Tal como se intentó con el ALCA, este Tratado de Libre Comercio (TLC) promueve una apertura indiscriminada de las economías regionales.

Un Mercosur devaluado, abandonado desde el 2016 como proyecto de integración y de inclusión, al punto de no permitir la renovación de sus parlamentarios, cede su posibilidades de desarrollo entregando soberanía económica, política y cultural.

Lo que el gobierno de Macri vende con bombos y platillos tiene que superar todavía algunas instancias formales e institucionales en Europa y en el Mercosur, por ejemplo ser aprobado por los respectivos parlamentos.

¡No lo podemos permitir!

DE QUÉ SE TRATA ESTA NEGOCIACIÓN

Días atrás los economistas Carlos Bianco y Sofía Sternberg escribieron para Cenital.com un clarísimo informe de las implicancias que tendría este acuerdo si finalmente se concreta. Recomendamos su lectura: https://www.cenital.com/2019/06/17/acuerdo-mercosur-union-europea-hay-que-pasar-el-invierno/63778

Cono Sur, 28 de junio de 2019

En vistas de la firma del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur alertamos a nuestros pueblos sobre el funesto impacto que este acuerdo tendrá para el sistema productivo de la región en general, y para ciertas ramas de producción estratégicas en particular, tales como tecnología, sistema marítimo y fluvial, obras públicas, compras del Estado, laboratorios medicinales, industria automotriz, economías regionales (en especial, las vinculadas al aceite de oliva, vinos y espumantes, quesos y lácteos, entre otras), concluyendo que la firma de este acuerdo es la sentencia de muerte de nuestras industrias y de gran parte de nuestro trabajo decente y empleo de calidad.

En cuanto a las formas en que se está negociando el acuerdo, nos vemos obligados a reiterar una vez más nuestra profunda preocupación por la total falta de transparencia y opacidad con la que se han llevado adelante las negociaciones. Respecto de los contenidos, expresamos nuestra legítima preocupación por un acuerdo que no tiene en cuenta las sensibilidades de ambas partes en materia de empleo ni la necesidad de que el mismo contribuya a un esquema de desarrollo simétrico y equilibrado de las dos regiones. Puntualmente, nos preocupan -entre otros- los siguientes puntos que consideramos de extrema sensibilidad para el interés social en general y de los trabajadores y trabajadoras en particular:

Cobertura de las ofertas y ritmo de desgravación de las canastas de bienes: hemos conocido que la cobertura de las ofertas es superior al 90%, lo que indica que se trata de un acuerdo de libre comercio de carácter amplísimo, con una liberalización casi total del comercio birregional. Además, se han negociado aceleraciones en el ritmo de desgravación previsto, quedando la mayoría del comercio bilateral comprendido dentro de un período de desgravación menor a 10 años. Creemos que tanto la amplitud de la cobertura como la finitud de los plazos de desgravación atentan contra una transición ordenada de los sectores productivos hacia una situación de libre comercio birregional, que podría tener impactos sustantivos tanto sobre la cantidad como la calidad del empleo en ambas regiones, así como resultar en situaciones no previstas de dislocación social (migraciones del campo a la ciudad, desempleo industrial masivo).

Reglas de origen flexibles: sabemos que se están negociando reglas «flexibles» para la determinación del origen de los productos, con el objeto de poder utilizar insumos importados de terceros países. Esta «flexibilidad» conlleva un alto riesgo de «triangulación» de productos que son elaborados mayoritariamente en países ajenos al acuerdo, de bajísimos salarios y en donde no se respetan los derechos laborales más básicos, y que con un mínimo procesamiento o etiquetado podrían gozar de los beneficios de las preferencias otorgadas.

Servicios estratégicos para el desarrollo de nuestras naciones: nos preocupa la inclusión en la negociación de algunos sectores de servicios que son estratégicos para el desarrollo nacional, tales como el transporte marítimo y fluvial, los servicios audiovisuales, los servicios energéticos y los servicios financieros.

Mantenimiento del poder de compra del Estado: históricamente el poder de compra y contratación del Estado nacional ha funcionado como una potente herramienta para el desarrollo industrial. Es necesario mantener dicha potestad por parte de los distintos Estados nacionales a todos los niveles (nacional, provincial y municipal), específicamente en lo que respecta a la obra pública, y evitar otorgar el «trato nacional» a las empresas de los países de ambas regiones.

