FetiaTomada

En una audiencia con el ministro de Trabajo Carlos Tomada, los dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FeTIA-CTA) solicitaron al titular de la cartera laboral su intervención “en relación con las consecuencias profundamente negativas que la tercerizaciones y subcontrataciones producen en nuestro país”, indicó Pedro Wasiejko, titular de la FeTIA y secretario adjunto de la CTA. En ese sentido, reclamaron que se active la Comisión de Empleo que se acordó convocar en la última reunión del Consejo del Salario, el Empleo y la Productividad que se realizó el pasado 28 de agosto.

El encuentro con el Ministro tuvo lugar al finalizar una jornada organizada por la FeTIA en la que dirigentes de gremios del sector productivo, de la energía y los servicios afiliados a la CTA abordaron la problemática de la tercerización en nuestro país y elaboraron el documento que presentaron a Tomada en la audiencia. “Tras la implementación, a partir del 2003, de una política sistemática que llevó al cambio de las condiciones económicas, sociales y políticas del país, nos encontramos con más de 4.500.000 trabajadores y un aparato productivo nuevamente activo y dinámico. En una primera etapa de ese proceso la prioridad fue frenar el desempleopor lo que se dejaba a un lado la calidad del empleo. Posteriormente y con la reactivación económica, la premisa fue priorizar la generación de nuevos puestos de trabajo por lo que se continuó postergando su calidad. En ambas situaciones, las reivindicaciones por mejorar las condiciones de un trabajo digno quedaron en un segundo plano”, explicó Wasiejko. “A partir del 2006, y esto se verifica en algunas buenas prácticas de sindicatos que están en nuestra Central, como APA, SUTNA y la Asociación Gremial Trabajadores del Subte, entre otros, se llevaron adelante negociaciones de los Convenios Colectivos de Trabajo que tuvieron entre sus objetivos –alcanzados con éxito–, reducir el impacto de las tercerizaciones y de la precarización en el empleo, producto de las políticas aplicadas en los 90. Sin embargo, se trata todavía de un universo muy reducido que es necesario ampliar”, indicaron desde la FeTIA. “El debate que se impuso tras el caso emblemático del sector ferroviario, que dejó en el camino a Mariano Ferreyra como víctima fatal, y tras la última reunión del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo en la que se logró imponer la necesidad de incluir el tema en la agenda, nos obliga a profundizar la discusión con todos los actores involucrados. Es imprescindible generar políticas concretas para evitar de todas las formas posibles que se repita esa ecuación maldita en la que se espera un muerto para resolver el tema de las tercerizaciones en un ámbito específico”, aseguró Wasiejko. Con propuestas para revertir las condiciones de precarización laboral a ser impulsadas tanto por las organizaciones sindicales así como también por los legisladores y los funcionarios del Poder Ejecutivo con competencia en la materia, señalaron que “el Ministerio de Trabajo tiene ahora la responsabilidad y el deber de convocar y activar la Comisión de Empleo para que se aborden los temas acordados. Es decir, discutir políticas concretas para limitar y regular las tercerizaciones o subcontrataciones”. DOCUMENTO COMPLETO ENTREGADO AL MINISTRO TOMADA Sr. Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Dr. Carlos Tomada S/D Nos dirigimos a Ud. –luego de una jornada plenaria de los trabajadores del sector privado de la CTA agrupados en la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FeTIA) que sesionó bajo el lema: BASTA DE TRABAJO PRECARIO– con el fin de reclamarle su intervención en relación con las consecuencias profundamente negativas que la tercerizaciones o subcontrataciones producen en nuestro país. Durante la década del 90, los gremios de la FeTIA y de la CTA fueron protagonistas de la resistencia a las políticas de precarización en el empleo que tuvieron entre sus principales herramientas a las tercerizaciones o subcontrataciones, con sus diferentes variantes, para evitar la organización sindical y reducir costos. Hay suficientes experiencias y debates respecto a las consecuencias nefastas de estas medidas sobre el nivel de empleo, su calidad, los salarios, la producción e inclusive sobre la productividad. Tras la implementación, a partir del 2003, de una política sistemática que llevó al cambio de las condiciones económicas, sociales y políticas del país, nos encontramos con la incorporación de más de cuatro millones quinientos mil trabajadores, la mejora de diversos indicadores sociales y un aparato productivo nuevamente activo y dinámico, entre otras importantes cuestiones. En ese proceso se presentaron dos situaciones. En una primera etapa la prioridad fue frenar el avance del desempleo, es decir, no permitir que se sigan destruyendo puestos de trabajo, por lo que se dejaba a un lado la calidad del mismo. Posteriormente y con la reactivación económica, la premisa fue priorizar la generación de nuevos puestos de trabajo aún postergando su calidad. Si bien se lograron estos objetivos las reivindicaciones por mejorar las condiciones de un trabajo digno quedaron en un segundo plano, constituyéndose hoy en una prioridad a atender. A partir del 2006 –y esto se verifica en algunas buenas prácticas de sindicatos que están en nuestra Central, como FOETRA, APA, SUTNA, los Trabajadores del Subte (AGTSyP), así como también algunas seccionales metalúrgicas, por mencionar algunos ejemplos–, se llevaron adelante negociaciones de los Convenios Colectivos de Trabajo que