Así lo determina el DNU 367/2020 emitido ayer con la firma del presidente Alberto Fernández y todxs sus ministrxs.

La medida implica que las ART deberán cubrir los gastos médicos de aquéllos trabajadores que se contagien de la enfermedad en el cumplimiento de sus funciones consideradas esenciales y que están, por lo tanto excluidos del aislamiento social y obligatorio. Si bien la enfermedad no está técnicamente en el listado de forma definitiva (dura lo que dure la emergencia), la resolución le otorga la “presunción legal”, esto es que no está obligado a probar que la adquirió en el trabajo.

El gobierno responde positivamente a los reclamos que se venían haciendo desde diferentes ámbitos sindicales, particularmente desde el Espacio Intersindical sobre Salud y Seguridad Laboral del que participa la FeTIA / CTA T. Seguramente habrá que seguir de cerca su aplicación y los eventuales vacíos que deje el decreto.

Aquí los artículos más relevantes de su parte resolutiva:

ARTÍCULO 1o.- La enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada- en los términos del apartado 2 inciso b) del artículo 6o de la Ley No 24.557, respecto de las y los trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal y con el fin de realizar actividades declaradas esenciales, del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto N° 297/20 y sus normas complementarias, y mientras se encuentre vigente la medida de aislamiento dispuesta por esas normativas, o sus eventuales prórrogas, salvo el supuesto previsto en el artículo 4° del presente decreto.

ARTÍCULO 2o.- Las ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) no podrán rechazar la cobertura de las contingencias previstas en el artículo 1o del presente y deberán adoptar los recaudos necesarios para que, al tomar conocimiento de la denuncia del infortunio laboral acompañada del correspondiente diagnóstico confirmado emitido por entidad debidamente autorizada, la trabajadora o el trabajador damnificado reciba, en forma inmediata, las prestaciones previstas en la Ley N° 24.557 y sus normas modificatorias y complementarias.

ARTÍCULO 3o.- La determinación definitiva del carácter profesional de la mencionada patología quedará, en cada caso, a cargo de la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.) establecida en el artículo 51 de la Ley No 24.241, la que entenderá originariamente a efectos de confirmar la presunción atribuida en el artículo 1° del presente y procederá a establecer, con arreglo a los requisitos formales de tramitación y a las reglas de procedimiento especiales que se dicten por vía reglamentaria del presente decreto, la imprescindible y necesaria relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada con el trabajo efectuado en el referido contexto de dispensa del deber de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en los términos especificados en el artículo 1°.

La referida COMISIÓN MÉDICA CENTRAL podrá invertir la carga de la prueba de la relación de causalidad a favor del trabajador cuando se constate la existencia de un número relevante de infectados por la enfermedad COVID-19 en actividades realizadas en el referido contexto, y en un establecimiento determinado en el que tuvieren cercanía o posible contacto, o cuando se demuestren otros hechos reveladores de la probabilidad cierta de que el contagio haya sido en ocasión del cumplimiento de las tareas desempeñadas en el marco referido en el artículo 1° del presente.

ARTÍCULO 4o.- En los casos de trabajadoras y trabajadores de la salud se considerará que la enfermedad COVID-19, producida por el coronavirus SARS- CoV-2, guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre, en el caso concreto, la inexistencia de este último supuesto fáctico. Esta presunción y la prevista en el artículo 1° del presente rigen, para este sector de trabajadores y trabajadoras, hasta los SESENTA (60) días posteriores a la finalización de la vigencia de la declaración de la ampliación de emergencia pública en materia sanitaria realizada en el Decreto 260/20, y sus eventuales prórrogas.

ARTÍCULO 5°.- Hasta SESENTA (60) días después de finalizado el plazo de aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por los Decretos Nros. 297/20, 325/20 y 355/20, el financiamiento de las prestaciones otorgadas para la cobertura de las contingencias previstas en el artículo 1o del presente decreto será imputado en un CIENTO POR CIENTO (100%) al FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Siguen otras medidas complementarias.

El DNU completo lo puedes leer aquí:

Ingresó ayer a la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto del sector sindical. En él se establece por única vez un Impuesto Único a los Bienes Personales.

Se trata de un tributo que alcanza a aquellas personas o sucesiones indivisas alcanzadas por el artículo 17 de la ley 23.966 – sobre los bienes existentes al 31 de marzo de 2020 que superen los diez millones de pesos. ($10.000.000). Para ellos se propone un gravamen del 1,25% para los bienes registrados en el territorio nacional, y del 1,75% para los bienes registrados en el exterior.

El proyecto impone también un gravamen a aquéllos alcanzados por el Impuesto a las Ganancias cuya rentabilidad neta supere los cincuenta millones de pesos ($50.000.000). En este caso el gravamen propuesto es del diez por ciento (10%) de lo declarado en la respectiva declaración jurada de ganancias.

