DENIS MERKLEN, SOCIOLOGO ARGENTINO-URUGUAYO DE LA ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES DE PARIS
El 7 de mayo de 2009

Para Merklen, las clases populares ya no se identifican con la figura del trabajador sino con la del habitante pobre del barrio. La dimensión local de la política –señala– coexiste con la pobreza y genera transformaciones en la democracia y en la ciudadanía que muchas veces son ignoradas o descalificadas al asociarse con acepciones reduccionistas del clientelismo.

–¿Hay rasgos comunes entre la política de los barrios en la Argentina y en Francia?

–La situación argentina y francesa se asemejan mucho en dos aspectos de lo que llamo la sociabilidad y politicidad de las clases populares. Por un lado, la pérdida de centralidad del componente trabajo como lazo político. Por otro, la territorialización de las clases populares, es decir, la gente se piensa a partir del barrio en el que vive. La identidad social se vuelve entonces una identidad territorial. A diferencia de lo que afirman la mayoría de los sociólogos, estas transformaciones no están relacionadas con el desempleo, sino con el hecho de que el trabajo perdió su centralidad política.

–¿Y cuáles son las diferencias que observa al comparar los dos casos?

–Uno de los principales puntos de divergencia entre las clases populares es el modo en que las instituciones están presentes en el universo popular. En la Argentina, el Estado está mucho más abierto a incluir en la relación con los ciudadanos una entidad intermedia: antes era el sindicato, ahora son las organizaciones barriales o piqueteras. Al transferirle recursos para que la organización los distribuya, el Estado reconoce su representatividad social. Los dirigentes barriales buscan por todos lados recursos porque su supervivencia depende de ellos. En Francia, las organizaciones sociales son sólo representantes de la voz de las clases populares, pero nunca de la gestión de los recursos, que continúan distribuyéndose desde una ventanilla municipal.

–¿Cambian entonces las formas de ejercicio de la ciudadanía de los sectores populares?

–Sí. Porque en la Argentina al problema sobre quién tiene derecho, se antepone, por razones prácticas, el problema de quién merece. En las asociaciones barriales se reconoce que todos aquellos con necesidades tienen derecho al trabajo, a la vivienda, al comedor, a recibir las frazadas o la leche que reparte la provincia. Pero como los recursos no alcanzan para todos los que tienen derecho, se debe tomar una decisión. Entonces se crean mecanismos colectivos basados en una decisión más o menos arbitraria para ver a quién se le da el plan o el subsidio. El Estado descentralizó y transfirió esta decisión del plano nacional al plano local. Es como una fuerza centrífuga que lleva la política hacia los barrios. En cambio, en Francia esta posibilidad no existe y sólo se puede pelear por un derecho. Pero no hay que engañarse pensando que en Francia la distribución de los recursos es universal. En todo caso, es universal dentro de una categoría definida por el Estado en la cual se incluyen y se excluyen beneficiarios. También la distribución depende de una decisión, que se toma a nivel nacional.

–Pero se podría pensar que la decisión del Estado representa el bien común mientras que la de las asociaciones se identifican con intereses particulares. ¿Esto no modifica la participación política de la población?

–En Francia se afirma que hay una despolitización de la realidad social por la inmensa desafección electoral, el abstencionismo y la escasa posibilidad de participación en la toma de decisiones. La burocratización de todos los criterios de distribución se vive, paradójicamente, como una pérdida de ciudadanía. En el caso argentino se dice exactamente lo mismo pero por las razones opuestas: la ciudadanía se ve debilitada porque hay muchos actores movilizados que quieren meter la mano dentro del plato y por la ausencia de un criterio claro de decisión. Pienso que son dos modos diferentes de relación entre el Estado y su ciudadanía y que cada uno tiene sus inconvenientes. Sin duda la posibilidad de que las instituciones funcionen con criterios más rígidos y universales favorecería una democracia más justa en cuanto a la distribución de riquezas y acceso a los recursos. Pero el problema es que existe una demanda social individual que va en sentido contrario. En las clases medias, muy pocos están dispuestos a someterse a una norma burocrática donde le digan usted entra o no en tal categoría. La búsqueda de atención personal conspira contra un criterio rígido y universal en la toma de decisiones. Nadie quiere estar bajo el peso de una norma o regla estricta.