Rechazo a la extensión de las patentes y a la protección de los datos de prueba: la realidad muestra que el sistema de patentes en el caso de los medicamentos sólo sirve para excluir del mercado a nuevos competidores, puntualmente a los productores públicos o privados de medicamentos genéricos. Rechazamos la inclusión de cláusulas de extensión de patentes y de protección de datos de prueba en el marco del capítulo de propiedad intelectual, con objeto de fomentar la producción local de productos farmacéuticos y facilitar el acceso a la salud y a los medicamentos para ambas poblaciones.

Fomento de sectores productivos específicos: todo acuerdo que pretenda el desarrollo simétrico y armónico del conjunto de las partes requiere de la existencia de mecanismos que permitan un proceso de reestructuración de los sectores más sensibles y de fomento de nuevos sectores productivos generadores de empleo de calidad y valor agregado. Un acuerdo de estas características requiere mantener e incluir instrumentos tales como salvaguardias comerciales, cláusulas de industria naciente, regímenes suspensivos y licencias de importación, todos ellos permitidos y regulados actualmente por la Organización Mundial del Comercio (OMC), que no serían parte de esta negociación.

Promoción de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs): si bien sabemos que existen cláusulas específicas en la negociación en materia de PyMEs, las mismas se limitan a mejorar la circulación de la información técnica y legal del acuerdo. De modo de beneficiarse efectivamente con el acuerdo, las PyMEs requieren de apoyo financiero y de transferencia tecnológica para poder afrontar positivamente un proceso de apertura comercial, modernización tecnológica y mejora de la competitividad, elementos que no se encuentran previstos en la actual negociación.

Inexistencia de estudios de impacto finalizados: es imprescindible contar con estudios y de impacto finalizados que revelen los verdaderos resultados del acuerdo. El Mercosur ni siquiera presentado un análisis similar. Consideramos impropia la firma de un acuerdo con la amplitud del presente sin conocer los resultados económicos y sociales del mismo en términos generales, y mucho menos sin haber estimado el impacto sobre la cantidad y calidad del empleo.

En suma, desde el movimiento sindical del Cono Sur hemos planteado reiteradas veces a las autoridades de ambos bloques nuestras principales preocupaciones y exigencias para que la negociación avance hacia un verdadero acuerdo de asociación que permita reforzar las relaciones políticas, sociales, económicas y culturales entre ambas regiones, y que sea capaz de potenciar el respeto a los derechos humanos, el empleo digno, el trabajo decente, el desarrollo sostenible y los valores democráticos. Sin embargo, no hemos obtenido las respuestas esperadas ni una verdadera y efectiva participación en las negociaciones, lo que motiva nuestro absoluto rechazo al presente acuerdo en lo que respecta tanto a sus formas como a sus contenidos.

Luego de una serie de negociaciones secretas, Argentina y los Estados Unidos acaban de firmar el día 26/6 un acuerdo de cielos abiertos. Bajo el eufemismo de “modernizar el acuerdo de transporte aéreo de 1985” el acuerdo es perjudicial para los/as trabajadores/as y ha sido una sorpresa para los sindicatos argentinos y estadounidenses.

En un comunicado conjunto firmado por la ITF (Federación Internacional del Transporte) y APA Argentina para el Blog de Aviación, Joseph Tiberi, Presidente de la Sección de Aviación Civil de la ITF declaró: “La ITF rechaza este acuerdo ya que no hay disposiciones laborales ni protecciones para los/as trabajadores/as en ninguno de los dos países. Mientras que Edgardo Llano, vicepresidente de la Sección de Aviación Civil de la ITF y Secretario General de APA (Argentina) y Adjunto de la CTA T, agregó: “Nos oponemos a este acuerdo negociado en secreto durante un año sin ninguna consulta a los sindicatos en ninguno de los países. Esto muestra claramente que no hay intención de beneficiar a los/as trabajadores/as”.

Este acuerdo daría más capacidad a las grandes corporaciones para reubicar sus operaciones sin que los gobiernos de ambos países puedan proteger a sus trabajadores/as. 

Compartimos el Comunicado de nuestros compañeros de APA del día de ayer:

 

 

El Convenio 190 contra la Violencia de Género y Acoso Laboral se aprobó este viernes, en el cierre de la Conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, con 439 votos a favor, 7 en contra y 30 abstenciones.

