CTA en la reunión del Consejo del Salario

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Ambas CTA asistieron a la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (CSMVM) en el Ministerio de Trabajo. Las dos CTA piden un piso que se acerque a la canasta básica, de 15.500 pesos.

Por parte de la CTA de los Trabajadores estuvieron presentes, Pedro Wasiejko, secretario general adjunto de CTA y general de FeTIA (Federación de Trabajadores de la Industria y Afines); Roberto Baradel, secretario general de CTA provincia de Buenos Aires y de Suteba y miembro de la Junta Ejecutiva de Ctera; Claudio Marín, secretario gremial de la CTA y adjunto de Foetra, y los abogados de la CTA, Héctor García y Alejandro Raúl Ferrari.
 
En representación de CTA Autónoma estuvieron presentes Rubén Ruiz, secretario general de la Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines (APJ GAS-CTA-A), y Cristina Chiste, referente de la Mesa Nacional de CTA-A y de ATE Congreso.
 
La suma del Salario Mínimo, Vital y Móvil es hoy de 8.060 pesos. Si se actualizara de acuerdo con las pretensiones del gobierno de Cambiemos un 20%, pasaría, tras una suba escalonada en tres tramos, a 9.672 pesos. Al respecto, Baradel expresó: “9.672 es un salario bajo en cuanto a las necesidades que tenemos los trabajadores”.
 
Tras la reunión y luego de trabajar en comisiones, Wasiejko detalló el encuentro que mantuvieron con el ministro de Trabajo Jorge Triaca: “Estuvimos reunidos desde las 10:00, con la presencia del Consejo en pleno: la CGT, las CTA, el sector empresario en su conjunto y el Ministerio de Trabajo. Luego del saludo y recepción del ministro (Triaca), quien explicó cuál era la idea de trabajo, en mi carácter de Secretario Adjunto de la CTA de los Trabajadores, manifestamos que acompañábamos el punto de vista de la CGT, planteado por (Héctor) Daer, en el sentido que no puede haber un salario inferior a la línea de pobreza”.
 
“Ratificamos los contenidos que históricamente plantea la CTA: la canasta básica, que la Comisión de Salario debe funcionar no en forma esporádica, sino en forma constante, y que se reactiven las comisiones de empleo, formación, productividad, y manifestamos nuestra preocupación por la caída del empleo, de cierre de empresas, suspensiones, manifestando la necesidad de que la Comisión busque alternativas para paliar esta grave situación que estamos viviendo los trabajadores: Pepsico y otras empresas en la misma situación. También se aclaró la necesidad que los trabajadores municipales, provinciales de todo el país estén en el sistema del Salario Mínimo, ya que están exceptuados”, destacó Wasiejko.
 
“Respecto a la participación de las organizaciones sociales en el Consejo del Salario, nos manifestamos a favor de este tema, ya que una parte de la asignación está relacionado con la fijación del mínimo, así que lo vemos de manera positiva”, agregó el secretario general de FeTIA y describió: “El compañero Roberto Baradel planteó en el seno del plenario el tema de los jubilados, la preocupación por el PAMI, ante las medidas restrictivas que se están implementando en ese sector y que se respete la autonomía de las partes, en la negociación colectiva, fundamentalmente en el sector docente, que de ninguna manera puede el Consejo del Salario dejar condicionada la negociación del sector docente, en la paritaria nacional”.
 
En tanto que Baradel señaló: “Planteamos que el acuerdo del salario mínimo tiene que estar acorde a la canasta familiar. Hicimos un planteo de aumento de emergencia a los jubilados. Subrayamos el tema de la desocupación, que es permanente y se llevan adelante despidos en el país; que lamentablemente todos los días estamos contando cierre de fábricas. Y planteamos la participación de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) y de las organizaciones sociales en el Consejo del Salario teniendo en cuenta que la Ley de Emergencia Ocupacional ata el ingreso social al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Por otro lado, le hemos dicho al ministro Triaca que el Consejo del Salario no supla la paritaria nacional docente y le reclamamos una reunión de todos los gremios docentes para que se implemente realmente la paritaria nacional docente que hasta ahora la han negado. Que haya paritarias libres y que los docentes tenemos derecho a las paritarias”.
 
Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires está pautada una reunión para mañana miércoles 28 a las 11:00 con la ministra María Eugenia Vidal. “Esperemos que el gobierno cambie de actitud, que dejen de lado la confrontación y que mejoren la propuesta para poder avanzar en un aumento salarial para los docentes de la provincia”, manifestó el secretario general de Suteba.
 
Luego de un cuarto intermedio, se retomará la reunión para llegar, todas las partes, a un acuerdo salarial mínimo para el conjunto de las y los trabajadores de la Argentina. Ambas CTA piden un salario mínimo de 15.500 pesos. “Hemos coincidido con la CTA Autónoma y con CGT en el pedido”, afirmó Baradel. Sin embargo, agregó: “No tenemos muchas expectativas. El gobierno viene con una postura de bajar el salario, con respecto al tema de la inflación. Imponer una pauta del 20% al 21% a lo sumo y congelar el salario en ese margen”. En coincidencia, Wasiejko concluyó: “Hemos manifestado claramente que un salario menor a $15.500 no es razonable. Esto fue planteado por el sector sindical en su conjunto”.
 
 
 

CIFRA: Informe sobre la desigualdad en el ingreso laboral

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​Compartimos un informe temático elaborado por CIFRA sobre la desigualdad en el ingreso laboral de los ocupados en el que queda claro que en el 2016, a la par que se resintió el poder de compra de los ingresos de los trabajadores, esta caída afectó en mayor medida a quienes tienen ingresos más bajos.

Mientras que sólo el 10% de los ocupados con mayores ingresos tuvo aumentos nominales que superaron a la inflación, el 90% restante vio disminuir su ingreso real en el período analizado.
En este breve informe se caracterizan los ingresos laborales del total de ocupados en el 4° trimestre de 2016​. La mitad de los ocupados tenía ingresos inferiores a $10.000 en ese período. El 10% con menores ingresos ganaba menos de $3.000 y, en el otro extremo, el 10% con mayores ingresos ganaba más de $20.000.
P​odés acceder al informe​ haciendo click aquí

APAY firmó convenio con la UNaM

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La Asociación del Personal Argentino de Yacyretá (APAY) y la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) firmaron un convenio que crea la «Tecnicatura en Mantenimiento Industrial” la primera oferta de formación superior pública con la que contará Ituzaingó”. La carrera iniciará el próximo 14 de agosto y al respecto, nuestro compañero José Correa, secretario General de APAY y Adjunto de la FeTIA, “APAY sigue trabajando por toda la comunidad ituzaingueña en las diferentes instituciones y presentando alternativas, en este caso educativas”.

En las instalaciones de la escuela técnica “Guillermo Roque Carranza” de Ituzaingó, se formalizó el convenio entre la Asociación del Personal Argentino de Yacyretá (APAY) y la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) para el inicio de clases de la Tecnicatura en Mantenimiento Industrial, “la primera oferta de formación superior pública con la que contará Ituzaingó”, destacaron las autoridades presentes.

En el encuentro que formalizó el convenio entre APAY y UNaM se dieron detalles para los ingresantes a la carrera que iniciará el próximo 14 de agosto, posterior al curso de nivelación obligatorio que se realizará a partir del 3 de julio y se dictará de lunes a jueves de 18:30 a 21 horas.

La documentación formal a entregar será recibida únicamente de parte de aquellas personas que se preinscribieron con anterioridad a través de APAY y la escuela “Carranza”. Se realizará a partir del 21 de junio de 2017 y los requisitos son: fotocopia de título secundario autenticado, tres fotos tipo carnet, fotocopia de DNI y fotocopia de partida de nacimiento.

Con al participación de representantes de la UNaM y la mesa directiva de APAY, la directora de la escuela técnica, María del Carmen Markiewiez, destacó la importancia que tiene para Ituzaingó tener una oferta educativa pública y de nivel superior como es la tecnicatura que tiene el aval educativo de la UNaM.

“Es algo histórico para ituzaingó porque se intentó muchísimas veces y por primera vez es realidad para nuestra ciudad. Esperemos que esto siga creciendo y se puedan presentar otras ofertas para la cual toda la comunidad educativa estará comprometida”, dijo Markiewiez.

