DIÁLOGO SOCIAL ES FUNDAMENTAL PARA EL FUTURO DEL TRABAJO EN AMÉRICA LATINA

Nuestro compañero Luciano Doria, abogado miembro del Equipo Jurídico de la FeTIA que dirige León Darío Piasek, participó el mes de junio pasado en un taller de formación sindical realizado en Lima, donde representantes de organizaciones de trabajadores de 10 países de la región analizaron el llamado a revitalizar el contrato social realizado en el marco del informe de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la OIT.

El curso “Formación sindical sobre tripartismo, diálogo social y negociación colectiva” fue abierto por el Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Juan Hunt, quien dio las palabras de bienvenida haciendo hincapié en que “el fortalecimiento de los espacios de diálogo social en los países de América Latina es fundamental para lograr un futuro del trabajo con justicia social, pleno empleo y trabajo decente”.

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Doria nos explica en su informe que el objetivo de este espacio es mejorar las capacidades de los responsables sindicales para la formulación e implementación de estrategias concertadas a través del diálogo social tripartito y/o la negociación colectiva para una mejor defensa de los derechos laborales y sociales en el marco de la iniciativa del “futuro del trabajo”. Dice Doria: “Uno de los temas centrales tratados fue el tripartismo, herramienta que debe revitalizar el contrato social que asegura a los trabajadores una participación justa en el progreso económico, el respeto de sus derechos y la protección de los riesgos a los que se exponen a cambio de su constante contribución a la economía. El diálogo social puede desempeñar un papel fundamental en garantizar la pertinencia de este contrato con miras a afrontar los cambios en curso si todos los actores del mundo del trabajo intervienen plenamente”.

El encuentro terminó consensuando planes de acción nacionales sobre el futuro del trabajo por medio del diálogo social entre los gobiernos y las organizaciones de trabajadores y empleadores, con especial énfasis en que el eje de cualquier discusión debe estar centrado en la justicia social, el pleno empleo y trabajo decente como directrices que figuran en la denominada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, concluye el abogado laboralista.

El encuentro estaba dirigido a miembros directivos, formadores, mujeres y jóvenes dirigentes, directamente responsables de ámbitos de representación en el diálogo social y/o en la negociación colectiva en sus centrales sindicales nacionales o federaciones sectoriales.

Puedes leer el informe completo aquí

La FeTIA se solidariza con lxs trabajadorxs de la Cooperativa de Trabajo Hotel Bauen Ltda en su lucha por la defensa de su fuente laboral y los acompaña en su resistencia a la orden de desalojo.

El plazo de siete días que dio la jueza María Paula Hualde para un acuerdo definitivo con la empresa Mercoteles S.A. (Grupo Iurkovich), vence el jueves 4.

Después de la debacle del 2001, cuando sus antiguos dueños se declararon en quiebra y lo cerraron, el Bauen fue levantado de sus cenizas por sus empleadxs convirtiéndose en un emblema dentro de las empresas recuperadas de la crisis.

El edificio había sido expropiado, tras decisión de las cámaras legislativas del Congreso Nacional, en 2016, pero el presidente Mauricio Macri, en un gesto más de arbitrariedad y autoritarismo, vetó la ley.

El espacio cooperativo y autogestionado desde hace 15 años por sus trabajadores es hoy mucho más que un hotel y un lugar de eventos. Funcionan ahí varias otras cooperativas como la revista Cítrica, el colectivo teatral El Descubridor, la revista La Garganta Poderosa y el Movimiento Popular La Dignidad (CTEP) que tiene una almacén de productos agroecológicos en la planta baja.

Es un deber resistir, junto a todas estas expresiones organizadas del campo popular, el desalojo que amenaza 200 puestos de trabajo.

¡NO AL DESALOJO DEL BAUEN!

