Documento de las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries nucleades en la CTA de les Trabajadorxs, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y del Paro Internacional Feminista.

8 DE MARZO – PARO INTERNACIONAL FEMINISTA
Mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries

Las trabajadoras mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries organizadas en la CTA de les Trabajadores convocamos al Paro Internacional Feminista, bajo las diversas modalidades que resuelva cada sindicato y sector para expresar el sentido político y reivindicativo de esta fecha.

En un contexto en el que la emergencia sanitaria limita nuestra posibilidad de manifestarnos masivamente en la calle, priorizamos las acciones que nos permitan poner de relieve que nuestros trabajos mantienen el mundo en movimiento, y que es nuestra organización colectiva la fuerza que nos ha permitido avanzar, y que nos permitirá, sin dudas, seguir transformando esta sociedad. Por eso este 8M reafirmamos también la unidad construida con las compañeras del conjunto de las organizaciones sindicales y de la economía popular y solidaria, y nuestra presencia en el movimiento feminista popular que sigue conmoviendo el orden patriarcal, luchando contra la desigualdad de género y de clase, y contra las estructuras de la dependencia neocolonial.

Nos encontramos en una coyuntura particularmente compleja, en la que la pandemia del Covid-19 ha profundizado en todo el mundo las desigualdades, agravando dramáticamente la situación de millones de personas expuestas a inadmisibles formas de precarización de la vida. En nuestro país, el esfuerzo por contener la expansión de los contagios, evitar el colapso del sistema sanitario, y limitar el efecto de la recesión económica especialmente sobre quienes se encontraban ya en condiciones de mayor vulnerabilidad, ha debido desarrollarse en condiciones extremadamente adversas, con una sociedad empobrecida, un sistema productivo diezmado, y un Estado endeudado. Tras cuatro años de saqueo, la pandemia nos enfrentó a la necesidad de resolver la emergencia sobre el trasfondo de la crisis provocada por el gobierno anterior y sus mandantes. En estas circunstancias, es absolutamente claro que si en la Argentina ha habido, como respuesta a la pandemia, una política de cuidado de la población, es porque logramos llevar al gobierno nacional una expresión del movimiento popular como el Frente de Todes. La rápida recuperación de los Ministerios de Trabajo, de Salud y de Ciencia y Tecnología, junto a la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, tanto a nivel nacional como en la provincia más densamente poblada del país, es un signo claro de esa inflexión, necesaria y oportuna.

Al mismo tiempo, resulta criminal la actitud de una oposición política que ha obstaculizado desde el comienzo de la pandemia todas las medidas sanitarias, laborales y económicas dispuestas para afrontar esta coyuntura. En el mismo momento en que el destino de la humanidad se juega en la clave de la solidaridad, las grandes empresas y los sectores financieros no han dejado de intentar hacer de esta situación crítica una oportunidad para perfeccionar la explotación del trabajo y el descarte de las personas que trabajan. En nuestro país, la pretensión del poder económico de descargar el costo de la crisis sobre el pueblo tiene como correlato su apuesta a impedir la profundización de una política que, respondiendo al interés de la mayoría, priorice la atención de quienes se encuentran en situaciones más vulnerables y avance hacia las transformaciones estructurales necesarias para encaminar un proceso de desarrollo soberano con justicia social. En esta etapa, el incremento especulativo de los precios, junto al intento de desacreditar la campaña de vacunación más importante de la historia, operan como factores de una estrategia de deslegitimación que tiene un impacto directo en las condiciones de vida de nuestro pueblo.

En estas circunstancias, debería haber quedado más claro que nunca que es el trabajo el que ha permitido producir los bienes necesarios para la vida y la salud, cuidar, alimentar, enseñar, comunicar, transportar, acompañar, investigar, y seguir creando. Y sin embargo, mientras el gran capital sigue concentrándose, el impacto de esta crisis mundial es abismal en el mundo del trabajo y en las condiciones de vida de los sectores populares. En todas partes, el impacto del desempleo y del incremento del costo de los bienes básicos, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones, es aún más severo en la situación de las mujeres y diversidades. Porque estamos en las zonas más desprotegidas del mundo del trabajo, y porque una parte muy significativa de nuestro trabajo no es reconocido ni remunerado. Porque somos mayoritariamente quienes cuidamos: en los empleos más expuestos a los contagios, en nuestras familias y comunidades. Porque la informalidad laboral, la precarización, los salarios más bajos, la discriminación, la discontinuidad en el empleo o el empleo a tiempo parcial, la falta de aportes previsionales y de acceso a la seguridad social, la doble jornada y la exigencia de resolver por nuestros propios medios las tareas que requiere el cuidado de hijes u otras personas, siguen siendo el signo de nuestra condición trabajadora, aquí y en todo el mundo.

Por eso, y en la medida en que reactivar la producción nacional, generar empleo y asegurar ingresos adecuados para cubrir las necesidades de la población trabajadora, constituyen aspectos centrales de una política de recuperación económica con justicia social, es imprescindible promover una reconfiguración del mundo del trabajo con una clara perspectiva de género. Es en esos términos, que reclamamos y seguiremos luchando por el DERECHO AL TRABAJO Y TRABAJO CON DERECHOS.