–¿Los modos diferentes de relación entre el Estado y la ciudadanía implican formas distintas de democracia?

–Me inclino por pensar de este modo y no por la idea que indicaría que la democracia progresa hacia una forma ideal que se podría definir, por ejemplo, en la universidad. Yo propongo restituir el contenido político a otras formas de ciudadanía y democracia. No significa que todas sean equivalentes. Hay algunas mejores que otras. Pero un intelectual no puede ubicarse por encima del resto y decir esto es o no es democracia o ciudadanía. No creo que se pueda avanzar descalificando o excluyendo del mundo de la democracia o de la ciudadanía a la política de los sectores populares de los barrios argentinos o de la banlieue francesa.

–Varios intelectuales dirían que las clasificaciones ayudan a la comprensión de transformaciones no del todo claras…

–Toda clasificación es en sí misma un acto político. La inscripción de las clases populares en el barrio y su política dentro del juego democrático es el tema de mi último libro y tiene que ver con mi recorrido personal y mi llegada a la Universidad de Buenos Aires desde la periferia de la Capital. Yo venía de Ciudad Evita y, antes, de Uruguay. A los 17 años descubrí un mundo que ignoraba totalmente: me encontré con una forma intelectual de la política en el momento en que comenzaba la democracia. En 1984 la carrera de Sociología estaba acaparada por una reflexión sobre cuál era el espacio de la política. A mí me interesaba entender qué ocurría con las clases populares, que aprendí a nombrar así en la universidad pero que era más bien el mundo en que vivía. Y este mundo no encontraba un lugar para ser pensado en esa reflexión sobre la política salvo con esquemas de pensamiento muy viejos, como la lucha de clases, reenviados a los años ’60 o ’70. Cuando llegué a Francia, fue una gran sorpresa descubrir que los intelectuales reflexionaban sobre la emergencia de las clases populares de una forma muy parecida a la argentina. Los análisis sobre las revueltas francesas de 2005 me hicieron mucho eco a lo que había vivido en la UBA. Curiosamente, los intelectuales franceses tuvieron una discusión muy importante para calificar o descalificar el carácter político de esas revueltas violentas. Para muchos de ellos, las clases populares quedaban por fuera de la política: se afirmaba que los jóvenes de los suburbios no lograban darle una forma política a su manifestación.

–¿Y por qué estas revueltas son políticas?

–Cada 14 de julio, en el aniversario de la República francesa, se queman autos. Uno podría pensar que es un hecho aislado, apolítico. Pero cuando uno va a los barrios y explora esa microsociología densa, encuentra conflictos cotidianos de naturaleza política que pueden adquirir la forma de una explosión violenta frente a un Estado que define los contornos de la participación ciudadana. Con la quema de autos, estamos frente a este tipo de situaciones. Conviene observar qué ocurre en el barrio más que reenviar este hecho a un sinsentido que parece efectivamente desconectado del mundo de la política tal como está contenido entre los partidos y las instituciones.

–¿Por los mismos motivos cree que las protestas de piqueteros u organizaciones barriales son políticas?

–En la Argentina, los estallidos se han dado en momentos en que la situación era muy grave, como la hiperinflación y la crisis de 2001, en que la vida y la muerte de la gente estaba en juego y el Gobierno parecía o incapaz o insensible a esta situación. O en las provincias, cuando el nepotismo y las formas autocráticas de los gobiernos hacían imposible la comunicación y la negociación. Cuando la protesta adquiere esa forma tan violenta, tal vez habría que pensar en un componente de la definición de la democracia que muchas veces no se toma en cuenta y que ya era señalado por Emile Durkheim: la posibilidad de la comunicación entre el Estado y la ciudadanía. La democracia implica no sólo la representación, sino también la capacidad de escuchar. ¿Por qué en Francia son más frecuentes las protestas violentas que en la Argentina? Porque está menos presente localmente el componente de negociación. Cuando los piqueteros cortan una ruta, negocian para que se repartan tantos planes jefes y jefas de hogar. Hay un problema en el razonamiento cuando se piensa a los piqueteros como una organización de desocupados. Efectivamente, se puede decir que reclaman por trabajo. Pero no es eso lo que pueden obtener. Y no es el trabajo que permite que se retiren de la movilización violenta y levanten el piquete, sino la negociación de otros bienes y recursos. En Francia esto es imposible. Cuando los jóvenes protestan están solos frente al Estado nacional. Entonces las respuestas son inexistentes o muy masivas.