Además, la recomendación complementaria para enfrentar la violencia y el acoso en el lugar de trabajo se aprobó con 397 votos a favor, 12 en contra y 44 abstenciones. En ese contexto, la posición de la UIA aparece como “retrógrada”, tal como la definió el titular de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, quien participó en la reunión de la OIT en nota para Laboralistas.net.

Se trata del primer estándar normativo internacional para frenar el acoso y la violencia en el mundo del trabajo. Si bien ninguna norma, por si sola, erradica un problema social, a nadie escapa que su aprobación es un punto de partida indispensable que tiene efecto jurídico sobre millones de trabajadoras y trabajadores.

Es de lamentar que el empresariado vernáculo no se destaque por su apego a las normas que protegen el trabajo digno”, enfatizó Cremonte para acotar que “es probable que presenten este tema como lo hacen con los accidentes de trabajo colocando el acento en la litigiosidad en vez de resaltar la prevención”.

Pedro Wasiejko, Secretario General de la FeTIA, en el mismo sentido expresó: «lamentable y vergonzosa la posición de los empresarios locales. Mientras los trabajadores y las trabajadoras del mundo festejan este avance «elemental» en el siglo XXI, se afianzan en su posición decimonónica anti derechos y anti obrera.«

El Convenio, que sirve para hacer frente a las situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo, tuvo en Ginebra su segundo año de doble discusión, en el marco del diálogo social, con sesiones entre grupos de trabajadores, grupos de empleadores, y asamblea tripartita con los Estados Miembros. Si su aprobación fue posible este año es porque viene precedido de un arduo trabajo de las centrales sindicales y representa un triunfo rotundo de la clase trabajadora organizada.

Desde la Federación de Trabajadores de la Energía, Industria, Servicios y Afines (FeTIA-CTA) que conduce Pedro Wasiejko señalaron que “con el apagón que afectó a más de 48 millones de personas el domingo anterior quedó demostrado que el Estado no puede delegar en manos privadas un servicio público clave como la energía. Lo que pasó es inaceptable y el empresario Marcelo Mindlin y los accionistas de Yacylec deben dar explicaciones”. Además aseguraron que el colapso del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) que gestiona Transener, cuyo accionista mayoritario es Pampa Energía, puso en evidencia la situación de vulnerabilidad del sistema energético del país. “No estamos ante un paradigma de seguridad energética como sostiene el gobierno”, aseguraron a la vez que denunciaron que si no se auditan las empresas que generan, transportan y distribuyen energía lo que sucedió este domingo puede repetirse.

Más allá de la explicación que podamos recibir los ciudadanos en diez, quince o veinte días, según anunció el secretario de Energía Gustavo Lopetegui en conferencia de prensa, lo cierto es que la falla se produjo en el SADI y el responsable del colapso que sufrimos no sólo en Argentina sino también en países limítrofes tiene nombre y apellido: Marcelo Mindlin, el empresario amigo del presidente. Lo que sucedió deja en claro dos cosas: que los mega tarifazos que destruyeron miles de empleos y que obligaron a cientos de pequeños y medianos empresarios a cerrar sus puertas, no se trasladan a inversiones. Y lo segundo es que, sea como sea, el Estado no puede delegar en manos privadas un servicio público indispensable para cualquier sociedad. Las empresas privadas sin control del Estado priorizan su rentabilidad y dejan de lado inversiones necesarias para tener un sistema eficiente y seguro. El amigo del presidente Mauricio Macri, Marcelo Mindlin debe dar explicaciones”, señaló Wasiejko.

Juan Francisco Soto, de la Asociación de Personal Argentino de Yacyretá (APAY) y secretario general de la Regional CABA de la FeTIA sostuvo que “la falla gravísima que llevó al colapso del sistema demuestra la vulnerabilidad del SADI. No estamos ante un paradigma de seguridad energética como pregonan desde la Secretaría de Energía. La falla originaria es producto de la falta de mantenimiento del Yacylec que es una adjudicación de Carlos Saúl Menem por 95 años a una unión transitoria de empresas para que se hagan cargo de 500 KV de transmisión de energía generada por la entidad binacional Yacyretá, que no tuvo nada que ver en la falla originaria y que fue sometida a un estrés altísimo. En 2016 Macri vendió su participación en Yacylec a Sideco, propiedad de su familia. Los otros accionistas de la empresa son Enel Americas, Grupo Eling y Sistranyac”.