En al firma del convenio el Secretario General de APAY, José Correa, dijo estar satisfecho por lo conseguido hasta el momento para los afiliados y la ciudadanía, y remarcó que se busca ofrecer mayores alternativas. “APAY sigue trabajando por toda la comunidad ituzaingueña en las diferentes instituciones y presentando alternativas, en este caso educativas”.

APAY firmó convenio con la UNaM

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La Asociación del Personal Argentino de Yacyretá (APAY) y la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) firmaron un convenio que crea la «Tecnicatura en Mantenimiento Industrial” la primera oferta de formación superior pública con la que contará Ituzaingó”. La carrera iniciará el próximo 14 de agosto y al respecto, nuestro compañero José Correa, secretario General de APAY y Adjunto de la FeTIA, “APAY sigue trabajando por toda la comunidad ituzaingueña en las diferentes instituciones y presentando alternativas, en este caso educativas”.

En las instalaciones de la escuela técnica “Guillermo Roque Carranza” de Ituzaingó, se formalizó el convenio entre la Asociación del Personal Argentino de Yacyretá (APAY) y la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) para el inicio de clases de la Tecnicatura en Mantenimiento Industrial, “la primera oferta de formación superior pública con la que contará Ituzaingó”, destacaron las autoridades presentes.

En el encuentro que formalizó el convenio entre APAY y UNaM se dieron detalles para los ingresantes a la carrera que iniciará el próximo 14 de agosto, posterior al curso de nivelación obligatorio que se realizará a partir del 3 de julio y se dictará de lunes a jueves de 18:30 a 21 horas.

La documentación formal a entregar será recibida únicamente de parte de aquellas personas que se preinscribieron con anterioridad a través de APAY y la escuela “Carranza”. Se realizará a partir del 21 de junio de 2017 y los requisitos son: fotocopia de título secundario autenticado, tres fotos tipo carnet, fotocopia de DNI y fotocopia de partida de nacimiento.

Con al participación de representantes de la UNaM y la mesa directiva de APAY, la directora de la escuela técnica, María del Carmen Markiewiez, destacó la importancia que tiene para Ituzaingó tener una oferta educativa pública y de nivel superior como es la tecnicatura que tiene el aval educativo de la UNaM.

“Es algo histórico para ituzaingó porque se intentó muchísimas veces y por primera vez es realidad para nuestra ciudad. Esperemos que esto siga creciendo y se puedan presentar otras ofertas para la cual toda la comunidad educativa estará comprometida”, dijo Markiewiez.

En al firma del convenio el Secretario General de APAY, José Correa, dijo estar satisfecho por lo conseguido hasta el momento para los afiliados y la ciudadanía, y remarcó que se busca ofrecer mayores alternativas. “APAY sigue trabajando por toda la comunidad ituzaingueña en las diferentes instituciones y presentando alternativas, en este caso educativas”.

Yasky: “Quieren arrasar nuestros derechos”

 

hugoyEl secretario general de CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, se refirió a la situación de los trabajadores del transporte urbano de Córdoba, a la agresión contra el fuero laboral por parte del presidente Mauricio Macri, a la suspensión de 170 mil pensiones no contributivas para personas con capacidades diferentes y al nuevo paro docente en la provincia de Buenos Aires tras el último ofrecimiento de un 21% de aumento salarial por parte de la gobernación de María Eugenia Vidal.

Sobre el reclamo de las y los trabajadores del transporte urbano de Córdoba Hugo Yasky consideró: “Una reacción absolutamente lógica y entendible de rebeldía ante una oferta paritaria que claramente se pone a tono con la política de ajuste que está desarrollando el gobierno nacional y que motiva que los trabajadores recurran a la huelga después de varios intentos de que esa paritaria les pudiera resolver la posibilidad de tener una mejora salarial que se pusiera mínimamente a tono con el costo de vida. 