–¿Cómo podemos entender la ciudadanía si el trabajo no está en el centro de las reivindicaciones políticas?

–La discusión sobre la ciudadanía tiene un gran valor en América latina, como muestra claramente Guillermo O’Donnell. Pero hay otro modo de pensar el problema de los ciudadanos que no está relacionado con una definición de ciudadanía que nos permitiría decir quiénes son o no ciudadanos, sino con la politicidad, que son distintos modos de relacionarse políticamente en los regímenes democráticos. Aquí se dan formas de participación ciudadana complejas. El modo de participación política de quien tiene sus necesidades básicas satisfechas no es el mismo de quien no las tiene aseguradas. El peso de la necesidad modifica la relación con la política. Hay gente que es efectivamente ciudadana y realmente pobre. Querer separar el mundo de la política de la forma en que las políticas se implementan, significaría armar una democracia puramente formal, sin contenido para los debates. Uno no puede estar por fuera de la política. Precisamente, la pérdida de fuerza del mundo asalariado ha politizado a las clases populares porque en gran parte su supervivencia depende del Estado. Yo suelo decir que los pobres están condenados a la movilización permanente porque las cosas que necesitan para vivir las consiguen en el mundo de la política. Y esto conduce a que el clientelismo se vea como un problema muy importante en las democracias.

–¿Y el clientelismo no es un problema?

–Que grupos políticos del Estado se sirvan de los recursos a disposición para controlar la voluntad política de la gente es un hecho evidente cuando hay sectores de pobreza masivos. No son cuestionables las teorías que piensan el clientelismo desde esta perspectiva. Pero el clientelismo es un concepto que fue pensado para los mundos rurales donde el patrón de una estancia se presentaba en una elección y decía que su voto valía por el de sus 200 campesinos. Hay una carga de este fenómeno que es excesiva trasladada a la Argentina, porque en los barrios populares hay un mundo de competencia política entre los partidos y grupos políticos que se da en un espacio público verdaderamente abierto. El margen de decisión política de cada ciudadano es muy importante: los habitantes de los barrios pobres de Buenos Aires se encuentran solos en el cuarto oscuro para votar. No quiere decir que el clientelismo no exista ni que sea ineficaz en todos los casos. Pero aquello que llamamos clientelismo es una forma de negociación compleja donde incluso los más pobres tienen mucho más poder de lo que se cree y son más ciudadanos de lo que uno podría admitir si lo piensa a través del fenómeno clientelar.

–En la provincia de Buenos Aires la competencia política es acaparada por el peronismo…

–Es cierto, pero no quita que la competencia sea feroz. Aquí hay otro problema que merece ser pensado: ¿qué pasa con la oferta política? ¿Por qué el peronismo tiene un lugar tan importante? Creo que una posible respuesta es que el peronismo tiene una tradición política con más capacidades para entender este tipo de relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Dentro del juego clientelar, varios dirigentes peronistas tratan con más cuidado y respeto a sus “clientes”. Con pocos recursos literarios, Duhalde dijo que el 2001 enseñó que con la gente no se jode. Esto significa que no hay una manipulación total. El clientelismo también tiene que ver con los derechos, el honor, el respeto, con una cantidad de dimensiones de la vida política que también están en juego en las capas más pobres de la sociedad. No se puede pensar el clientelismo tal cual como es descripto en la literatura, porque se caería en una visión compasiva (la pobre gente que es manipulada) o despreciativa (la gente vota por los que otros deciden). Algunos dirigentes sociales con mucho poder en los barrios se lanzan a la batalla electoral y no obtienen votos. Por ejemplo, en el caso de Luis D’Elía, la gente no autorizó que su autoridad política se trasladara de un dominio al otro. Y esto requiere perspicacia, inteligencia y un análisis fino de la política.

–¿Qué cambió con el kirchnerismo respecto del duhaldismo y el menemismo en la política de los barrios?

–Absolutamente nada. En algunos casos, son otros los actores. Pero el modo de relacionarse es exactamente el mismo. El problema es que esta especie de consolidación de la relación política vuelve muy difícil una evolución hacia una institucionalización, universalización y burocratización mayor del mundo de la política. Creo que el gobierno actual perdió una oportunidad muy importante de avanzar en este sentido y, probablemente con otro proyecto político, terminó cediendo al mismo tipo de prácticas de sus predecesores en el afán de ganar elecciones. Este modo efectivo de funcionamiento está instalado en la democracia y sólo puede ser cambiado desde el Estado a través de la modificación del modo de acceso y de distribución de los recursos.

