Desde la CTA Pcia. de Buenos Aires, delegación Mar del Plata, expresamos nuestro profundo dolor por el asesinato de nuestro compañero Hernán Luna Gimenez hecho ocurrido en el Barrio Malvinas Argentinas, el domingo 18 de diciembre de 2011.

Considerando el papel que juegan los medios de comunicación en el modo en que transfieren la información, y que contribuyen a la construcción de la opinión pública, desde la CTA, los compañeros de UTPyA, y de los sindicatos, y organizaciones sociales que integran esta Central entendemos necesario dejar constancia que Hernán, era un joven trabajador, que se desempeñaba en sus dos trabajos en forma habitual y permanente, uno como reciclador de muebles y el otro en una cooperativa de trabajo.

Desde hace más de cinco años integraba la comisión directiva de UTPYA con un alto grado de responsabilidad y compromiso sindical.

Hernán, como muchos jóvenes que hoy se involucran en la militancia política y sindical, creía en el modelo nacional y popular, en la inclusión social y en una patria cada vez más igualitaria. Era solidario con la lucha de los trabajadores, con la gente de su barrio y siempre estaba dispuesto a ayudar en alguna causa justa. En síntesis le ponía el cuerpo a sus convicciones más profundas.

Por eso desde esta Central no queremos que este acto de cobardía que terminó con la vida de nuestro compañero, quede impune, exigimos que sea investigado y se condene a los responsables y sus cómplices, si los hubiere.

Por último queremos dejar claramente expresada nuestra postura sobre la seguridad, recordando que la CTA Pcia. de Buenos Aires, adhirió al Acuerdo por una seguridad democrática, firmado en el marco de una importante pluralidad de partidos políticos y organizaciones tales como CELS, Comisión Pcial por la Memoria, entre otros. El que fuera presentado el 24 de febrero de 2011 en la Honorable Cámara de Diputados de la Pcia de Buenos Aires.hernan

En el marco de ese Acuerdo, reafirmamos que todo gobierno es responsable de ejercer la conducción civil de la policía, que supone pleno control de la institución. Que la prevención y sanción del delito de modo eficiente y respetuoso de los derechos humanos, demanda un sistema policial subordinado a las autoridades gubernamentales y a la política de seguridad que las mismas diseñen.

Reiteramos nuestro reclamo a las autoridades provinciales y municipales sobre la necesidad de la convocatoria a la discusión, el debate y las propuestas democráticas que incluya a las diversas fuerzas políticas, a las organizaciones sociales, sindicales, religiosas y a las universidades, entre muchas otras, de modo de fortalecer acuerdos y promover medidas puntuales que permitan construir soluciones duraderas, plurales e inclusivas. Así como también la necesidad de que se implementen iniciativas serias de participación ciudadana y prevención comunitaria de la violencia.

 

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