Cono Sur, 28 de junio de 2019

En vistas de la firma del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur alertamos a nuestros pueblos sobre el funesto impacto que este acuerdo tendrá para el sistema productivo de la región en general, y para ciertas ramas de producción estratégicas en particular, tales como tecnología, sistema marítimo y fluvial, obras públicas, compras del Estado, laboratorios medicinales, industria automotriz, economías regionales (en especial, las vinculadas al aceite de oliva, vinos y espumantes, quesos y lácteos, entre otras), concluyendo que la firma de este acuerdo es la sentencia de muerte de nuestras industrias y de gran parte de nuestro trabajo decente y empleo de calidad.

En cuanto a las formas en que se está negociando el acuerdo, nos vemos obligados a reiterar una vez más nuestra profunda preocupación por la total falta de transparencia y opacidad con la que se han llevado adelante las negociaciones. Respecto de los contenidos, expresamos nuestra legítima preocupación por un acuerdo que no tiene en cuenta las sensibilidades de ambas partes en materia de empleo ni la necesidad de que el mismo contribuya a un esquema de desarrollo simétrico y equilibrado de las dos regiones. Puntualmente, nos preocupan -entre otros- los siguientes puntos que consideramos de extrema sensibilidad para el interés social en general y de los trabajadores y trabajadoras en particular:

Cobertura de las ofertas y ritmo de desgravación de las canastas de bienes: hemos conocido que la cobertura de las ofertas es superior al 90%, lo que indica que se trata de un acuerdo de libre comercio de carácter amplísimo, con una liberalización casi total del comercio birregional. Además, se han negociado aceleraciones en el ritmo de desgravación previsto, quedando la mayoría del comercio bilateral comprendido dentro de un período de desgravación menor a 10 años. Creemos que tanto la amplitud de la cobertura como la finitud de los plazos de desgravación atentan contra una transición ordenada de los sectores productivos hacia una situación de libre comercio birregional, que podría tener impactos sustantivos tanto sobre la cantidad como la calidad del empleo en ambas regiones, así como resultar en situaciones no previstas de dislocación social (migraciones del campo a la ciudad, desempleo industrial masivo).

Reglas de origen flexibles: sabemos que se están negociando reglas «flexibles» para la determinación del origen de los productos, con el objeto de poder utilizar insumos importados de terceros países. Esta «flexibilidad» conlleva un alto riesgo de «triangulación» de productos que son elaborados mayoritariamente en países ajenos al acuerdo, de bajísimos salarios y en donde no se respetan los derechos laborales más básicos, y que con un mínimo procesamiento o etiquetado podrían gozar de los beneficios de las preferencias otorgadas.

Servicios estratégicos para el desarrollo de nuestras naciones: nos preocupa la inclusión en la negociación de algunos sectores de servicios que son estratégicos para el desarrollo nacional, tales como el transporte marítimo y fluvial, los servicios audiovisuales, los servicios energéticos y los servicios financieros.

Mantenimiento del poder de compra del Estado: históricamente el poder de compra y contratación del Estado nacional ha funcionado como una potente herramienta para el desarrollo industrial. Es necesario mantener dicha potestad por parte de los distintos Estados nacionales a todos los niveles (nacional, provincial y municipal), específicamente en lo que respecta a la obra pública, y evitar otorgar el «trato nacional» a las empresas de los países de ambas regiones.

Rechazo a la extensión de las patentes y a la protección de los datos de prueba: la realidad muestra que el sistema de patentes en el caso de los medicamentos sólo sirve para excluir del mercado a nuevos competidores, puntualmente a los productores públicos o privados de medicamentos genéricos. Rechazamos la inclusión de cláusulas de extensión de patentes y de protección de datos de prueba en el marco del capítulo de propiedad intelectual, con objeto de fomentar la producción local de productos farmacéuticos y facilitar el acceso a la salud y a los medicamentos para ambas poblaciones.