–¿La pobreza no altera la idea de democracia como un régimen político basado en la igualdad?

–Observo que desde hace 25 años hay mucha gente pobre y que la democracia funciona. Hay dos modos de ver esto. Una es criticar a la democracia y decir que no resuelve nada porque efectivamente la gente se muere de hambre. Otra es intentar comprender como coexiste la pobreza con la democracia. Es una coexistencia en tensión permanente, donde hay violencia, corrupción, clientelismo y formas degradadas de la política si uno las piensa bajo el modo de una democracia ideal. Hay distintos niveles de corrupción de este ideal y sería irresponsable contentarse con decir que no hay democracia porque existe la pobreza. La Argentina vive en democracia hace 25 años. Es un régimen establecido. Pero indudablemente el proceso de democratización no podrá avanzar si no se resuelve la cuestión social, la enorme fractura de la sociedad.

–¿Esta fractura se relaciona con la retirada del Estado en la economía y en la protección social?

–Sólo parcialmente. En la Argentina, la protección social nunca estuvo en manos del Estado. Eran los sindicatos que daban el acceso a una cobertura de salud. Más que con la retirada del Estado, las transformaciones en las políticas sociales están relacionadas con los cambios en la redistribución de los recursos: lo que antes se distribuía a través del salario, ahora se distribuye hacia el territorio. Curiosamente esta medida fue preconizada por todas las organizaciones internacionales como una forma de democratizar las políticas sociales porque significaba llevar la decisión a la proximidad y darle lugar a la participación mientras que los sindicatos se veían como grandes estructuras burocráticas que manipulaban los recursos. Evidentemente, este desplazamiento no solucionó nada respecto a la corrupción y probablemente agravó la situación. Pero hay que reconocer que en este modo hay efectos democratizadores de ciudadanía que se producen a nivel local de un orden distinto a los que se veían antes. En este contexto, la figura central es el habitante del barrio que se convirtió en ciudadano.

–Está rompiendo con un sentido común sobre la manipulación de los sectores populares y su falta de autonomía individual…

–Sí. Rechazo la idea de que a la gente la llevan por la nariz como el dueño de una estancia que pasea el toro por la Rural. Esto no se corresponde con la realidad. No hay nada que un habitante de un barrio popular deteste más que la posibilidad de sentirse manipulado. Claro que se reparten choripanes y dinero para que la gente vaya a los actos. Pero esto no determina su voto. Alcanza con escuchar las risas y burlas de la gente cuando dicen: “Le comimos todos los panchos a Fulano y él se creía que lo estábamos apoyando”. Son juegos complejos, negociaciones. Creer que la gente va libremente a una manifestación sólo porque adhiere a una opinión, a un ideal, significaría pensar que las clases medias que se reunieron en los actos de apoyo al “campo” no tenían intereses en juego además de sus convicciones. En el caso del conflicto del “campo”, no todos eran los más acérrimos defensores de la libertad, la democracia y la transparencia. También defendían un modo de vida, un tipo de relación con el Gobierno e intereses económicos, a pesar de que una porción ínfima fueran propietarios rurales. Ideales e intereses están siempre mezclados. ¿O acaso la Revolución Francesa se hizo sólo porque la gente creía en la libertad?

Por Gabriel Entin: Sociólogo nacido en Uruguay, Denis Merklen vivió desde los ocho años en Argentina. Se formó y enseñó en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) junto a Juan Carlos Portantiero. Desde 1996 está radicado en Francia, a donde llegó para realizar su tesis doctoral con Robert Castel sobre la ocupación ilegal de tierras urbanas en la Argentina desde 1980. Profesor en la Universidad de París 7 e investigador de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales –donde dirige un seminario sobre la Argentina–, Merklen se especializa en las prácticas políticas y en los modos de inscripción territorial e individualización de las clases populares, tema que analiza en su libro Pobres ciudadanos (Gorla, 2005). Sus estudios se basan en los barrios populares argentinos y franceses aunque también realizó investigaciones en China, Haití, Senegal y Uruguay.

