Desde la Federación de Trabajadores de la Energía, Industria, Servicios y Afines (FeTIA-CTA) que conduce Pedro Wasiejko señalaron que “con el apagón que afectó a más de 48 millones de personas el domingo anterior quedó demostrado que el Estado no puede delegar en manos privadas un servicio público clave como la energía. Lo que pasó es inaceptable y el empresario Marcelo Mindlin y los accionistas de Yacylec deben dar explicaciones”. Además aseguraron que el colapso del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) que gestiona Transener, cuyo accionista mayoritario es Pampa Energía, puso en evidencia la situación de vulnerabilidad del sistema energético del país. “No estamos ante un paradigma de seguridad energética como sostiene el gobierno”, aseguraron a la vez que denunciaron que si no se auditan las empresas que generan, transportan y distribuyen energía lo que sucedió este domingo puede repetirse.

“Más allá de la explicación que podamos recibir los ciudadanos en diez, quince o veinte días, según anunció el secretario de Energía Gustavo Lopetegui en conferencia de prensa, lo cierto es que la falla se produjo en el SADI y el responsable del colapso que sufrimos no sólo en Argentina sino también en países limítrofes tiene nombre y apellido: Marcelo Mindlin, el empresario amigo del presidente. Lo que sucedió deja en claro dos cosas: que los mega tarifazos que destruyeron miles de empleos y que obligaron a cientos de pequeños y medianos empresarios a cerrar sus puertas, no se trasladan a inversiones. Y lo segundo es que, sea como sea, el Estado no puede delegar en manos privadas un servicio público indispensable para cualquier sociedad. Las empresas privadas sin control del Estado priorizan su rentabilidad y dejan de lado inversiones necesarias para tener un sistema eficiente y seguro. El amigo del presidente Mauricio Macri, Marcelo Mindlin debe dar explicaciones”, señaló Wasiejko.

Juan Francisco Soto, de la Asociación de Personal Argentino de Yacyretá (APAY) y secretario general de la Regional CABA de la FeTIA sostuvo que “la falla gravísima que llevó al colapso del sistema demuestra la vulnerabilidad del SADI. No estamos ante un paradigma de seguridad energética como pregonan desde la Secretaría de Energía. La falla originaria es producto de la falta de mantenimiento del Yacylec que es una adjudicación de Carlos Saúl Menem por 95 años a una unión transitoria de empresas para que se hagan cargo de 500 KV de transmisión de energía generada por la entidad binacional Yacyretá, que no tuvo nada que ver en la falla originaria y que fue sometida a un estrés altísimo. En 2016 Macri vendió su participación en Yacylec a Sideco, propiedad de su familia. Los otros accionistas de la empresa son Enel Americas, Grupo Eling y Sistranyac”.

“Otro de los temas que se deben abordar tiene que ver con la forma en la que se resuelven las fallas que eventualmente pueden ocurrir en cualquier sistema eléctrico del mundo. En el directorio de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) están los mismos titulares de las concesionarias generadoras, transportistas y distribuidoras. Estamos ante un caso donde están de los dos lados del mostrador los empresarios que se tienen que autocontrolar y autoregular por un defecto original del marco regulatorio eléctrico de la 24065 que es la ley madre del marco regulatorio de la Argentina”, reclamó Soto. Y agregó: “Lo más grave es que no hay inversión en la prevención, mantenimiento y nuevas fases de desarrollo”.

Lo que evidencian las fallas que ocurrieron con una simple tormenta, señalaron desde la FeTIA, es que lo más sensible, que es la transmisión de la generación de energía de Yacyretá y Salto Grande que representan alrededor del 22% de la electricidad final de lo que se consume en la Argentina, no está debidamente controlada. “Esto tiene que ver con un defecto de origen y porque en esta gestión de Cambiemos se nota claramente que hay una puerta giratoria en la Secretaría de Energía donde los mismos funcionarios que participaban de estas empresas como Transener, Yacylec, son las mismas que se van cartelizando, violando el mismo marco regulatorio que ordena que las empresas transportistas no podían tener participación en la generación y distribución y lo mismo para las distribuidoras que no deberían tener participación en la generación y el transporte. Esto se fue violando y quedó en letra muerta y ahora empresarios que también están en la generación, están también en el transporte y en la distribución y todos juntos confluyen en el directorio de CAMMESA y CAMMESA hizo un informe preliminar que consideramos insuficiente”, aseguró Soto. Respecto a ese documento, el secretario general de la regional CABA de la FeTIA también destacó que “es muy difícil que las mismas empresas que participan del directorio de CAMMESA y que cotizan en bolsa saquen un comunicado en el que se autoincriminen”.

Por último desde la FeTIA señalaron que no hay ninguna certeza de que una falla de esta naturaleza no se vuelva a producir en tanto no se puedan auditar debidamente las empresas. “Como argentinos, contribuyentes, usuarios y como habitantes a los que se nos tiene que garantizar el derecho humano a la electricidad, que es un servicio público,  tenemos el derecho y nuestros representantes en la Comisión de Energía del Congreso tiene el deber de auditar qué obras estuvieron haciendo los directores de Yacylec y Transener, y qué tareas de mantenimiento y prevención desarrollaron. Son cuestiones claves, porque sino podemos volver a tener un fenómeno de este tipo que pone en riesgo toda la seguridad energética de la Argentina”, aseguraron.