La huelga de los choferes de Córdoba se ha sostenido en el tiempo, se ha agravado porque hay despidos. Ahora al cierre de la paritaria se le agrega también el reclamo por la reincorporación de los despedidos, los descuentos de los días de huelga. Todos temas que habían llegado a un principio de acuerdo en la tarde ayer y que con el correr de las horas fue apareciendo un gran interrogante de cual iba a ser la actitud que iba a tomar la empresa y de buenas a primeras el que dio la nota fue el intendente (Ramón) Mestre, que en una actitud patronal, arbitraria y prepotente pateó el acuerdo al que se había arribado y vuelve a poner el conflicto a foja cero. Estamos a la expectativa de lo que se resuelva en las reuniones que se están haciendo hoy por la tarde, pero desde ya la CTA de Córdoba, nuestra CTA está participando activamente de las marchas, de las convocatorias. Ha habido ayer un acto masivo en el que entre otros habló el secretario general de la CTA, (Pablo Carro). Seguimos a la expectativa, seguimos de cerca los sucesos que se puedan desencadenar en Córdoba y por supuesto siempre con el objetivo brindar la solidaridad y el apoyo de nuestra central a esa lucha absolutamente justa”.

Asimismo, el secretario general de CTA de los Trabajadores se manifestó en contra de los dichos de Macri respecto del fuero laboral y defendió la honestidad del compañero Héctor Recalde: “El presidente de la Nación no cesa a agraviar a todos aquellos que desde su mirada patronal y desde su concepción de que el costo laboral es el gran problema que si se lograra bajar resolvería toda la crisis económica de la Argentina, desde esa concepción sigue viendo que cualquier cosa que signifique sostener los derechos laborales, sostener la posibilidad de que los trabajadores no estén inermes ante las arbitrariedades de un empresario como una suerte de impedimento para que la Argentina funcione en términos civilizados.
Para ellos lo civilizatorio sería arrasar con todo los derechos conquistados por el movimiento sindical. Empujarnos a la década infame, es decir al pre peronismo, momento en el que no existía la justicia laboral, etapa en la que no existía el derecho colectivo, no existían los convenios. Los trabajadores no tenían ni siquiera el derecho a poder reclamar a través de cuerpo de delegados o comisiones internas y su contrato quedaba siempre sujeto al arbitrio de lo que el patrón decidiera. Esa Argentina donde agachar la cabeza y bajar la mirada era la única manera de establecer una relación con el patrón.
Éste patrón que ahora tenemos de presidente, Mauricio Macri, añora esa época y cree que él tiene un mandato que evidentemente no es el que le han otorgado quienes votaron, porque el mandato de los que lo votaron dice otra cosa. Pero sí tiene un mandato de los grupos poderosos de éste país, los sectores financieros, los que son dueños de los grandes medios de comunicación, los que desde la Sociedad Rural, que es el club de los latifundistas de la Argentina, alientan la concentración de la riqueza de la tierra; ahí sí, esos le han depositado un mandato que es arrasar contra todos los derechos laborales y por eso considera que tiene que utilizar un acto público como es la asunción de un canciller para embestirla contra la justicia laboral, contra los jueces laboralistas y contra una figura que es emblemática de ese sector, por su trayectoria, porque de alguna manera acumula años de experiencia, como el doctor Héctor Recalde.
El argumento falaz que pretende esgrimir es que la justicia laboral es la causante de la crisis y de la caída de la pequeña empresa, como si los argentinos fuéramos ignorantes de que el problema que hoy está poniendo en crisis a la pequeña empresa es la falta de consumo, la incapacidad que tienen los asalariados de comprar como compraban cuando el salario siempre quedaba por encima de la inflación. Ahora que estamos quedando dos anos seguidos por debajo de la inflación el mercado interno que es el que está vinculado a la pequeña empresa siente el golpe en la falta de poder adquisitivo, se retraen las ventas, como agravante a eso entran mercaderías importadas, eso golpea más a la pequeña empresa y como agravante todavía mayor se aumentan las tarifas, se aumenta el costo de los servicios y entonces la pequeña empresa queda prácticamente parada en una cornisa, tambaleando y resulta que el señor presidente no tiene mejor ocurrencia que explicarnos a todos los argentinos, como si en la Argentina hubiera 45 millones de seres no pensantes que el problema tiene que ver con que la pequeña empresa es víctima de la voracidad de los jueces laboralistas, de las mafias, de las ventajitas. Esa palabra, las ’ventajitas’ y la ’viveza criolla’ que tanto remiten a la práctica del grupo Macri, porque si hay alguien que en este país hizo uso y abuso de las ventajitas, traficando con el Estado en la obra pública, sacando dinero a todos los argentinos, si alguien aplicó la mal llamada viveza criolla para poder hacer siempre alguna obra logrando sacar una tajada a favor del grupo empresario y dejando al Estado con una obra mal hecha, inconclusa, como han hecho siempre, históricamente, si alguien hizo abuso de la ventajitas y de la viveza criolla es justamente este presidente y el linaje al que pertenece. Ya no hablo solamente de la familia y de las empresas familiares sino de todos estos sectores parasitarias verdaderamente de este empresariado argentino que quisiera ver absolutamente indefenso a los trabajadores, para agregarle a todas las ventajitas, la otra que sería tener mano de obra muy barata porque claro, miran países como Paraguay y dicen ’por qué a nosotros nos toca la maldición de tener que estar en un país donde los convenios colectivos existen».

