La Comisión Nacional ampliada de la FeTIA continuó el martes 12, con su agenda de reuniones pautadas en el marco del aislamiento social y preventivo por el coronavirus.

Contó, como en anteriores oportunidades, con la participación de dirigentes sindicales de otros países, en este caso se trató del encargado de la oficina internacional de la FIOM-CGIL*, Stefano Maruca. Pedro Wasiejko dio por iniciada la reunión presentándolo y acto seguido, Maruca inició una intervención muy rica -que dio lugar a preguntas en un amplio espectro de temas-, de la que extraemos solo los aspectos más relevantes.

Stefano, luego de referirse a las consecuencias provocadas por coronavirus en su país, hoy prácticamente circunscripto a la región Norte, abordó el tema económico agravado después de dos meses de inactividad productiva. Desde fines de abril los sectores industriales están comenzando a trabajar, no en su totalidad ya que el respeto a los protocolos no lo hacen posible. De aquí a fines de mayo tendría que estar bastante normalizado, dependerá de la región, pero la situación económica está muy comprometida. La caída económica anual se calcula en un 9% de PIB y la caída de la producción productiva desde febrero hasta marzo fue del 28%.

¿Qué hizo el sindicato? En la primera fase, si bien la mayoría de los lugares de trabajo no estaban activos, hubo algunos que siguieron trabajando, de modo que la fuerte preocupación por las medidas preventivas llevó a algunos de ellos a recurrir a la huelga para lograr que las empresas tomen las medidas de seguridad necesarias y hasta, en algunos casos, a paralizar la actividad en aquéllas que no eran esenciales. Se logró firmar –el 14 de marzo-, un protocolo con las empresas quienes de comprometían a aplicar las medidas y acciones necesarias para cuidar la salud e impedir los contagios de los trabajadores. Este protocolo luego fue incorporado a un acuerdo con el gobierno quien –con fuerza de ley- estableció a fines de abril, para la 2ª fase, el compromiso de garantizar las medidas de seguridad y prevención en cada lugar de trabajo, las que recaen en un comité específico (dos representantes de los trabajadores y dos de salud y seguridad) que debe constituirse en cada empresa y si no es posible, en cada región. Taxativamente la ley expresa que si este protocolo no se cumple “hay que parar la actividad productiva”.

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El gobierno asume parte de los costos de la paralización de la actividad pagando una parte del salario, tanto a trabajadores registrados como informales. Cubre, afirma Stefano, a “casi todos los trabajadores”  y en este marco están prohibidos los despidos. Este acuerdo alcanza hasta el 30 de junio y el sindicato está presionando para que se extienda hasta diciembre, ya que prevé que con la caída de la economía las empresas comenzarán a despedir.

Ahora el sindicato está comprometido no solo en la supervisión en los lugares de trabajo, sino en defender los puestos de trabajo, defender el derecho de los trabajadores y cuidar de los mismos en el nuevo escenario, particularmente en el “trabajo en casa” (teletrabajo) en cuanto a la organización del horario de trabajo, turnos, condiciones, etc. Y muy atentos al tema de los despidos así como a que el aporte en dinero del gobierno llegue a todos los beneficiados, ya que por razones burocráticas no está sucediendo.

Luego de las preguntas y aclaraciones, se dio espacio a la intervención de otro invitado, Pablo Manzanelli, integrante de CIFRA/CTA quien forma parte además del equipo que asesora al bloque de diputados en el proyecto de impuesto a las grandes fortunas. Precisamente sobre este tema es que enfocó su intervención Pablo, luego de enmarcarlo en la cuantiosa inversión que tuvo que hacer el gobierno para enfrentar la pandemia teniendo en cuenta la profunda crisis que dejó Macri (caída del 4% del PBI) y la enorme deuda que condiciona al país.