Para Merklen, la liberalización de la economía y la descomposición de la sociedad salarial durante las últimas tres décadas provocaron en las democracias occidentales un movimiento de descentralización de la política hacia lo local y una transformación en las políticas sociales que dejaron de orientarse al trabajador para centrarse en los habitantes pobres. Según el sociólogo, la identidad de las clases populares ya no pasa por su inscripción profesional sino por su inserción en el barrio. Estos cambios implican que las luchas por los derechos del trabajo sean reemplazadas por luchas contra la pobreza: “Las luchas políticas del siglo XX se hicieron bajo el modo de conquistas de derechos que se incorporaban a la ciudadanía. Ahora no es así porque las cosas que se obtienen nunca se pueden inscribir en el derecho. No se puede legislar para que un comedor esté abierto eternamente”.

En su último libro aún no traducido al castellano, Quartiers populaires, (La Dispute, 2009), Merklen sintetiza sus investigaciones sobre la política de las clases populares en los barrios y ofrece varias claves de comprensión sobre las movilizaciones y protestas violentas de los últimos años en Francia y la Argentina, y sobre la necesidad de considerar las democracias no sólo desde su calidad institucional, sino también a partir de la fractura social y aumento de la pobreza en la sociedad.

Fuente Pagina 12 http://www.pagina12.com.ar/diario/d…

 

ANDRES CARRASCO, PROFESOR DE EMBRIOLOGIA DE LA UBA, INVESTIGADOR DEL CONICET, DENUNCIANTE DE LOS EFECTOS DEL GLIFOSATO
El 5 de mayo de 2009

Hace dos semanas denunció en Página/12 los efectos devastadores del compuesto herbicida sobre los embriones humanos. Esperaba una reacción, “pero no tan violenta”: fue amenazado, le armaron una campaña de desprestigio y hasta afirmaron que sus investigaciones no existían. Carrasco contesta y renueva sus cargos contra las multinacionales químicas.

Amenazas anónimas, campaña de desprestigio mediáticas y presiones políticas fueron algunas de las consecuencias de un doble pecado, investigar los efectos sanitarios del modelo agropecuario y, más grave aún, animarse a difundirlos. En el segundo piso de la Facultad de Medicina de la UBA trabaja Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y director del Laboratorio de Embriología Molecular. Con treinta años de trabajo científico y académico, confirmó hace veinte días el efecto letal del glifosato en embriones, cuya marca comercial más famosa es Roundup, de la multinacional Monsanto. Sabía que vendría una réplica del sector, pero no esperaba que fuera de un calibre tan alto. “No descubrí nada nuevo. Sólo confirmé lo que otros científicos descubrieron”, explica, en su oficina pequeña y luminosa. Pasaron dos semanas complejas, con una campaña de desprestigio que aún no termina. Prefirió el silencio y avanzar en nuevas pruebas. Hasta que pusieron en duda la existencia de su investigación. “Creen que pueden ensuciar fácilmente treinta años de carrera. Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria.”

Veinte días atrás, cuando este diario difundió su investigación, ninguna empresa ni medio del sector retomó el tema. Pero tres días después se conoció otro hecho, inesperado: la Asociación de Abogados Ambientalistas presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, por el cual solicitó la prohibición de uso y venta hasta tanto no se investiguen sus efectos en la salud y el ambiente. Las empresas encendieron luces amarillas y comenzaron con comunicados, alarmadas por la posible baja de rentabilidad. Cinco días después, el lunes 20, el Ministerio de Defensa prohibió la siembra de soja en sus campos, haciéndose eco del efecto nocivo del agrotóxico. Fue un hecho político inédito, una cartera nacional alertó sobre los males de los agroquímicos. En ese momento, empresas, cámaras del sector, medios de comunicación y operadores políticos declararon el alerta máxima. Nunca antes las multinacionales del agro y sus voceros habían reaccionado tan violentamente. Durante toda la semana montaron una campaña en defensa de los agrotóxicos y, al mismo tiempo, de desprestigio hacia las voces críticas. El temor de los sostenedores de los agronegocios es la prohibición de su agrotóxico más famoso, uno de los químicos emblema del modelo agropecuario actual.

Glifosato, toxicidad y reacciones

–¿Esperaba una reacción como la que se dio?