Otro de los temas que se deben abordar tiene que ver con la forma en la que se resuelven las fallas que eventualmente pueden ocurrir en cualquier sistema eléctrico del mundo. En el directorio de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) están los mismos titulares de las concesionarias generadoras, transportistas y distribuidoras. Estamos ante un caso donde están de los dos lados del mostrador los empresarios que se tienen que autocontrolar y autoregular por un defecto original del marco regulatorio eléctrico de la 24065 que es la ley madre del marco regulatorio de la Argentina”, reclamó Soto. Y agregó: “Lo más grave es que no hay inversión en la prevención, mantenimiento y nuevas fases de desarrollo”.

Lo que evidencian las fallas que ocurrieron con una simple tormenta, señalaron desde la FeTIA, es que lo más sensible, que es la transmisión de la generación de energía de Yacyretá y Salto Grande que representan alrededor del 22% de la electricidad final de lo que se consume en la Argentina, no está debidamente controlada. “Esto tiene que ver con un defecto de origen y porque en esta gestión de Cambiemos se nota claramente que hay una puerta giratoria en la Secretaría de Energía donde los mismos funcionarios que participaban de estas empresas como Transener, Yacylec, son las mismas que se van cartelizando, violando el mismo marco regulatorio que ordena que las empresas transportistas no podían tener participación en la generación y distribución y lo mismo para las distribuidoras que no deberían tener participación en la generación y el transporte. Esto se fue violando y quedó en letra muerta y ahora empresarios que también están en la generación, están también en el transporte y en la distribución y todos juntos confluyen en el directorio de CAMMESA y CAMMESA hizo un informe preliminar que consideramos insuficiente”, aseguró Soto. Respecto a ese documento, el secretario general de la regional CABA de la FeTIA también destacó que “es muy difícil que las mismas empresas que participan del directorio de CAMMESA y que cotizan en bolsa saquen un comunicado en el que se autoincriminen”.

Por último desde la FeTIA señalaron que no hay ninguna certeza de que una falla de esta naturaleza no se vuelva a producir en tanto no se puedan auditar debidamente las empresas. “Como argentinos, contribuyentes, usuarios y como habitantes a los que se nos tiene que garantizar el derecho humano a la electricidad, que es un servicio público,  tenemos el derecho y nuestros representantes en la Comisión de Energía del Congreso tiene el deber de auditar qué obras estuvieron haciendo los directores de Yacylec y Transener, y qué tareas de mantenimiento y prevención desarrollaron. Son cuestiones claves, porque sino podemos volver a tener un fenómeno de este tipo que pone en riesgo toda la seguridad energética de la Argentina”, aseguraron.

El Centro de Investigación y formación de la República Argentina CIFRA / CTA T nos hicieron llegar un resumen de los datos publicados hoy por el INDEC sobre el mercado de trabajo. Este dato supera por primera vez en 13 años los dos dígitos. Pero la desocupación es aún más alarmante entre los jóvenes: el 23,1% entre las mujeres de 14 a 29 años y 18,5% en los varones de esas mismas edades.

Este resumen va en el archivo adjunto con un gráfico que muestra la trayectoria de la desocupación desde 2003.

  • En el primer trimestre la tasa de desocupación alcanzó el 10,1%, superando por primera vez en 13 años los dos dígitos. En efecto, desde 2006 no se habían registrado tasas de desocupación superiores a 10%.
  • Esta tasa implica una suba de un punto porcentual respecto al nivel del mismo trimestre de 2018, cuando había sido de 9,1%.
  • Si se hacen proyecciones a nivel nacional, este aumento implica que en el plazo de un año el número de desocupados se incrementó en 241.500, alcanzando a 2,1 millones de personas.
  • El aumento en la desocupación se explica fundamentalmente por el aumento en la tasa de actividad, que pasó de 46,7% a 47,0% sobre la población. Llamativamente, la encuesta no mostró una disminución en la tasa de empleo, que pasó de 42,4% a 42,3%, cuando es sabido que en este período se observó un fuerte descenso en el nivel de actividad económica (-5,8%) y en el empleo registrado (-2,0%).
  • También la subocupación (personas que trabajan menos de 35 horas semanales y quisieran trabajar más horas)sufrió un fuerte incremento. El aumento de 9,8% a 11,8% sobre la población económicamente activa implica que a nivel nacional el número de subocupados aumentó en 454.000.
  • Cuando se diferencia el comportamiento de varones y mujeres se advierte que el aumento en la tasa de actividad tuvo que ver con una mayor participación en el mercado laboral de las mujeres –presumiblemente para complementar los alicaídos ingresos de los hogares- y que entre los varones sí existió una significativa contracción de la tasa de empleo.
  • Las tasas de desocupación que más se elevaron son las de los jóvenes, alcanzando valores muy altos: 23,1% para las mujeres de 14 a 29 años, 18,5% para los varones de esas mismas edades.
  • 13 de los aglomerados relevados por EPH tienen tasas de desocupación superiores a dos dígitos. Los de mayores tasas de desocupación son: Usuahia-Río Grande (13,0%), Rawson-Trelew (12,3%), Gran Rosario (11,7%), Jujuy-Palpalá (11,4%), Gran Córdoba (11,3%); Gran La Plata (10,8%). También el Gran Buenos Aires con  una tasa de 11,1% en todo el GBA y 12,3% en el conurbano bonaerense, excluyendo a la C.A.B.A.
  • Finalmente, es destacable que el peso de los asalariados no registrados (precarios) sobre el total de asalariados se ubicó en el 35,0%, lo que muestra que continúa el proceso de empeoramiento de la calidad del empleo, además de la pérdida de ingresos. Un año atrás esa proporción había sido de 33,9%.

