La lamentable e inaceptable violencia con que concluyó el desalojo de tierras en Guernica, (Presidente Perón, en el Conurbano Bonaerense) el jueves pasado, tendría y podía haber sido otro, ya que el Gobierno Provincial hasta el día anterior estaba dando respuesta a las familias que ocupaban el predio.

Desde el primer momento el fiscal, Condomí Alcorta, rechazó toda propuesta de desalojo consensuado y pacífico, “abiertamente y sin medias tintas”. “Yo reprimo, los saco a todos. Tengo todo arreglado” escucharon decir al fiscal los abogados que representaban a las organizaciones sociales y agregaron “Ya tenía hasta las ambulancias listas para los heridos que pudieran surgir si había resistencia al desalojo planificado”.

Esta posición intransigente derivó luego de más de 80 días de negociaciones en un uso desproporcionado de las fuerzas policiales en el operativo, que continuó lejos del predio una vez realizado el desalojo. Rechazamos enfáticamente esta aptitud de la justicia que decidió resolver compulsivamente un conflicto que estaba en proceso cierto de solución.

 

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A este resultado lamentable hicieron también su aporte los intereses políticos de la Intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, quien actuó en sintonía con los fiscales sin reparar en el bien común y la actuación vergonzosa de algunas organizaciones políticas que se perdieron en sus propias miopías e intereses, obturando la posibilidad de soluciones concretas. Ellas también tendrán que hacerse cargo de su irresponsabilidad.

Reconocemos el esfuerzo del Gobierno de Axel Kicillof para la resolver la problemática; su decisión de buscar e ir encontrando una solución definitiva a esta situación tan delicada. Sabemos también del gran trabajo del Ministro de Desarrollo de la Comunicad, Andrés Larroque quien, junto a la Ministra de la Mujer Estela Díaz y del Ministro de Justicia Julio Alak, lideraron las negociaciones a través de la Mesa Multiactoral.

Sabemos que el gobierno provincial seguirá atendiendo la problemática de quienes quedaron afuera de las 732 familias que firmaron el acuerdo para el desalojo y ubicación transitoria, que en seis meses deberán tener una ubicación definitiva. Pero la solución del problema del techo y vivienda no termina aquí. La Ley de Acceso al Hábitat tiene que ser el medio para garantizar el derecho a la vivienda en la provincia, pero los Senadores de Juntos por el Cambio decidieron no dar quorum para que este tema se trate.

Reclamamos una solución integral para el déficit habitacional. Hay que impulsar políticas públicas activas que resuelvan el problema de vivienda que están padeciendo millones de compatriotas en el país, y para ello es fundamental una justa distribución de la riqueza. El impuesto a las Grandes Fortunas para dotar al Estado de mayores recursos imprescindibles para enfrentar la crisis heredada del gobierno de Macri y que profundizó la pandemia, debe ser sancionada de una vez por todas.

 

FeTIA Oficial – 31 de octubre 2020.

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