7500 millones de dólares. A esto se suma que si bien las reservas internacionales totales se ubican por encima de los 55.000 millones de dólares, las disponibles se encuentran en torno a los 23.000 millones. Desprenderse de 7000 millones de dólares sin lograr frenar la corrida adquiere, así, otra dimensión del problema.

Es falso el argumento que quiere imponer el gobierno acerca de la necesidad de recurrir al FMI por el exceso del gasto público que heredó del kirchnerismo. Bajo el gobierno de Macri se incrementó el déficit fiscal. Una de las medidas de mayor impacto en este sentido fue la reducción de las retenciones a las exportaciones. En 2017 se recaudaron 4200 millones de dólares menos que en 2015 por este concepto. A esto se agrega que entre 2015 y 2017 el crecimiento de los intereses de la deuda (0,8 puntos del PIB) casi compensan el ajuste en los subsidios (1,2 puntos).

Está claro que en estas circunstancias se asiste a un cambio en la estrategia de la política económica con resultados inciertos. Se trata del fin del “gradualismo” y el intento de implementar un profundo ajuste (monetario y fiscal) a lo que se suma el impacto de la devaluación en la reducción de los salarios reales. Se abre así una fase recesiva cuyo grado de profundidad depende de múltiples factores, pero que se topará, como ocurrió en la reforma previsional y el tarifazo, con la activación de los sectores populares. El recurso del FMI es, en este contexto, una sobreactuación del gobierno destinada a imponer el ajuste como una obligación externa. El interrogante es si lo podrá hacer ante las actuales relaciones de fuerzas que no parecen desplazarse a su favor.

* Coordinador de Cifra-CTA e investigador-docente de Flacso y UNQ.