Ver informe completo haciendo clic aquí

En un evento sin precedentes, sindicatos de todo el mundo salieron a las calles de Ginebra el día de ayer (17 de junio) para reclamar “Una OIT para el Siglo XXI – Hace falta un Nuevo Contrato Social”. Miles de representantes sindicales, que alzaron la voz por los millones de trabajadores a los que representan, mostraron su compromiso de frenar los abusos en el ámbito laboral y de instaurar un nuevo contrato social. La decisión de organizar dicha manifestación la tomó el Congreso Mundial de la CSI, celebrado en diciembre de 2018 en Copenhague.

Nos encontramos inmersos en plenas negociaciones que pueden lograr avances históricos. Sobre la mesa tenemos una Declaración de la OIT que establece un nivel mínimo de derechos para todos los trabajadores, así como normas vinculantes que atajan con eficacia la violencia y el acoso en el trabajo. Confío en que podamos conseguir que se aprueben, junto a los gobiernos y empleadores”, declaró Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI.

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La OIT celebró su centenario con un informe sobre el futuro del trabajo titulado “Trabajar para un futuro más prometedor” que presenta ambiciosas propuestas para abordar los retos del futuro. El informe propugna un contrato social reforzado basado en una garantía laboral universal.

Dicha garantía laboral universal otorgaría a todos los trabajadores – independientemente de sus condiciones de empleo – los derechos fundamentales incluidos en los principios de la OIT (la abolición del trabajo infantil y el trabajo forzoso, la eliminación de la discriminación en el trabajo y la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva), así como el derecho a un salario digno, a la sanidad y la seguridad en el trabajo y al control propio sobre la jornada laboral.

Tenemos que aprovechar el potencial de la digitalización y la automatización, así como de la transición a los modos de producción sostenibles desde el punto de vista medioambiental, mientras afrontamos los riesgos y retos de la digitalización y de los nuevos modelos de negocios que utilizan las empresas para eludir la responsabilidad hacia sus trabajadores. Asimismo, tenemos que adoptar medidas que aborden de manera significativa la violencia de género, que constituye una de las causas fundamentales de las persistentes desigualdades entre hombres y mujeres. Además, tenemos que abordar los niveles cada vez mayores de desigualdad de riqueza e ingresos, garantizando los derechos fundamentales de los trabajadores como la libertad de asociación y la negociación colectiva, así como asegurarnos de que los derechos de los trabajadores a un entorno laboral seguro y saludable sean absolutos. Todo esto se puede lograr y estamos avanzando juntos, desde las acciones en las calles hasta las negociaciones de las normas vinculantes”, concluyó Burrow.

Fuente: CSI

La Comisión Normativa de la OIT aprobó el Convenio sobre el Acoso y la Violencia. El viernes será refrendado en Ginebra por la Asamblea en pleno.

En la Conferencia de su centenario, la Organización Internacional del Trabajo ofreció evidencias sobre su vigencia como organismo regulador de las fuerzas del trabajo (y, por lo tanto, de la economía): la Comisión Normativa aprobó en Ginebra el primer estándar normativo internacional para frenar el acoso y la violencia en el mundo del trabajo y el viernes será votado en pleno de la Asamblea. Una cuestión antigua pero que se expresa en este tiempo empujada por nuevos enfoques promovidos por una realidad social en continua transformación. La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, a través de varios de sus miembros –entre ellos su presidente, Matías Cremonte-, participa de este y otros debates clave de la 108 Conferencia, en Suiza.

