PEDRO WASIEJKO (entrevista) ROBERTO CABALLERO: Consejo del salario

PedroWasiejko

El secretario Adjunto de la Central de Trabajadores de la Argentina entrevistado en el programa «Mañana es hoy» de la Radio Pública sobre el Consejo del Salario.

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CIFRA publicó su Informe de Coyuntura Nº 16

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Los compañeros de CIFRA dieron a conocer su último informe de Coyuntura, el Nro. 16, donde además de los temas macro como la Deuda Externa, el Sector Externo entran con delalle en la economía real, analizando la evolución del empleo y el ingreso. Incluye además la solicitada publicada por el Centro de Estudios junto con la el Área de Economía de FLACSO sobre la extorsión de los «fondos buites».

Puede descargarce el informe haciendo click aquí

Nuevo Boletín electrónico sobre salud y seguridad en el trabajo

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La Fetia -Federación de Trabajadores de la Industria y Afines-, a través del CEFS -Centro de Estudios y Formación Sindical-, da continuidad al proceso de sindicalización que viene desarrollando desde hace unos años, asumiendo que es impostergable la intervención de los trabajadores en los temas de Prevención y Salud Laboral.

En la última década hubo una reversión del proceso neoliberal en Argentina gracias a una activa participación del Estado. Sin embargo, tenemos varias cuestiones serias sin resolver aún, dado el alto grado de empleo informal que aún persiste y la degradación de las relaciones laborales y sindicales enquistadas en el sistema. Uno de estos problemas es modificar y mejorar la normativa en materia de Salud y Seguridad del trabajo.

En este marco es que -con el apoyo de la DGB Bildunwerk, la Fundación de la Central de Trabajadores Alemanes-, hemos diseñado un programa de información, difusión y capacitación en este tema. Definimos dos maneras de intervenir que nos parecen fundamentales: impulsar la implantación de una cultura de la prevención y la participación en la puesta en marcha de buenos sistemas de gestión en materia de salud y seguridad en el trabajo.

Este Boletín electrónico es parte de ese proyecto, el primero, que tendrá una periodicidad trimestral y que irá encontrando en la participación de todos su perfil más apropiado para cada etapa del proceso que iniciamos con este tema. Busca acompañar el inicio del programa de capacitación que este año está enfocado en la formación de compañeros cuya misión es llevar estas problemáticas a su sindicato, impulsar su atención y tratamiento, y replicar los conocimientos adquiridos.

Esta publicación irá ayudando a difundir los temas, experiencias, avances o retrocesos en la normativa, también un puente para acercarnos a los compañeros de trabajo, en definitiva, un instrumento más en el objetivo planteado. Queremos ir construyéndolo juntos, abrirlo a temas y colaboraciones, al debate y la participación. Sumaremos así nuestro aporte a la construcción colectiva en la que estamos empeñados.

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La pelea con las provincias petroleras

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Los puntos conflictivos tienen que ver con el reparto de la renta petrolera y la reivindicación que hacen las provincias de su derecho a decidir respecto de estos recursos. Al margen parece quedar el carácter estratégico que tienen los hidrocarburos para el desarrollo.

Una política petrolera

La discusión de la nueva ley de hidrocarburos pone en primer plano, una vez más, las tensiones sempiternas entre la nación y las provincias. Sin embargo, el problema es más profundo y pareciera que no se lo está discutiendo en su dimensión más importante. Hasta ahora, los puntos conflictivos tienen que ver con el reparto de la renta petrolera y con la reivindicación que hacen las provincias de su derecho a decidir respecto de estos recursos. Es decir, se está discutiendo en el plano económico y legal, olvidando el carácter estratégico que tienen los hidrocarburos para el desarrollo de nuestra civilización y, por lo tanto, la necesidad de establecer las condiciones que garanticen nuestra seguridad energética.

Esta situación genera una tensión esencial de difícil resolución. Al ser un país federal, es entendible la reivindicación que hacen las provincias de estos recursos, pero al ser una cuestión de seguridad nacional el abastecimiento petrolero, la Nación debe garantizarlos y, por lo tanto, al tener la responsabilidad debe tener los instrumentos para lograrlo. Uno de los instrumentos es YPF, el otro, una ley de hidrocarburos que le permita establecer una política nacional en la materia. Así ocurre en otros países de la región que también tienen un sistema federal.

En Brasil, por ejemplo, que en muchos aspectos es mucho más federal que nuestro país, los recursos hidrocarburíferos pertenecen a la Nación. Lo mismo ocurre en México, donde el petróleo pertenece al Estado Federal. En EE.UU. se da una situación particular, porque es el único país donde el dueño del subsuelo es también dueño de los recursos del subsuelo, por lo que no existe un sistema de concesiones ni ley de hidrocarburos. Sin embargo, a través de su historia, el gobierno federal ha establecido políticas y normativas para garantizar el abastecimiento petrolero. Hasta tal punto se considera la cuestión petrolera como estratégica y de seguridad nacional, que el Departamento de Energía fue creado recién en 1974, después de la primera crisis petrolera mundial. La política petrolera estuvo y sigue estando en manos de la Secretaría de Seguridad. Las palabras de Kissinger que encabezan esta nota son por demás elocuentes.