–No. Fue una reacción violenta, desmedida y sucia. Sobre todo porque no descubrí nada nuevo, sólo confirmé algo a lo que otros habían llegado por otros caminos. Por eso no entiendo por qué tanto revuelo de las empresas. Hay que recordar que el origen del trabajo se remonta a contactos con comunidades víctimas del uso de agroquímicos. Ellas son la prueba más irrefutable de lo que yo investigué con un sistema y modelo experimental con el trabajo de hace 30 años, y con el cual confirmé que el glifosato es devastador en embriones anfibios; aun en dosis muy por debajo de las usadas en agricultura, ocasiona diversas y numerosas deformaciones.

–¿Los resultados son extrapolables a la salud humana? –Los modelos animales de vertebrados que hoy se usan en la investigación embriológica tienen una mecánica del desarrollo embrionario temprano y una regulación genética común. Los resultados deben ser considerados extrapolables cuando un impacto externo los altera. El mundo científico lo sabe, y funcionarios de los ministerios también. Por eso, cuando encontré esas evidencias surgieron dos cuestiones a resolver, cómo seguir la investigación para saber cuál es la mecanística de un efecto que altera la forma normal del embrión, lo cual está en marcha. Y la otra decisión era cómo darla a conocer.

–¿Por qué la difusión se transforma en un problema?

–Porque no hay canales institucionales confiables que puedan receptar investigaciones de este tipo, con poderosos intereses en contra. Entonces la decisión personal fue hacerla pública, ya que no existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública. Hay que dejarlo claro, cuando se tiene un dato que sólo le interesa a un círculo pequeño, se lo pueden guardar hasta tener ajustado hasta el más mínimo detalle y lo canaliza por medios para ese pequeño círculo. Pero cuando uno demuestra hechos que pueden tener impacto en la salud pública, es obligación darle una difusión urgente y masiva.

–¿Es una práctica común dar difusión a un avance científico antes de estar publicado en una revista científica?

–Es algo totalmente común. En el país hay instituciones que todos los días difunden sus progresos científicos, que hasta poseen agentes de prensa que difunden los avances; nadie los cuestiona y los medios de comunicación los replican sin preguntar. Difunden progresos, sin papers, sin publicaciones y está muy bien. Pero claro, esas difusiones no afectan intereses de grupos poderosos.

–Pero existe una tensión en el ámbito científico sobre cuándo dar a conocer un avance. –La tensión es si la divulgación debería esperar a ser “aprobado” (remarco las comillas porque es todo un tema aparte, que lleva años). Ahora, si la investigación tiene implicancias más allá de lo académico, afecta a la sociedad, el dilema moral es si me lo guardo hasta que termine el más mínimo detalle y mi narcisismo esté satisfecho, o prendo el alerta. Yo decidí dar la alerta, e insisto en que no es nada nuevo, hay antecedentes claros como Robert Belle y Gilles-Eric Seralini, que han hecho estudios con otros modelos, publicados, y con resultados más importantes que los míos. Lo que tendrían que hacer las instituciones, en vez de atacarme, como está sucediendo desde algunos funcionarios y las empresas, es informarse y comenzar a trabajar para remediar lo sucedido.

–Las empresas, y los medios, de los agronegocios sostienen que no hay estudios serios.

–Hay investigaciones en diversas partes del mundo y son muy serias, como las que acabo de mencionar. Las empresas y sus periodistas empleados descalifican una investigación, pero al mismo tiempo no escuchan la catarata de cuadros médicos palpables en las zonas sojeras; las provincias están plagadas de víctimas de agrotóxicos, pero ahí los diarios no quieren llegar, y mucho menos las empresas responsables. No entiendo por qué mi relato tiene más importancia que el de las Madres de Ituzaingó (barrio de las afueras de Córdoba, emblema de la contaminación con agroquímicos). Los médicos de las provincias están desde hace años denunciando, los campesinos y las barriadas urbanas también. Y queda todo silenciado. Es una evidencia de la realidad y es incontrastable. Yo me inspiré en esa realidad y los resultados son los conocidos. Las empresas del agro, los medios de comunicación, el mundo científico y la dirigencia política son básicamente hipócritas respecto de las consecuencias de los agrotóxicos, protestan y descalifican una simple investigación pero no son capaces de observar las innumerables evidencias médicas y reclamos en Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.

–¿Qué otros trabajos existen?

