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El STJ rechazó acción del grupo Arauco y confirmó la ley de insalubridad en papeleras
/en Noticias de la FETIAA pesar del fallo, los compañeros debieron retomar el cese de actividades y el bloqueo a la planta porque la empresa no se aviene a acatar la resolución del Ministerio de trabajo y ahora de la SCJ.
El máximo tribunal de justicia de Misiones rechazó una acción de inconstitucionalidad presentada por la empresa Arauco SA, ex Alto Paraná, mediante la cual la firma pretendía anular los efectos de la ley que determina que el trabajo en plantas de las industrias celulósica, papelera y del cartón, es insalubre. La norma obliga a reducir los horarios de trabajo en dichas fábricas y anticipar jubilaciones.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones rechazó un recurso presentado por la empresa Arauco SA, ex Alto Paraná, mediante el cual la compañía de capitales chilenos pedía que se declarara inconstitucional la ley que determinó la insalubridad laboral de la industria productora de pasta celulosa, papel y cartón en todo el territorio de Misiones. Con ello, el máximo tribunal ratifica la competencia de la Provincia de determinar aquellos lugares y actividades insalubres, en cuanto es una facultad no delegada al gobierno nacional. Además, introduce la necesidad de ponderar los derechos en juego: los de índole patrimonial de la empresa por un lado, y la salud de los trabajadores por la otra.
Para la diputada provincial y ex ministra de Trabajo, Claudia Gauto, “este fallo es un paso más en el camino de que la Provincia de Misiones haga respetar sus derechos y atribuciones de autonomía –como el caso de Parque Provincial del Rio Iguazú, ley contra la que también existe un proceso de inconstitucionalidad en trámite- y de defensa de nuestros trabajadores”.
En su aplicación efectiva, la ley significará la necesidad de un turno más de trabajo, ya que determina que la jornada laboral disminuya de 8 a 6 horas y además obligará a un recambio de operarios, ya que la edad de jubilación baja a 55 años, 10 años menos que el resto de los trabajadores.
Estudio técnico
Tras la aprobación de la ley, en 2008, se realizaron estudios científicos a cargo de técnicos de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM) que individualizaron los sectores de la planta de Arauco en los que resulta insalubre trabajar. Según ese estudio, hay doce áreas de la planta celulósica de la forestal chilena en los que es insalubre trabajar. La presencia de elevados índices de dióxido cloro y de altos niveles de ruidos son los principales factores de riesgo considerados.
A partir del informe elaborado por técnicos de la UNAM, el ministerio de Trabajo de la Provincia emitió una resolución en la que declara insalubres: la planta de dióxido de cloro, la caldera de recuperación, caldera de potencia, la planta química, la de lavado y depurado, deslignificación, la de preparación de madera, el taller central, la calderería, la línea uno, la planta de tratamiento de efluentes y la línea dos.
El agente de riesgo detectado, el dióxido de cloro (CLO2) posee características que atentan contra la salud y la integridad psicofísica de los trabajadores, causando irritación en la nariz, garganta y pulmones. En cuanto a los niveles de ruido, afectan al trabajador en la aceleración de la respiración y pulso, aumento de la presión arterial, disminución del peristaltismo digestivo (gastritis y colitis), problemas neuromusculares, como dolor y falta de coordinación, disminución de la visión nocturna, aumento de la fatiga y dificultad para dormir.
Este mismo agresor físico es causante de cambios psicológicos por la exposición a un ruido excesivo y constante, disminuye la concentración, la efectividad y la productividad, aumenta la frecuencia de accidentes de trabajo, la irritabilidad y los estados histéricos y neuróticos, indica el dictamen de Trabajo que fue girado a la comisión de seguimiento que funciona en la Legislatura provincial.
Oposición empresaria
La empresa se opuso de manera permanente a la aplicación de la ley con el argumento de que era de aplicación la Ley de Contrato de Trabajo, que regula un mecanismo administrativo, ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, para la declaración de insalubridad laboral. Y que se trataba de una materia delegada al gobierno nacional.
Las resoluciones del ministerio de Trabajo fueron recurridas oportunamente al Poder Ejecutivo Provincial, que desestimó los recursos. Paralelamente, la empresa presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia.-
Por resolución N° 383 del 6 de agosto pasado, el máximo cuerpo de la justicia resolvió rechazar dicha la acción.