• Es necesario asegurar el acceso al empleo de mujeres y diversidades, y la formalización del trabajo no registrado. Asegurar por Ley, regulaciones y supervisión adecuadas, el cupo y la inclusión laboral travesti-trans en todos los ámbitos laborales. Acceso al empleo de las personas con discapacidad. Una política integral de cuidados que permita, a través de los programas, legislación e instrumentos normativos adecuados a la realidad de cada sector: promover la responsabilidad social y una distribución igualitaria de las tareas de cuidado; establecer regímenes de licencias, y proveer infraestructura y servicios que aseguren, junto al derecho de todas las personas a recibir cuidados, el derecho al pleno empleo de mujeres y diversidades; profesionalizar y formalizar el trabajo de cuidados comunitarios y de los empleos tradicionalmente desjerarquizados por su vinculación con las tareas del cuidado y la reproducción; reconocimiento del trabajo doméstico y ampliación de la moratoria previsional, que fue un paso decisivo para garantizar la jubilación a quienes no han podido realizar aportes, mayoritariamente mujeres e identidades feminizadas.

• La educación es un derecho que sostiene otros derechos. Es preciso continuar fortaleciendo el sistema educativo público, y garantizar el acceso y terminalidad educativa en todos los niveles para las mujeres y diversidades de todas las edades. Necesitamos una educación emancipatoria que ayude a deconstruir los estereotipos de género que reproducen la cultura patriarcal. También reclamamos una formación profesional que no sólo asegure la inclusión y permanencia a través de los cambios que se producen actualmente en el mundo del trabajo, sino que permita a trabajadoras y trabajadores asumir una posición crítica, activa y solidaria en la organización de la actividad laboral.

• Es imprescindible construir un mundo del trabajo sin violencias. Legislación y políticas que apliquen en todo el territorio nacional y en todos los sectores del trabajo los contenidos y disposiciones del Convenio 190 y la Recomendación 206 de la OIT, para la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Campañas de prevención, formación del personal, y protocolos de intervención en todos los organismos del sector público y en todas las empresas e instituciones privadas. Licencias por violencia de género, con garantía de continuidad laboral y previsión de traslados ante situaciones críticas. Plena implementación de la Ley Micaela en todos los Poderes del Estado y en el sector privado; Micaela Sindical en nuestras organizaciones.

• Es urgente sancionar una Reforma Judicial Feminista. La ya ineludible democratización del Poder Judicial, debe tener una clara perspectiva de género, para asegurar una protección efectiva de nuestro derecho a una vida libre de violencias, garantizando una respuesta pronta y adecuada a las denuncias, así como el cuidado de las personas denunciantes. Exigimos perspectiva de género en el abordaje y la resolución de todas las demandas que involucren cuestiones que condicionan la vida y la autonomía de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binaries. Necesitamos una Justicia popular, democrática y feminista, y una reforma de las fuerzas de seguridad acorde con su función de protección de derechos. No a un Poder Judicial al servicio de los poderes fácticos y del patriarcado, que persigue a les referentes populares y abandona a quienes debe proteger. Libertad a Milagro Sala y lxs presxs políticos. Basta de femicidios, travesticidios, transfemicidios, crímenes de odio por la condición de género. ¡Vivas, libres y con derechos nos queremos! Ni Una Menos!

• Es preciso garantizar la plena implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en todo el territorio nacional. Celebramos la sanción de esta Ley como una conquista fundamental de la lucha del movimiento feminista popular, y de la decisión política de un gobierno que cumplió sin vacilaciones su compromiso de impulsar en el Parlamento este reclamo histórico. Esta Ley, junto a la Ley de los Mil Días, conforma una normativa necesaria para respaldar y reconocer nuestro derecho a decidir, que debe tener una base sólida en la Educación Sexual Integral, cuyos contenidos deben ser actualizados y que debe implementarse sin restricciones en todo el sistema educativo. Ahora que la IVE es Ley, necesitamos la acción conjunta del Estado y de las redes que hemos tejido durante los años de nuestra batalla contra los estragos de la clandestinidad, para garantizar el acceso a este derecho, sin obstáculos, discriminaciones ni violencias, en todo el sistema de salud.

Como se ha demostrado en esta pandemia, el rol del Estado es decisivo para cuidar la vida y la salud, así como es determinante para poner límites a la voracidad del poder económico e impulsar las transformaciones necesarias para construir una sociedad con justicia e igualdad. Respaldamos la decisión del Presidente de la Nación, de investigar penalmente a las personas responsables del endeudamiento producido durante el gobierno de la Alianza Cambiemos, y la determinación de no aceptar condicionamientos externos e internos sobre una política económica que debe mantenerse soberana y al servicio del interés popular. La deuda sigue siendo con nosotras y nosotres. Y, en esta perspectiva, poner en cuestión la desigualdad, las exclusiones y la violencia por razones de género que signan el mundo del trabajo debe ser una prioridad: sin feminismo no hay justicia social. Nuestros reclamos se inscriben, y sólo podrán encontrar un horizonte cierto de realización, en el marco de un proyecto nacional popular y democrático. Por eso seguimos bregando por sindicatos más igualitarios, que nos reconozcan, respeten, y asuman que nuestra lucha es inseparable de la lucha emancipatoria de nuestra clase. Y reivindicamos, con nuestra presencia militante y transformadora en nuestras organizaciones, el camino que hemos transitado, construyendo organización y unidad, y que nos permite hoy afirmar sobre nuestras conquistas la determinación de seguir avanzando.

 

NUESTRO TRABAJO MUEVE AL MUNDO
ORGANIZADAS LO TRANSFORMAMOS

CTA DE LES TRABAJADORES

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