El proyecto ingresó con el número de expediente 1254-D-2020 lleva la firma de Carlos Cisneros (Bancaria CFT); Vanesa Siley (SitraJu): Hugo Yasky (CTA T); Pablo Carro (Conadu-CTA Cba.); Walter Correa (Fatica-CFT); Facundo Moyano (CGT) Claudia Ormachea (Bancaria- CFT)¬; Patricia Mounier (Sadop); Carlos Ponce (Plástico-CGT) y la diputada por la provincia de Bs.As. María Rosa Martínez.

La FeTIA apoya la propuesta de la CTA de creación de un Fondo de Emergencia contra la Pandemia y pone el énfasis en el aporte imprescindible y justo de quienes más tienen.

Estamos viviendo una situación de extrema gravedad a raíz de la pandemia que avanza de forma vertiginosa y letal en el mundo y que sorprende a nuestro país en el contexto de la profundísima crisis que en todos los ámbitos dejaron cuatro años de gobierno de Cambiemos. Políticas que dejaron a millones de argentinos en la pobreza e indigencia, abandonando los valores colectivos como la educación y la salud y desmantelando el Estado a niveles nunca vistos. Todo ello en función del enriquecimiento de un sector minoritario pero voraz y predatorio de la sociedad.

El gobierno de apenas tres meses de Alberto Fernández, ha reaccionado priorizando la salud sobre las supuestas urgencias del mercado. La firmeza en la conducción política en una situación tan crítica ha reafirmado su liderazgo, con medidas que permiten sancionar la indisciplina social o empresaria que impera en amplios sectores de nuestra sociedad; consultando y dejándose asesorar por científicos y expertos e interactuando con otros países para el seguimiento epidemiológico continuo, y además apelando a la solidaridad social, indispensable para cuidarnos entre todos.

La respuesta del pueblo en general ha sido ejemplar y en línea con esa apelación a la solidaridad. Son los trabajadores los que ponen el cuerpo para garantizar el bien comunitario todos los días construyendo o recreando una nueva solidaridad, donde se pone en juego su vida.  Los trabajadores de la salud, la distribución de alimentos, empleados de comercios que venden comida o medicamentos, recolectores de residuos, fábricas de elementos esenciales para la emergencia, etc. Eso se llama esfuerzo solidario, solidaridad social que es desconocida por las corporaciones, la banca y los grandes empresarios, quienes convocan a la salvación darwiniana de los poderosos.

La ofensiva de las corporaciones, con Paolo Rocca como punta de lanza, pretende dejar claro que no están dispuestos a aceptar medidas que le devuelven al sector público capacidad de incidir sobre las ciegas leyes del mercado. No podemos permitir que “precisamente ese poderoso núcleo del empresariado que se ha enriquecido con la concentración económica y la especulación financiera, cuyas ganancias dolarizadas están en los paraísos fiscales, sea el que hoy pretende imponer por encima de cualquier lógica solidaria la ley del más fuerte”, dice el documento de la Central.

Y enfatizamos “Sin duda es el momento de sumar esfuerzos y de dar señales de unidad. Vamos a seguir poniendo el cuerpo para aportar a que entre todos superemos con el menor costo posible, tanto en vidas como en fuentes de trabajo, este momento doloroso. Pero nos asiste el derecho a reclamarle a los que más tienen, un esfuerzo que sea proporcional a la riqueza que detentan. “Los hombres y mujeres pertenecientes a la clase trabajadora, que no tienen reservas dolarizadas en los paraísos fiscales ni riquezas acumuladas en cajas de seguridad, son los únicos que verdaderamente tienen derecho a reclamar un esfuerzo solidario para que los que más tienen, en esta crisis de gravedad inusitada, aporten de manera extraordinaria a la constitución de un Fondo de Emergencia para enfrentar la pandemia”.

Esta pandemia nos convoca a todos y todas a un ejercicio formidable y a un esfuerzo social, que conmueve e ilusiona con una sociedad más justa y solidaria, mientras que los dueños del poder cuentan los días como pérdidas de dinero, nosotros los contamos como ganancias de vidas.

El documento completo de la CTA se puede leer en:

https://www.cta.org.ar/creacion-de-un-fondo-de-emergencia.html

La FeTIA acompaña el reclamo de les laboralistas por el funcionamiento de los Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo

La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas expresa su profunda preocupación por la situación que padecen las trabajadoras y los trabajadores que pertenecen a actividades exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio, conforme Decreto 297/2020 y Decisión Administrativa 429/2020, y actualmente deben concurrir a trabajar.

Recordamos que la  protección de la integridad psicofísica de las personas que trabajan y el derecho al goce de condiciones dignas y equitativas de labor, se hallan garantizados por el art. 14 bis de la Constitución Nacional y múltiples tratados internacionales con jerarquía constitucional.