–Belle y Seralini en Francia. También hay trabajos de la Universidad Nacional del Litoral y de investigadores como Alejandro Oliva, de Rosario, que contó con la colaboración del INTA y Federación Agraria. Hay relevamientos de los doctores Rodolfo Páramo (Santa Fe) y Darío Gianfelici (Entre Ríos). No son muchos estudios, pero existen, son serios y están disponibles.

–¿Por qué el sector científico no estudia?

–Porque no en todo el mundo hay tan enorme cantidad de hectáreas con soja como se da en la Argentina. Hay casi 18 millones de hectáreas. Desde el punto de vista ecotoxicológico, lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo. Las corporaciones y la ciencia –Se intentó deslegitimar su investigación diciendo que la UBA y el Conicet no sabían de su trabajo.

–La UBA y el Conicet son organismos de gestión, no tienen por qué conocer todo lo que hago yo o lo que hacen todos sus investigadores. Está dentro de nuestras facultades definir las líneas de trabajo, investigar y dar a conocer resultados. Es la lógica de la investigación. Por eso yo no tengo que pedir autorización para iniciar una idea o un tema nuevo y ellos no tienen por qué conocerlo, porque la ciencia no funciona con organismos fiscalizadores de los temas que elegimos. Forma parte de la libertad académica, nos movemos por hipótesis, preguntas y desarrollamos investigaciones. También se dijo que el Conicet, como institución, no suscribió a mi investigación. Y es verdad, porque no se lo pedí y no tiene por qué suscribir en el marco de una idea nueva dentro de la amplitud de un proyecto. Es lo que sucede en centenares de investigaciones que se realizan. Que quede claro, el Conicet no tiene responsabilidad sobre mis decisiones. Es una decisión personal, como corresponde, no institucional. Y está dentro de mis facultades. Tampoco se requiere autorización institucional para desarrollar investigaciones, aunque sabemos que algunas son más resistidas que otras.

–Son públicos los convenios entre Conicet y la minera Barrick Gold, y también con Monsanto, con la cual hasta contaban con un premio de investigación conjunto (“Animarse a Emprender”). ¿Las investigaciones que pudieran ser críticas con esos sectores son menos bienvenidas que otras?

–(Sonríe.) Prefiero no responder.

–¿Usted podría investigar para Monsanto?

–Desde ya. El Conicet y la UBA lo permiten. Es más, muchos científicos trabajan desde hace años para empresas de biotecnología bajo la figura de asesor-consultor, por la cual el Conicet permite hasta doce horas semanales que sus investigadores provean servicios al sector público o privado.

–Se acusa a su investigación de no estar validada en una publicación científica.

–Es una chicana barata, de cuarta, que sólo muestra el temor de las empresas. En el mundo científico es sabido que la validación de un trabajo no se da por su publicación en una revista del sector. Es más, los científicos somos testigos de errores e incluso fraudes que se publican en revistas especializadas. Muchas veces se publica algo y luego se demuestra que es erróneo. Y, por otro lado, muchas veces hay investigaciones que no se publican no porque sean malas, sino porque a la revista no le interesa, sea por línea editorial o intereses en juego. Un ejemplo personal: en 1984 descubrimos genes muy importantes para el desarrollo embrionario, genes Hox. Publiqué dos papers en Cell, una de las mejores revistas del mundo, y había quienes creían y quienes no. Tuvieron que pasar años para que la comunidad científica lo validara.

–El Laboratorio de Embriología es dependiente del Conicet. ¿Su trabajo tiene que ser validado por el Conicet?

–Que por favor quede claro, ni el Conicet ni un comité editorial validan investigaciones, lo que hacen es evaluar la evidencia que uno presenta y juzgan la solidez desde la presentación. No tienen forma de verificar los resultados en forma práctica. La única certeza de una validación se da en que otros investigadores puedan repetir de forma sistemática, y hasta perfeccionada, los resultados de la investigación realizada.

–¿Cuándo va a compartir su trabajo para ponerlo a discusión de la comunidad científica?

–En breve. Debo terminar algunos ensayos y estará listo. Lo que más quiero es pasárselo a colegas, investigadores que repliquen el trabajo. De hecho ya lo he compartido con pares del país y del exterior. Desde ya que debieran ser estudios independientes, no los provistos por las corporaciones o espacios del Estado a su servicio.