Fomento de sectores productivos específicos: todo acuerdo que pretenda el desarrollo simétrico y armónico del conjunto de las partes requiere de la existencia de mecanismos que permitan un proceso de reestructuración de los sectores más sensibles y de fomento de nuevos sectores productivos generadores de empleo de calidad y valor agregado. Un acuerdo de estas características requiere mantener e incluir instrumentos tales como salvaguardias comerciales, cláusulas de industria naciente, regímenes suspensivos y licencias de importación, todos ellos permitidos y regulados actualmente por la Organización Mundial del Comercio (OMC), que no serían parte de esta negociación.

Promoción de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs): si bien sabemos que existen cláusulas específicas en la negociación en materia de PyMEs, las mismas se limitan a mejorar la circulación de la información técnica y legal del acuerdo. De modo de beneficiarse efectivamente con el acuerdo, las PyMEs requieren de apoyo financiero y de transferencia tecnológica para poder afrontar positivamente un proceso de apertura comercial, modernización tecnológica y mejora de la competitividad, elementos que no se encuentran previstos en la actual negociación.

Inexistencia de estudios de impacto finalizados: es imprescindible contar con estudios y de impacto finalizados que revelen los verdaderos resultados del acuerdo. El Mercosur ni siquiera presentado un análisis similar. Consideramos impropia la firma de un acuerdo con la amplitud del presente sin conocer los resultados económicos y sociales del mismo en términos generales, y mucho menos sin haber estimado el impacto sobre la cantidad y calidad del empleo.

En suma, desde el movimiento sindical del Cono Sur hemos planteado reiteradas veces a las autoridades de ambos bloques nuestras principales preocupaciones y exigencias para que la negociación avance hacia un verdadero acuerdo de asociación que permita reforzar las relaciones políticas, sociales, económicas y culturales entre ambas regiones, y que sea capaz de potenciar el respeto a los derechos humanos, el empleo digno, el trabajo decente, el desarrollo sostenible y los valores democráticos. Sin embargo, no hemos obtenido las respuestas esperadas ni una verdadera y efectiva participación en las negociaciones, lo que motiva nuestro absoluto rechazo al presente acuerdo en lo que respecta tanto a sus formas como a sus contenidos.

El Convenio 190 contra la Violencia de Género y Acoso Laboral se aprobó este viernes, en el cierre de la Conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, con 439 votos a favor, 7 en contra y 30 abstenciones.

Además, la recomendación complementaria para enfrentar la violencia y el acoso en el lugar de trabajo se aprobó con 397 votos a favor, 12 en contra y 44 abstenciones. En ese contexto, la posición de la UIA aparece como “retrógrada”, tal como la definió el titular de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, quien participó en la reunión de la OIT en nota para Laboralistas.net.

Se trata del primer estándar normativo internacional para frenar el acoso y la violencia en el mundo del trabajo. Si bien ninguna norma, por si sola, erradica un problema social, a nadie escapa que su aprobación es un punto de partida indispensable que tiene efecto jurídico sobre millones de trabajadoras y trabajadores.

“Es de lamentar que el empresariado vernáculo no se destaque por su apego a las normas que protegen el trabajo digno”, enfatizó Cremonte para acotar que “es probable que presenten este tema como lo hacen con los accidentes de trabajo colocando el acento en la litigiosidad en vez de resaltar la prevención”.

Pedro Wasiejko, Secretario General de la FeTIA, en el mismo sentido expresó: «lamentable y vergonzosa la posición de los empresarios locales. Mientras los trabajadores y las trabajadoras del mundo festejan este avance «elemental» en el siglo XXI, se afianzan en su posición decimonónica anti derechos y anti obrera.«

El Convenio, que sirve para hacer frente a las situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo, tuvo en Ginebra su segundo año de doble discusión, en el marco del diálogo social, con sesiones entre grupos de trabajadores, grupos de empleadores, y asamblea tripartita con los Estados Miembros. Si su aprobación fue posible este año es porque viene precedido de un arduo trabajo de las centrales sindicales y representa un triunfo rotundo de la clase trabajadora organizada.