En primer lugar, solicitamos a la Autoridad de Aplicación el control adecuado respecto al cumplimiento estricto de la medida de aislamiento dictada, evitando que algunos empleadores obliguen a sus trabajadores a prestar servicios bajo amenaza de sanción o despido, cuando su actividad no se halla exceptuada. Recordamos que el objetivo de la cuarentena forzosa es preservar la salud pública, evitar la aceleración del contagio y el colapso del sistema de salud. Con lo cual, la regla es el aislamiento  y la excepción es el funcionamiento de las actividades mencionadas, que sean esenciales e imprescindibles para la vida social.

En segundo lugar, La LRT 24.557 dice que la prevención de los riesgos del trabajo es uno de sus principales objetivos, ya que así se logrará reducir la siniestralidad laboral (art. 1.2, inc. ´b). Incluso les exige a los empleadores y a las ART “adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo” (art. 4°). Las “medidas legalmente previstas” nos remite al art. 8° de la Ley 19.587, que establece la obligación patronal de “adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores”.

En ese sentido, instamos a los empleadores a cumplir con todas las medidas de prevención sugeridas por la autoridad sanitaria y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, frente a la pandemia del Covid 19: tomar la temperatura a cada persona al ingreso al establecimiento, propiciar la higiene frecuente de manos, proveer los elementos de protección personal necesarios (guantes, barbijos, alcohol, jabón, etc.), evitar compartir utensilios, respetar la distancia de un metro entre personas, limpieza adecuada de acuerdo a las características de cada establecimiento, ventilación, ropa adecuada, protección respiratoria, ocular y auditiva, etc. Asimismo, que se extremen los cuidados posibles en los momentos de desplazamiento hacia y desde el lugar de trabajo.

Si no se cumplen con las elementales medidas de protección mencionadas y existe riesgo inminente para la salud y la vida de la persona que trabaja, recordamos que el art. 75 de la LCT 20.744 – como asimismo, las normas del derecho común – reconoce el derecho del trabajador o trabajadora a efectuar retención de tareas, sin menoscabo para su remuneración. Se trata de un derecho consagrado dentro del contrato de trabajo, frente al incumplimiento patronal.

No obstante ello, sabemos que frente al temor de la pérdida del empleo e ingreso, es difícil para la persona individual el ejercicio de un derecho. Según el art. 3 LAS 23.551, la acción sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador. Afirma que “se entiende por interés de los trabajadores todo cuanto se relacione con sus condiciones de vida y de trabajo”. Por eso mismo, es fundamental la acción sindical.

Solicitamos se cumpla con el funcionamiento de los Comité Mixto de Salud y Seguridad en el Trabajo. En la Provincia de Buenos Aires, la ley 14.408 y el decreto provincial 801/14, establece la obligación de constituir  los Comités Mixtos de Salud, Higiene y Seguridad en el Empleo o en su caso, la participación del delegado de prevención en cada establecimiento. Lo mismo, la Provincia de Santa Fe, mediante la ley 12.913. Asimismo, en algunos convenios colectivos de trabajo, se prevé esa instancia paritaria en materia de salud laboral.

Para el caso que se trate de jurisdicciones en el país que no lo prevean, las y los delegados de base, o las autoridades de Comisión Directiva del Sindicato, serán quienes deban ser consultados, intervenir y controlar en cada lugar de trabajo que se adopten las medidas necesarias para cuidar a la integridad psicofísica de la persona, y en todo lo vinculado a la protección de la salud y seguridad laboral en cada establecimiento laboral.

Por otra parte, instamos a que mediante el dictado de una norma se reconozca la enfermedad del COVID-19 enfermedad del COVID-19 y el trastorno de estrés postraumático contraídos por exposición en el trabajo, como enfermedad profesional para aquellas actividades que tengan exposición alta a su contagio. De esta manera, deberán tener la adecuada cobertura dentro del sistema previsto por la LRT 24.557, normas modificatorias y complementarias.

Sin perjuicio de ello, y considerando que es indiscutible que concurrir a trabajar en el contexto de esta pandemia, implica exponerse a un riesgo, probado el nexo causal entre la patología y el trabajo, también deberá reconocerse la cobertura de dicha afección por el sistema de riesgos del trabajo vigente.

Sabemos que dentro del restrictivo sistema de «enfermedades profesionales» vigente mediante decreto 658/96  el reconocimiento termina siendo ínfimo, teniendo en cuenta el restrictivo parámetro de causalidad que se exige (listado de triple columna, monocausal, que no existan factores propios del trabajador, etc.) Por ende, propiciamos se cumpla con el Convenio 155 OIT y su Protocolo del año 2002, y Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 164), que establecen “…el término enfermedad profesional designa toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral”.

Esta gravísima crisis de los sistemas sanitarios de los distintos países del mundo, nos obliga a reafirmar la importancia del cumplimiento con la manda constitucional del art. 14 bis CN y operativizar el seguro social obligatorio en materia de salud, a través de un sistema de salud pública integral, que incluya la articulación de los diferentes subsistemas, entre ellos el de riesgos del trabajo.

Consejo Directivo – AAL