Conferencia de Mujeres de IndustriALL Global Union
/en Noticias Internacionales14 September – 16 September Viena, Austria
La FeTIA se solidariza con los metalúrgicos de Mercedes Benz de San Bernardo Do Campo (Brasil)
/en Noticias de la FETIALos trabajadores de la automotriz están en huelga desde el lunes en rechazo de los despidos. El miércoles marcharon más de 10.000 compañeros convocados por la CNM/CUT, en rechazo de las medidas adoptadas por la transnacional en desmedro de los derechos de los trabajadores.
«Todos los trabajadores están en lucha en conjunto para fortalecer el movimiento y revertir los despidos. Las orientaciones se darán día a día hasta que la empresa vuelva a negociar «, dijo el director de comunicación del Sindicato Metalúrgicos del ABC y del Comité Sindical de Empresa (CSE) en la Mercedes, Valter Sanches, frente a los trabajadores de todos los turnos que participaron en la Asamblea el lunes, en la puerta de la automotriz.
El dirigente destacó que toda la solidaridad es de gran ayuda y leyó la carta de apoyo enviada por el Comité Mundial de Trabajadores de Daimler. «Hasta ahora este apoyo se refleja en 39 medios de comunicación internacionales y es importante para nuestra lucha», dijo el dirigente. Los errores de gestión no se pueden cargar en las espaldas de los Trabajadores».
«Hay compañeros que todavía están recibiendo telegramas de rescisión del contrato y tenemos que permanecer unidos contra esta atrocidad que la compañía está haciendo», continuó.
El vice-presidente del sindicato y del CSE en Mercedes, Aroaldo Oliveira da Silva, destacó la importancia del apoyo recibido de diversas categorías, de los sindicatos y de los CSE. «Es el compromiso de que cada uno haga su parte, en diálogo con la sociedad y pulse el sentido de reflexionar sobre esa decisión. El objetivo de la lucha es cancelar todos los despidos «, argumentó.
«Los trabajadores han pasado los debates sobre el Programa de Protección para el Empleo, el PPE. Estamos dispuestos a negociar y no aceptaremos imposiciones o despidos bajo ninguna circunstancia «, dijo Aroaldo.
Fuente: http://www.smabc.org.br/smabc/default.asp
La IndustriALL Global Union responde a la crisis de la minería y los metales
/en InternacionalLa IndustriALL Global Union está conmocionada y alarmada por la masiva sangría de empleos en el sector de la minería y los metales, ostensiblemente como resultado del hundimiento de los precios de las materias primas. La escala global de los despidos masivos y de los recortes de puestos de trabajo no tiene precedentes.
El sector mundial de la minería y los metales salió de la crisis financiera de 2008 a 2012 indemne. En medio de la recesión mundial, en 2008, inducida por la crisis financiera mundial, hubo un auge de las materias primas en la industria de la minería, impulsado en gran medida por el crecimiento de China y de la India, y creó una demanda desconocida hasta entonces de carbón, recursos minerales y piedras preciosas. En plena crisis financiera, las empresas mineras superaron el mercado global. La mayoría de las empresas mineras salieron de la crisis con balances sólidos.
Paradójicamente, los mineros no se beneficiaron de la bonanza. Todo beneficio en las condiciones de empleo de los mineros, principalmente en materia de sueldos y salarios, costó sangre, sudor y lágrimas, trabajando con arreglo a unas duras y con frecuencia brutales condiciones de la negociación colectiva.
Incluso con balances saneados, los capitanes de la industria ignoraron las necesidades de sus trabajadores. En cambio, se recrearon en gastar alocadamente, recompensándose con aumentos de sueldos y bonificaciones, hicieron inversiones irresponsables en proyectos arriesgados, e inundaron el mercado con objetivos de producción sin freno. Ahora hay que pagar las consecuencias.
Los buenos tiempos no duran siempre y la bonanza se acabó cuando las economías de China y de la India empezaron a desacelerarse e incluso a contraerse. No es sorprendente que los trabajadores tengan que prepararse para afrontar momentos difíciles y para soportar el hundimiento de los precios de las materias primas, a pesar de que no hayan tenido nada que ver en la tragedia de pérdidas de empleos y despidos masivos, a los que proceden estas empresas con medidas de contención de gasto a toda costa.