Desde que asumió Macri, Desarrollo Social canceló o suspendió 170 mil pensiones no contributivas para personas que poseen capacidades diferentes. Sobre este tema, Yasky consideró: «Es un acto inmoral. Es el único calificativo que vale. Inmoral quitar una pensión por invalidez a un beneficiario aduciendo que porque posee una casa no puede tener una pensión por invalidez, que porque posee un auto de tal modelo tampoco puede, o porque se trata de un matrimonio de discapacitados entonces no puede haber el ’exceso’ de que dos personas discapacitadas reciban dos pensiones, entonces solamente queda en vigencia una, para hablar de otros atropellos y arbitrariedades por el estilo que son los que explican que hoy se haya reducido en miles la cantidad de pensiones que el estado paga. Evidentemente, la parte más inmoral de todo lo que están ejecutando como parte del ajuste, aún más inmoral en un país donde los legisladores se aumentan la dieta con el consentimiento del sector político porque ese es una especie de pasamano circular. También en el sector político que permite ese aumento en las dietas, después recauda parte de lo producido por esos aumentos. Entonces creo que vamos en camino de tener frente a nosotros el panorama de un gobierno que reduce salarios, reduce pensiones, congela jubilaciones y se plantea que después de octubre todo esto CABA recrudecer. Entiendo que los trabajadores tenemos que seguir dando pelea como van a hacer los docentes, que otra vez en la provincia de Buenos Aires le van a demostrar, volviendo al paro que no están dispuestos a arrodillarse, como están haciendo los choferes en Córdoba y como tendríamos que hacer el conjunto de los trabajadores en los próximos días que siguen».

Respecto del paro docente en la provincia de Buenos Aires, Yasky afirmó el reclamo de los trabajadores de la educación y se pronunció en disidencia respecto del 21% de aumento ofrecido por la gobernadora Vidal. “La verdad es que es un juego de desgaste tendiente a mostrar que bueno, ’hemos reunido diez, doce veces a la paritaria y siempre nos dicen que no’. Claro, siempre le dicen que no, los docentes, a la misma propuesta con un agravante: sigue sin definirse el aumento de los salarios, siguen recibiendo descuentos por los días de huelga. Es decir, que además de la merma salarial que ya acumulan porque no se define la paritaria, además para extorsionarlos les van descontando los días de huelga y además con declaraciones por ejemplo como las del Ministro de Trabajo, que habla de que ellos convocan a la paritaria, de que respetan el diálogo, pero se encuentran con actitudes de los docentes beligerantes, mintiendo respecto del origen de este conflicto porque este conflicto se origina porque el gobierno nacional decidió no convocar a la paritaria docente nacional y además esto determinó que en la provincia de Buenos Aires, después de ocho pedidos que hicieron los docentes desde el mes de noviembre pidiendo que convoquen a la paritaria para discutir, recién convocan en febrero y ahora sale este personaje mentiroso diciendo que los que no querían ir a la paritaria eran los docentes. La verdad que basta recurrir a los diarios publicados en aquellos meses donde aparece claramente el reclamo formulado de viva voz por (Roberto) Baradel, por Mirta Petrocini y por los otros miembros del Frente Gremial Docente reclamando esa paritaria y exigiéndole al gobierno las respuestas que fue mezquinando porque evidentemente apostaban a que este juego de desgaste, este llevar a los docentes permanentemente al escenario de generar una expectativa y después una frustración iba a terminar haciendo que claudicaran en sus demandas con el agregado de que soñaban con la derrota de la conducción del Suteba en la elección que terminó hace poco. Todo esto se les dio vuelta y resulta que ahora pierden la paciencia y mienten más que de costumbre porque los tiempos les juegan en contra a ellos. Ahora ellos son los que tienen apuro en cerrar la paritaria pero por supuesto, lo quieren hacer imponiendo sus condiciones que son inaceptables por eso el paro (docente) va a ser masivo en toda la provincia de Buenos Aires”.

