Mientras ayer lunes 4, las más de 100 organizaciones –sindicales y sociales- que confluyen en la Mesa Unidad Social colmaron las calles del país para seguir reclamando las demandas que desde el pasado 18 de octubre se escuchan con fuerza por todo el territorio nacional y que confluyen en el llamado a una Asamblea Constituyente, se profundizan las denuncias por violaciones a derechos humanos, asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones y abuso sexual por parte de las fuerzas de seguridad.

Como trabajadores de la FeTIA / CTA de los trabajadores de Argentina denunciamos una vez más al gobierno de Sebastián Piñera como responsable de esta situación y nos solidarizamos con lxs trabajadores chilenxs y el pueblo en general.

 

NODAL 5/11/19

“Las organizaciones y abogados de derechos humanos presentaron una querella por delitos de lesa humanidad, establecido en la Ley 20.357, contra el presidente Sebastián Piñera, ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

La acción tiene por finalidad que se investigue la participación criminal del mandatario como autor del delito de lesa humanidad que, según detalla el documento, se encuentra acreditado a través de las graves violaciones a los derechos humanos.

“Están enmarcadas en un ataque sistemático y generalizado contra la población civil que ha salido a las calles durante estas dos últimas semanas, exigiendo cambios estructurales a las políticas neoliberales afianzadas por la Concertación y la derecha durante casi 30 años. Dichas violaciones a los derechos humanos han sido constatadas por diversos organismos nacionales e internacionales, abogadas y abogados quienes han denunciado la enorme cantidad de delitos en contra de niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y en general en contra de toda la población que ha ejercido su legítimo derecho a manifestarse“, indican.

Además, los profesionales sostienen que estos delitos han sido cometidos por parte de órganos del Estado -policías y militares- y que son constitutivos de violaciones de derechos humanos, considerando que se incluyen asesinatos, detenciones ilegales, torturas físicas, sicológicas y sexuales, detenciones selectivas, disparos a manifestantes, mutilaciones oculares, entre otros.

Bajo su mirada, “el presidente de la República y las diferentes autoridades policiales y militares, lejos de controlar y condenar el alto número de atentados a la población civil, han declarado públicamente su respaldo y felicitado el actuar de las fuerzas miliares, de orden y seguridad en los medios de comunicación nacional”.

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