De ser considerado el activo más importante para las empresas mineras, los trabajadores se consideran ahora pasivo y son expulsados para engrosar la masa de desempleados, externalizando así el coste social para la sociedad y el Estado. Es perverso que, al mismo tiempo que los mineros son los más afectados por el hundimiento de los precios de las materias primas, las empresas mineras estén pagando dividendos a sus accionistas
La IndustriALL Global Union pide a la industria minera que actúe en forma responsable en estos difíciles momentos para los trabajadores mineros y sus familias. Nuestros afiliados informan de las preocupantes tendencias de que las empresas mineras, en su apresuramiento por reducir costes, debilitan a los sindicatos acercándose y coaccionando individualmente a los trabajadores para que acepten ceses voluntarios.
Algunas de esas empresas mineras violan además las leyes nacionales que imponen consultas con los sindicatos. En este caso, aumentan el trabajo precario y la precariedad del trabajo.
El director del sector de minería de la IndustriALL Global Union y secretario general de la Construction, Forestry, Mining and Energy Union, Andrew Vickers, comentando la tragedia, dice:
La IndustriALL Global Union está poniendo a esas empresas mineras sobre aviso de que deben desistir inmediatamente de tales comportamientos y acciones nefastos. Deben entablar un diálogo con los sindicatos nacionales afectados para hallar soluciones mutuamente aceptables a la crisis.
Las reducciones de personal deben ser una medida de último recurso, y si las reducciones y los despidos son inevitables, debe seguirse un proceso justo que respete las leyes y la reglamentación del país.
http://www.industriall-union.org/es/la-industriall-global-union-responde-a-la-crisis-de-la-mineria-y-los-metales?utm_source=Newsletters+in+spanish&utm_cam
Marcelo Mena, Sec. Gral. de ASIJEMIN responde a la Revista Panorama Minero que expresa la opinión de ése sector empresarial.
/en OpiniónEn base a la nota que hacen circular el sector Minero que quiere la minería al mejor estilo de los 90”, les quiero decir:
No es la misma Argentina minera que se recibió y ES la mejor Argentina minera de toda la historia. La Inversión directa acumulada: 18.600 millones US$ y exportación acumulada; 40.700 millones US$, son el resultado de las políticas activas públicas del gobierno nacional.
Contrasta con el comunicado “situación de la industria minera argentina” de un grupo de actores del sector. No se hacen cargo de la puesta en valor de Veladero; Sierra Grande; Manantial Espejo; Gualcamayo; Minera San José; Pirquitas; Casposo; Lomada Leiva; Olaroz; Cauchari; Bajo el Durazno; Cerro Negro; Yacimiento Río Turbio; ni del 130 % de crecimiento acumulado de la producción y comercialización del cemento; ni del 400 % de crecimiento acumulado de la producción de áridos; ni del 300 % de la producción de oro.
Subestiman los 6.000 nuevos proveedores nacionales nacidos desde el 2003 hasta hoy, la incorporación de miles de ladrilleros artesanales a la minería formal, los programas de capacitación, las mitigaciones ambientales, el desarrollo del litio, los 7,5 millones de metros perforados; los cientos de nuevos proyectos.
Olvidan que se partió del hambre, la desocupación y el cierre de fábricas, y obviamente, omiten el desendeudamiento, la reindustrialización y la inclusión social, logros materializados por la implementación de un programa económico, que el comunicado elije como eje para mostrar su disconformidad con el gobierno nacional.
Manifiestan su desprecio por la constitución de empresas mineras públicas promocionadas por el Gobierno Nacional, y que basadas en el artículo 124 de la Constitución Nacional, nacieron para garantizar a los pueblos provinciales, dueños de los recursos, su participación en el negocio minero/ renta minera. Jemse de Jujuy asociada por litio a Toyota, es un buen ejemplo.
Está claro, el problema de los firmantes son los lineamientos de una política económica pensada para incluir y en defensa de los más vulnerables, no de los poderosos.
Es la esencia, el corazón de las políticas lo que los perturba: el compromiso de las actividades productivas con la inclusión social.
Les molesta la apertura del sector cobijando a miles de hermanos argentinos dedicados al ladrillo artesanal en el NEA, a los productores de turba fueguina, a los pueblos originarios en el NOA, hoy protagonistas de la proveeduría de servicios y/o artesanos de la piedra.
Desean volver a atrás, desean desandar el camino.
La nostalgia de volver a ser actores protagónicos excluyentes de la actividad que los nuclea, les quita visión estratégica para el desarrollo sustentable e inclusivo del sector, en estos tiempos.
El proyecto nacional impulsa con políticas activas la construcción de una minería para el crecimiento económico con equidad social. Una minería a la Argentina! Con valor agregado, con técnicos y trabajadores argentinos, con proveedores nacionales, inserta en un mundo multipolar y con capacidad de autodeterminarse sin tutelaje alguno!