Carta abierta a los trabajadores

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13 de junio de 2017 por Héctor P. Recalde
Las reformas laborales que quiere el Gobierno violan la Constitución, los tratados internacionales y los derechos vigentes. Por eso persiguen a los jueces que los hacen respetar. Avance sobre los derechos de los trabajadores.

“Si ganamos en octubre vamos a un ajuste durísimo”, expresó con sinceridad el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en Nueva York frente a jefes de bancos y fondos de Wall Street. Por eso en octubre no solo se renuevan parcialmente las cámaras del Congreso. Se plebiscita el gobierno de Macri y se define la Argentina de los próximos dos años.

Si el gobierno hace una buena elección irá a fondo con su programa. Veamos qué implica en materia laboral. Para explicarlo recurrimos a: 1) qué hizo en un año y medio de gobierno, 2) declaraciones del presidente y sus funcionarios, 3) qué quieren los sectores a los que representa, y 4) qué hicieron otros gobiernos con igual ideología.

El gobierno no quiere paritarias libres; quiere que sean a favor de las empresas, bajar el costo laboral y maximizar la rentabilidad. En enero los bancarios acordaron un incremento mayor al techo pretendido por el gobierno y la banca extranjera. El acuerdo estaba legalmente vigente, pero el gobierno aliado a la banca internacional lo rechazó invocando una ley derogada hace 17 años. La Justicia ordenó a los bancos pagar el aumento y al Ministerio no interferir. Funcionarios gubernamentales se reunieron con banqueros –incurriendo en desobediencia judicial– para que éstos no paguen el aumento. La unidad y fuerza de los bancarios que anunciaron un paro de tres días venció la resistencia gubernamental/banquera.

La ley obliga al Estado Nacional a convocar la paritaria nacional docente para acordar el salario mínimo para todo el país y fijar el fondo de ayuda a las provincias. El gobierno se negó a convocarla no obstante que una sentencia se lo ordenó. La negociación colectiva es un derecho garantizado a los gremios (artículo 14 bis Constitución Nacional).

El gobierno fijó ilegalmente un techo salarial para las paritarias, que no solo es inferior a la inflación proyectada, sino que no recupera la pérdida del poder adquisitivo del 2016. Eso es transferencia regresiva del ingreso; lo que no va a salario se lo quedan los empresarios: creció la venta de autos de alta gama y bajó el consumo de leche.

Como Cavallo en 1991 quiere limitar los aumentos al crecimiento de la productividad, que impide la distribución progresiva del ingreso, consolida su reparto inequitativo, y no depende de los trabajadores sino de las empresas.

El gobierno no quiere paritarias por actividad. Las quiere por empresa; porque así lo exigen las corporaciones y se lo hicieron saber en su “tribuna de doctrina”, el diario La Nación, el 26 de julio del año pasado. El mismo modelo de negociación de los ‘90, sin incrementos salariales.

No quiere protección en el empleo ni indemnización por despido. Quiere que los trabajadores financien su despido, aportando a cuentas de capitalización y retirando “su ahorro” cuando son despedidos. Esto ya lo reveló el secretario de Empleo, Miguel Punte, en enero de este año/17, cuando afirmó que “para las empresas despedir trabajadores tiene que ser algo natural, como comer y descomer”. O sea, para el funcionario los trabajadores son eso que se descome. No fue un exabrupto, no hubodesmentida ni retractación y sigue ocupando el cargo: es la posición del gobierno nacional.