–¿Monsanto podría replicarlos?

–Si contrata investigadores idóneos, sí. No tengo dudas de que lo hará y todos sabemos a qué resultados llegarán.

–¿Cómo continuará la investigación?

–Ya confirmamos las malformaciones. Ahora estamos avanzando en conocer cuál es el mecanismo de acción, es un paso más. Como es un trabajo científico, continuaré con el grado de libertad académica de que dispongo, tratando de ver cuáles son las causas mecanísticas y moleculares de las observaciones hechas para publicar los resultados. Aparte del anfibio, que nos sirve de modelo, extenderemos los experimentos a otros modelos de desarrollo embriológico, como aves.

–¿Puede suceder que, con estas nuevas pruebas, los resultados difundidos –de malformaciones– no se repitan? –No hay forma. Porque fueron experimentos controlados, en los que fuimos rigurosos. Y, además, porque ya hay evidencia científica que va en ese sentido. Por eso, insisto, no descubrimos nada nuevo. Yo llegué a un resultado y creo en él. Si la comunidad científica llega a otra conclusión, bienvenido sea. El centro del problema no debiera ser esta investigación. Sería querer tapar el sol con la mano. Yo sólo aporté un punto más a la discusión. Pero hay sectores que quieren cerrarla, ni siquiera por convencimiento ideológico, sólo por conveniencia económica.

–Se acusa a su trabajo de usar un método erróneo con el glifosato, y que por eso los resultados son devastadores: que las concentraciones de la experimentación nunca son las que eventualmente podría recibir un humano al ser aplicado en el campo. Hubo quien mencionó que “si ponemos gasoil en el vaso de leche, claro que ocasionará intoxicaciones, y no por eso se prohibirá el combustible”.

–Ese tipo de afirmación tienen varias facetas. Por un lado, muestra desconocimiento biológico, lo cual es entendible para quien no se dedica a esta rama de la ciencia. Pero, en boca de los voceros de las corporaciones, también muestra una intencionalidad lejana a la inocencia, con intenciones de desprestigiar una estrategia de análisis mundialmente aceptada. Entonces sí me parece una comparación poco seria, maliciosa e hipócrita. Es sabido, tanto en la comunidad científica como en el sector agropecuario, que la aspersión del herbicida afecta ecosistemas, operando directa o indirectamente sobre insectos y otras especies animales cuando se ponen en contacto con el herbicida. O sea que además de células vegetales, también afectan organismos compuestos por células animales. Nuestros experimentos alertan que tanto el cóctel comercial como la droga pura en células animales generan alteraciones del desarrollo embrionario. Por lo tanto el glifosato dentro de la célula embrionaria altera el funcionamiento celular, tal como sucede en las células vegetales de las malezas. Por otra parte, ya está probado que los herbicidas se trasladan por la acción del viento. Es una prueba de la realidad, incontrastable, el padecimiento de familias de campos linderos y de barrios cercanos a las fumigaciones. Por lo tanto, el glifosato puede atravesar barreras respiratorias y/o placentarias y entrar a las células embrionarias, incluso existen avances científicos en esa dirección, como también existen registros de glifosato y de sus posibles metabolitos presentes en mujeres embarazadas. Esto podría correlacionarse con potenciales efectos malformativos. Por lo tanto, desentrañar si el glifosato puro inyectado tiene efectos sobre el comportamiento de células embrionarias animales durante el desarrollo era ineludible en una estrategia experimental correcta, e insisto que utilicé una estrategia de análisis clásica de la investigación científica.

–¿Cree que hay que prohibir el glifosato?

–En mi trabajo yo no planteo eso. Y no es de mi competencia proponer una medida de ese tipo. Lo único que afirmo, respaldado en 30 años de estudio en la regulación genética embrionaria, es que este producto genera alteraciones en el desarrollo, estoy seguro de eso.

–Sus resultados no se corresponden con la clasificación del Senasa o las recomendaciones de la Secretaría de Agricultura.

–Es un claro problema de ellos, que lo clasifican como de baja toxicidad. Todo lo contrario de lo que afirman estudios diversos, que confirman la alteración de mecanismos celulares y, sobre todo, contrario a lo que padecen familias de una decena de provincias. Es de locos pensar que no pasa nada.

Por Darío Aranda

Fuente:http://www.pagina12.com.ar/diario/e…