tuvieron entre sus objetivos –alcanzados con éxito–, reducir el impacto de las tercerizaciones y de la precarización en el empleo, producto de las políticas aplicadas en los 90. Sin embargo, se trata todavía de un universo muy reducido que es necesario ampliar. Si se visualiza la precarización del empleo como una pirámide, en la base se ubican el trabajo esclavo, el trabajo infantil, el trabajo no registrado y las cooperativas fraudulentas. En el medio se dan diferentes situaciones entre las que predomina el trabajo flexible y polivalente. En el vértice superior está el empleo tercerizado en el marco de las grandes empresas y el Estado Nacional mismo, y esto es clave para comprender la dimensión de este fenómeno. Este universo es altamente heterogéneo, en él hay diferentes situaciones que de alguna forma están transfiguradas detrás de un trabajo registrado que cumple con las normas legales, pero que también termina siendo expresión de la precarización laboral y de la utilización de herramientas que permiten estas situaciones. El debate que se impuso tras el caso emblemático del sector ferroviario, que dejó en el camino a Mariano Ferreyra como víctima fatal, y tras la última reunión del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo en la que se logró imponer la necesidad de incluir el tema en la agenda, nos obliga a profundizar la discusión con todos los actores involucrados. Es imprescindible generar políticas concretas para evitar de todas las formas posibles que se repita esa ecuación maldita en la que se espera un muerto para resolver el tema de las tercerizaciones en un ámbito específico. Esto es algo que no puede volver a ocurrir y que además, pone en el centro de la discusión el papel que deben jugar en esta materia las organizaciones sindicales, la negociación colectiva, el rol de las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación y de las provincias y las responsabilidades que le competen a todos los sectores sociales para resolver esta problemática. Es un avance importante la resolución emitida en la última reunión del Consejo del Salario a través de la cual se determinó la convocatoria a la Comisión de Empleo con el objetivo de luchar contra el trabajo no registrado, terminar con prácticas como el trabajo infantil, el trabajo esclavo y el combate a la utilización de las cooperativas como instrumento del fraude laboral como es el también emblemático caso de los fileteros de Mar del Plata y de los trabajadores vinculados a la recolección de productos ligados a la horticultura, entre otros. En este ámbito, el de las cooperativas, es imprescindible que el Estado fije pautas claras e ineludibles, como que los cooperativistas, si están trabajando, deben regirse según la normativa que regula las relaciones laborales y, en ese marco, ser sujetos de los mismos derechos, es decir, derecho a sindicalizarse, a disponer de un Convenio Colectivo, a estar registrado, etc. Por otra parte, debería incorporarse al Código Penal, una figura para que los responsables del trabajo esclavo y/o infantil tengan consecuencias penales. El Estado debe regular las tercerizaciones, fijar límites expresos y precisos, como por ejemplo estableciendo que no pueda haber más de una subcontratación o tercerización. Es decir, si una gran empresa subcontrata una tarea que pueda hacerlo una sola vez o, más precisamente, que esta segunda empresa no pueda a su vez subcontratar nuevamente. Asimismo, si una empresa subcontrata, tiene que hacerlo a una empresa especializada, en regla, con convenio colectivo, personas en relación de dependencia, pero tendría que tener impedida una segunda subcontratación Se debe tener presente que en nuestra Constitución Nacional se dispone que el trabajo en todas sus formas debe gozar de la protección de las leyes (art. 14 bis CN) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diversos pronunciamientos, ha determinado que el trabajador es un sujeto de “preferente tutela”, no sólo por la protección de la legislación local, sino de acuerdo a los tratados y convenios internacionales de derechos humanos y de la OIT. Teniendo en cuenta estas consideraciones, deben tomarse medidas que amplíen los derechos, que estén en línea con la tutela del trabajo digno del colectivo y que representen un punto de inflexión en lo que se refiere a la calidad del empleo que se opone rotundamente a todo lo vinculado con la precarización y sus nefastas consecuencias. Están pendientes de reforma, entre otras normas de la Ley de Contrato de Trabajo vigente desde la época de la dictadura militar –muchas de ellas reformadas en estos últimos años con sentido progresivo a favor de los trabajadores– los artículos 30 y 31, para asegurar los derechos en casos de subcontratación, cesión total o parcial del establecimiento; conjunto o grupo económico, tendiente a que la tutela de derechos durante el plazo del contrato de trabajo, sea en condiciones de trabajo, riesgos de accidentes y enfermedades o ante la contingencia de despidos, los trabajadores gocen de derechos plenos y obtengan la reparación integral de los daños. Además de estas medidas que impulsamos desde el ámbito sindical, el Ministerio de Trabajo tiene ahora la responsabilidad y el deber de convocar y activar la Comisión de Empleo para que se aborden los temas acordados. Es decir, discutir propuestas concretas para limitar y regular las tercerizaciones o subcontrataciones. A la espera de que esto suceda en el corto plazo, Lo saludamos atentamente, Pedro Wasiejko Secretario General de la FeTIA

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