El Convenio sobre Acoso y Violencia en el Mundo del Trabajo, se prefiguraba (si algo no hay en la arena del derecho internacional son las sorpresas) que iba a ocupar el centro de las discusiones en la Conferencia del centenario, sobre la base de los adelantos trabajados en Ginebra el año pasado. Guy Ryder, al inaugurar las sesiones, había anunciado que “esta conferencia puede poner fin a la violencia y al acoso, e intentar hacer algo contra los abusos que se producen constantemente en el trabajo y esto lo tenemos que hacer”. Ninguna norma, por si sola, erradica un problema social pero a nadie escapa que es un indispensable punto de partida la elaboración de un convenio que tiene efecto jurídico sobre millones de trabajadoras y trabajadores.

El Convenio tuvo en Ginebra su segundo año de doble discusión, en el marco del diálogo social, con sesiones entre grupos de trabajadores, grupos de empleadores, y asamblea tripartita con los Estados Miembros. Y el viernes fue sometido y refrendado en la votación para ser adoptado finalmente como convenio internacional. La aprobación fue jalonada por los avances logrados en 2018.

Si la aprobación este año es posible, lo es porque precede una vigorosa deliberación. Dos de nuestras asociadas han sintetizado y reflexionado sobre aquellos debates de modo preciso. El informe del estado del debate, previo a la Conferencia 2019, puede observarse en el informe elaborado por la Dra. Graciela Sosa: http://www.laboralistas.net/articulo_revista/la-violencia-y-el-acoso-en-el-mundo-del-trabajo/ Y el contexto social y sindical de ese debate, en otra exhaustiva nota de doctrina de la Dra. Fabiana Sosahttp://www.laboralistas.net/articulo_revista/violencia-y-acoso-en-el-mundo-del-trabajo/

Una especialista argentina en la evolución normativa del Derecho del Trabajo con perspectiva de género, la Dra. Fabiana Sosa, presente en las discusiones de Ginebra, destacó el valor de la definición, por primera vez en el plano internacional, de un núcleo de normas jurídicas “que nos proporciona herramientas para combatir el flagelo mundial del acoso y la violencia en el mundo del trabajo, si queremos construir un futuro del trabajo enfocado en las personas”.

“La aprobación significa el reconocimiento del derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género, y que estos comportamientos inaceptables pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos, que son una amenaza para la igualdad de oportunidades, y son incompatibles con el trabajo decente”, analizó.

Y agregó: “Se reconoce la necesidad de adoptar medidas por parte de los empleadores con relación al impacto que la violencia doméstica tiene en el ámbito del trabajo, así como la inclusión de terceros como partícipes de la violencia y el acoso laboral, ya sea como autores o víctimas de la misma”.

“Erradicar la violencia y el acoso del mundo del trabajo requiere de nuestro compromiso, exige una nueva mirada, nos remite a revisar las formas de relacionarnos laboralmente, teniendo en consideración una mirada interseccional, revisando aquéllas situaciones, grupos, sectores, que merecen una protección especial, y que pueden verse afectados por varios factores de discriminación, sexo, género, raza, clase, etnia, lugar de nacimiento, entre otros grupos conforme las normas internacionales del trabajo y los instrumentos internacionales de derechos humanos”.

 

Artículo publicado en Laboralistas.net

Sharon Burrow, Secretaria General de la CSI enfatizó “la urgente necesidad de poner un piso de dignidad debajo de todos los trabajadores”.

Diversos líderes mundiales expresaron su fuerte apoyo a la OIT cuando celebra su 100.º aniversario en la Conferencia Internacional del Trabajo. La Conferencia – la 108.a reunión de la CIT – está dedicada especialmente al futuro del trabajo y aborda además la violencia y el acoso en el lugar de trabajo.

Sólo algunos párrafos que definen, a nuestro entender, el contexto en que la OIT celebra sus 100 años: su Director General, Guy Ryder, declaró que el mundo del trabajo enfrenta los cambios “más profundos y transformadores” observados en 100 años, y urgió a los delegados de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) a asumir su responsabilidad para hacer frente a este “desafío decisivo”.