Vamos a seguir apostando al Proyecto Nacional y Popular de la actividad Minera Argentina.
Vamos a conseguir una empresa pública y estatal minera.
Vamos a tener una Minería a la Argentina, una minería de los trabajadores y su Pueblo!!!
Precarización y castigo
/en Noticias en los MediosEl Gobierno sancionó a 1345 empresas por incumplimiento de normas laborales. Se publicará el listado de infractores, a los que se les restringe el acceso a beneficios estatales.
Un universo de 1345 empresas de todo el país fue sancionado por incumplir con la normativa laboral. Los nombres de las compañías están disponibles en el Repsal, el listado público de empleadores infractores lanzado en diciembre del año pasado dentro del paquete de leyes impulsadas para combatir el núcleo duro de la informalidad laboral. El empleo no registrado está concentrado en micro y pequeñas unidades productivas. Con ese diagnóstico, las principales centrales empresarias del país despotrican contra la “competencia desleal” de quienes reducen abusivamente sus costos laborales. Sin embargo, las grandes firmas son activas usuarias de las estrategias de precarización. Los registros del Ministerio de Trabajo a los que accedió Página/12 revelan que existen alrededor de 100 firmas con más de 100 trabajadores en las que se detectaron trabajadores sin registrar. En ese grupo de grandes infractores sobresalen cinco compañías con más de 1000 empleados: el supermercado Dia, la empresa Carsa, que forma parte de la cadena Musimundo, la prestadora de servicios de colocación de personal Grupo Gestión y dos compañías del sector sanidad, Basa Salud y el Instituto Quirúrgico del Callao, esta última la única que ya abonó su multa.
La informalidad laboral es el principal problema del mercado de trabajo argentino. Las significativas mejoras experimentadas a lo largo de la última década lograron quebrar la trayectoria ascendente abierta a mediados de los setenta, pero todavía hay 4,7 millones de asalariados informalizados. Si bien 6 de cada 10 trabajadores informales se desempeñan en microestablecimientos, el 40 por ciento restante son asalariados no registrados (1,1 millón de personas) que desempeñan tareas en medianas y grandes empresas.
La Ley de Promoción del Empleo Registrado y Prevención del Fraude Laboral aprobada el año pasado creó dos conjuntos de herramientas: incentivos para que los microempresarios avancen en la regularización y el fortalecimiento de las capacidades de fiscalización y sanción de los empleadores infractores. En ese esquema, el listado de infractores operaría como un mecanismo de disuasión y penalización. El Repsal establece un conjunto de penalidades y restricciones de acceso a beneficios estatales para que las empresas evasoras no puedan competir en forma desleal usufructuando de las ventajas económicas derivadas de incumplir con las normas. La estadía mínima en la lista son 60 días y la máxima asciende a tres años, dependiendo de la gravedad de las irregularidades detectadas. La pertenencia a ese grupo impide a los empleadores acceder a programas, acciones de fomento o subsidios del Estado. También los deja afuera de líneas de crédito de bancos públicos.
Los datos de la cartera laboral revelan que más del 20 por ciento de las sociedades expuestas en el registro emplean más de 50 trabajadores. Se trata de empresas prestadoras de servicios de salud, transportistas, comercios y constructoras, un conjunto de firmas que se repiten en todo el listado. Las 20 compañías infractoras más grandes emplean entre 209 y 9407 trabajadores. Las irregularidades fueron detectadas en todo el país. Por ejemplo, en Chaco se identificaron asalariados no registrados trabajando para la firma transportista San José y el grupo asegurador La Segunda.
La detección de las irregularidades depende de las tareas de fiscalización. Según admiten los propios funcionarios de la cartera laboral, como el ministro Carlos Tomada y la secretaria Noemí Rial, en ese área todavía queda un largo camino por recorrer. Entre los avances destacan la informatización de los procesos, la incorporación de nuevos inspectores y la ampliación de las capacidades de control. Pero advierten que persiste un importante grupo de provincias (son las que tienen las mayores atribuciones a la hora de realizar los controles) reticentes a cooperar y comprometerse con las tareas de inspección. Asimismo, los responsables de los equipos de fiscalización remarcan la necesidad de duplicar de 400 a 800 la cantidad de trabajadores dedicados a esas tareas, así como la importancia de coordinar las tareas con el resto de los organismos públicos que realizan trabajos similares.