Estas medidas de contención y ayuda abarcaron un amplísimo espectro de sectores y situaciones, llegan al 3% del PBI (equivalente aprox. a 11 mil millones de dólares), deberían profundizarse y ampliarse, pero ¿cómo se financian estas medidas? En este marco es que surge el planteo desde la CTA de los trabajadores y de distintas organizaciones sociales y políticas la necesidad de un imponer un impuesto a las grandes fortunas. El proyecto de la CTA plantea la creación de dos impuestos extraordinarios, uno a las personas físicas, de mayor capacidad contributiva, unas 12 mil personas, son el 0,2% de los contribuyentes de bienes personales; se los iba a gravar entre el 2 y 5% del total de los bienes declarados, implica alrededor de 1% del PBI equivalente a 3.500 millones de dólares.

El otro proyecto es gravar a las ventas de las grandes empresas argentinas, las 500 de mayor ventas, teniendo en cuenta el inusual incremento de rentabilidad en los últimos dos años de crisis y que a pesar de ello redujeron la inversión y en cambio constituyeron reservas dolarizadas fuera del país (la famosa fuga de capitales). Se dio un profundo debate en el Frente de Todos, la CTA fue convocada a participar de ese debate, pero esta propuesta no avanzó, digamos que “las relaciones de fuerza” dieron para que avance el primero de los proyectos. Una pena porque se estima que este aporte también se acercaría a los 3.500 millones de dólares. De todos modos es un tema que no está cerrado ya que aún no está presentado al parlamento.

Otros invitados fueron Gustavo Carnevale de la Asoc. del personal jerarquizado de la Televisión Pública y Rubén Blanco de la Federación de personal jerárquico de la República Argentina. Ambos nos informaron de sus problemáticas desde ámbitos tan distintos, pero ambos declarados esenciales en este marco de pandemia. En el caso de Carnevale la nueva situación los conmina a ponerse a trabajar de forma inmediata para que el país tenga toda la información veraz que necesita en esta crisis a lo que se suma ponerse al servicio del Ministerio de Educación para brindar desde la TVP  respaldo educativo, sobre todo para llegar a aquéllos lugares sin conectividad. Rápidamente tuvieron que adaptar estudios y adoptar protocolos y comenzar a gestionar el teletrabajo que se comenzó a implementar de inmediato. El mayor problema que tienen es que no se les da la posibilidad de activar las comisiones tripartitas de salud y seguridad, están luchando por su conformación.

En el caso de la Federación que dirige Blanco nos aclara que agrupa a jerárquicos de diversas empresas como correos privados, Banco Nación y Banco Provincia, Belgrano Cargas, en su caso personal de energía eléctrica, petroquímicos de Bahía Blanca y de Ensenada, etc. Plantea que casi todas sus adheridas fueron declaradas esenciales así que tuvieron diversas dificultades para responder rápidamente a la situación tan crítica. En el caso de la energía, representan al personal de las empresas generadoras, de transmisión y distribuidoras del AMBA. Tuvieron diversos problemas con las empresas a quienes les costó tomar las medidas de recaudo especialmente en los centros de control y con el teletrabajo en el que derivaron muchas de las funciones.

Hubo otras intervenciones muy pertinentes e interesantes como las de León Piasek, los oportunos comentarios o aclaraciones de Pedro o Lorenzo Barrientos (SOEP) desde Misiones, quien dio una buena noticia al informar que acababan de cerrar la paritaria con la empresa Alto Paraná con un 48,5% de aumento. El tema del teletrabajo sin duda atravesó todas las intervenciones, es una problemática en la que la FeTIA ya se viene ocupando junto al equipo jurídico y en el que los sindicatos no tienen que esperar la ley que lo regule, sino ponerlo en la mesa de negociación ya. Un tema pendiente que quedó para la próxima es el de las empresas autogestionadas.

Menajovsky sintetizó, al cerrar, el valor de la reunión por el valioso aporte de los invitados, el dinamismo y participación que generaron e hizo una propuesta considerando que entre tantos participantes quedaban experiencias y opiniones sin volcar  y propuso buscar en paralelo a estas reuniones de la CN otras, más acotadas, temáticas o por sector o territorio, que luego puedan vehiculizar esas articulaciones.

*FIOM (Federación de Trabajadores Metalúrgicos) de la CGIL (Confederación General Italiana del Trabajo).