Guy Ryder, habló durante la sesión de apertura de la reunión del centenario de la CIT en Ginebra, en la cual participan cerca de 6.000 delegados – representantes de gobiernos, y de organizaciones de trabajadores y de empleadores de los 187 Estados.

Dijo además que: “las incertidumbres e inseguridades de nuestro tiempo […] ponen de manifiesto cuán fundamental es la realización de la justicia social para la estabilidad y la paz, y la importancia vital del acceso al trabajo decente para el progreso del bienestar humano”.

El Director General destacó que la CIT del centenario está dedicada al futuro del trabajo y el de la OIT. “Se trata de abordar los problemas que más preocupan a las personas, en un momento en que consideran urgente obtener respuestas y acciones, y cuando nuestra capacidad colectiva para ofrecerlas está siendo cuestionada. En un momento en que las personas parecen sentir la necesidad de retomar el control de sus vidas”.

Por su parte Sharon Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional (CSI) fue más clara y precisa: enfatizó “la urgente necesidad de poner un piso de dignidad debajo de todos los trabajadores, y agregó “esto es responsabilidad de todos nosotros”.

“Nos encontramos, temo, a un paso de una era de ira. Producto de la frustración y la falta de esperanza, cuando el contrato social sigue erosionándose, nuestro desafío consiste en reafirmar, reforzar y renovar el contrato social”.

En contraposición, en representación de los Empleadores, Roberto Suarez Santos, Secretario de la Organización Internacional de Empleadores, aseveró a los delegados que “el futuro nos ofrece más oportunidades que nunca antes. Millones de trabajadores, individuos y empresas tendrán un acceso sin precedentes a la educación, las competencias y las relaciones comerciales”.

“Si maximizamos los beneficios de estas nuevas oportunidades, un número aún mayor de personas podrá salir de la pobreza. No debemos frenar el futuro y responder desde el miedo. Tenemos que tener presente que si restringimos la iniciativa empresarial, no sólo perjudicaremos los futuros empleos, sino también la creatividad, la innovación y la prosperidad”.

 

 

El pasado lunes 10/6, Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, numerosas organizaciones sindicales, entre ellas FeTIA / CTA, junto a ex combatientes, organizaciones sociales y partidos políticos afirmaron los derechos argentinos sobre las Islas MalvinasGeorgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes con un acto frente al Congreso desde donde marcharon luego a la Embajada Británica.

La convocatoria se hizo desde F.I.P.C.A (Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua) y GPS (Grupo por la Soberanía) a la que nos sumamos como FeTIA.

Frente al Congreso hablaron algunos representantes de las organizaciones, entre ellas Rubén Ciuró, Sec. DDHH, quien lo hizo en nombre de la FeTIA, se leyó un Documento que luego de recordar aquél 10 de junio de 1829 el gobernador de Buenos Aires, don Martín Rodríguez nombró por decreto a don Luis Vernet, como primer Gobernador Político y Militar de las Islas Malvinas, acto de soberanía interrumpido, como todos sabemos, cuatro años después cuando fuerzas británicas ocuparon las Islas, expulsando a la población y autoridades argentinas allí establecidas, y reemplazándolas por otras de origen británico.

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El Documento se adentra luego en el impresionante retroceso que hemos sufrido con el actual gobierno en las negociaciones que Argentina venía realizando por vía diplomática:…”el martes 13 de setiembre de 2016, el gobierno de Mauricio Macri firmó el llamado acuerdo Foradori-Duncan en alusión a los diplomáticos argentino y británico que los suscribieron.

“En la cláusula más importante, la Argentina se compromete a “eliminar todas las trabas que impiden el normal desarrollo de la economía de las islas”, en lo que constituye una verdadera rendición frente al enemigo usurpador de nuestros territorios.

“En estos días, el Gobierno avanza decididamente en el cumplimiento del acuerdo entregando en licitación áreas petroleras de la cuenca Malvinas a empresas de capitales británicos, que además tienen en sus directorios a personajes ligados al ilegítimo gobierno británico de las islas e intentó avanzar en acuerdos pesqueros que hubiesen implicado el reconocimiento a la soberanía británica”.

Frente a la Embajada Británica se manifestó en igual sentido: El pueblo argentino, que nunca consintió este acto de fuerza, ratifica hoy el mandato histórico y constitucional de su permanente e irrenunciable determinación de recuperar por la vía pacífica el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

 Aquí el documento completo