El presidente elogió la flexibilidad al anunciar su plan de deseos para la industria automotriz. ¿Qué es la flexibilización? Lo que hicieron los gobiernos de 1999/2001: contratos basura, sin estabilidad, sin indemnización, con salarios reducidos y sin derecho a categoría y tareas. Además, el cese de la ultraactividad de los convenios. El Ministerio de Trabajo, de manera ilegal, autorizó a Mac Donald’s a contratar 5000 jóvenes para trabajar 6 horas por día con un sueldo de 4500 pesos, inferior al salario mínimo vital y móvil. Esos trabajadores sustituirían a otros comprendidos en el convenio colectivo de trabajo. La Justicia Nacional del Trabajo frenó ese acuerdo ilegal.

El presidente Macri dijo que “cada vez que un gremio consigue reducir una jornada horaria, todos los demás argentinos lo estamos asumiendo como parte de un costo y no está bien” (9/7/16) y que “hay que trabajar los sábados y domingos” (3/4/17). Adelantó lo que viene: jornadas flexibles, turnos rotativos, trabajo en sábados y domingos y franco a mitad de la semana, y sin derecho a cobrar horas extras. La OIT establece exactamente lo contrario en materia de jornada de trabajo.

Al inaugurar una planta (que no era nueva sino una mudanza con despidos) culpó a los trabajadores de poner palos en la rueda complicándole la vida al resto de la sociedad cuando “fuerza un ausentismo” o “inventa un juicio”. No hizo ningún reproche a las empresas que evaden –meses antes justificó la evasión tributaria diciendo a los empresarios “ya no vamos a tener que escondernos”–, a los que tienen trabajadores en negro, a los que no cumplen con las normas de higiene y seguridad.Ni felicitó a los trabajadores que hacen respetar sus derechos en juicio. Para él, los trabajadores son tramposos.

Más allá de que si un trabajador inventa un juicio lo pierde, al presidente Macri no le molesta la incorrección de un juicio inventado (sino su empresa Correo Argentino SA no habría inventado un juicio contra el Estado); le molesta que los trabajadores acudan a la Justicia para hacer respetar sus derechos. Macri, presidente del Correo Argentino SA, perdió un juicio en el 2000 por práctica antisindical (“Jerez, Victor c/ Correo Argentino SA s/Práctica Desleal”, expte. 8421/98; JNT n°39, CNAT S.III) por las presiones ejercidas contra trabajadores para que se desafilien de sus sindicatos.

Cuando el periodista Joaquín Morales Solá le preguntó por qué no llegaban las inversiones, Macri le echó la culpa a “la Justicia Laboral”, que es donde los trabajadores reclaman por sus derechos vulnerados. Por eso el gobierno ataca a la Justicia Laboral y persigue a los jueces que aplican la ley y protegen los derechos laborales. El gobierno quiere desaparecer la Justicia Nacional del Trabajo –creada por Perón en 1944, cuyos fallos inspiraron a la Ley de Contrato de Trabajo y sus criterios protectorios se expanden a todo el país– y transformarla en una justicia municipal de la CABA. Este proyecto no es un tema territorial. Si sigue siendo Nacional, el gobierno no puede remover a los jueces sin mayoría de 2/3 en el Consejo de la Magistratura de la Nación –por eso maniobra para tener mayor hegemonía–. Pero si pasa a la CABA le basta una mayoría simple en el Consejo de ésta; y esta mayoría simple la tiene. No es una especulación. El gobierno quiere remover a los jueces que protegen derechos laborales contra los intereses del gobierno y sectores que éste representa: ya pidió el juicio político a los dos camaristas que ordenaron cumplir la paritaria bancaria, a otros dos que ordenaron una reinstalación en la AFSCA y a una jueza que dispuso otra en Vialidad. Mas allá del “efecto disciplinador” hacia otros jueces, todavía no pudo removerlos; en la CABA ya los habría removido y el disciplinamiento sería mayor.

Las reformas laborales que quiere el gobierno violan la Constitución, los tratados internacionales y los derechos vigentes. Por eso van por los jueces que los hacen respetar. Si en octubre Macri gana irá directamente por los derechos de los trabajadores.

* Diputado de la Nación. Presidente del bloque Frente para la Victoria-PJ.