En nuestro país, la problemática entre la Nación y las provincias fue una constante. En las sesiones parlamentarias de 1916 se dio una situación conflictiva entre la Nación y las provincias sobre los derechos de exploración de hidrocarburos, tema que pasó a primer plano de la política petrolera argentina. En aquel momento, la exploración de los yacimientos de Mendoza, Salta y Jujuy estaban recién comenzando y las empresas petroleras extranjeras se precipitaron a adquirir concesiones de los gobiernos provinciales.

Unos años más tarde, después de que Justo se hiciera cargo del gobierno, el Congreso aprobó la primera ley nacional del petróleo. La ley 11.688, del 24 de diciembre de 1932, confirmaba a YPF en su papel de empresa petrolera estatal y le garantizaba el derecho exclusivo de explorar y producir en las reservas del Estado. Pero en 1933 el gobierno salteño firmó un contrato con la Standard desafiando nuevamente al gobierno nacional, lo que produjo una gran tensión entre Justo y Robustiano Patrón Costas, gobernador de Salta. Luego, en 1935, se sanciona la ley 12.161, que si bien permitía la actividad privada, planteaba un monopolio de hecho a favor de YPF en la explotación y producción de petróleo. Confirmaba de ese modo los derechos de YPF a operar en las provincias. Las provincias, sin embargo, conservaron autoridad jurisdiccional para negociar concesiones petroleras con la empresa del Estado y todos los productores de petróleo, públicos o privados, debían pagar una regalía del 12 por ciento al gobierno provincial o al gobierno federal en el caso de que se tratara de territorios nacionales. Estas tensiones se resuelven recién con la Constitución de 1949, cuyo artículo 40 establecía que “…Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación…”.

Si bien esta Constitución fue derogada por el golpe militar de 1955, este artículo siguió vigente y recién es modificado en la Constitución de 1994, que pasa el dominio de los recursos hidrocarburíferos a las provincias, aunque la jurisdicción sigue siendo nacional, y por eso la discusión sobre una nueva ley nacional de hidrocarburos.

Discusión que debe darse en un contexto de futuras tensiones geopolíticas por garantizarse el recurso petrolero. Según un estudio prospectivo del Departamento de Energía de Estados Unidos, el petróleo pasará de los actuales 91 millones de barriles diarios a 115 mbd en 2040, y la producción de gas de los 3,2 billones de m3 actuales a 5,3 billones de m3. Los estudios del Departamento de Energía reconocen que no se sabe bien de dónde saldrá el petróleo y el gas que el mundo necesita para su funcionamiento. Ante este panorama, la explotación de los recursos de Vaca Muerta son imprescindibles. YPF y la Nación deben ser, entonces, los grandes protagonistas y los garantes de nuestra seguridad energética.

* Director Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad.

La fragmentación del poder

Por Mariano A. Barrera *

El reclamo histórico de las provincias por tener el dominio originario de los hidrocarburos, que se expresó con distinta intensidad desde el descubrimiento del primer pozo por parte del Estado en 1907, terminó consolidándose en 2006 con la sanción de la llamada ley corta. En este recorrido, existieron dos puntos ineludibles de características regresivas. El primero fue la incorporación de la provincialización de los hidrocarburos dentro del articulado del proyecto de privatización de YPF en 1992 como una estrategia del gobierno de Menem para conseguir el acuerdo de los legisladores de las provincias hidrocarburíferas. El segundo fue la reforma del artículo 124 de la Constitución nacional en 1994, transfiriendo “a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Estos elementos generaron una ruptura regresiva con el pasado que generó diversas complicaciones. Uno de los inconvenientes que emerge es el jurisdiccional, como consecuencia de que las cuencas no respetan los límites políticos entre las provincias, con lo que existen yacimientos que pertenecen a distintas provincias y son explotados desde una de ellas.

Por otra parte, se transfirió el dominio de recursos naturales altamente rentables, estratégicos y no renovables a provincias que tienen el 16,4 por ciento de la población y un producto bruto equivalente al 15 por ciento del país. Es decir, a un grupo acotado de provincias con población relativamente escasa se le confirió autonomía para tomar decisiones sobre recursos clave que tienen incidencia directa sobre el conjunto de la sociedad (además de un fuerte impacto macroeconómico). Es más, pese a que la normativa vigente concede al Estado nacional la capacidad de establecer el diseño de las políticas energéticas, lo cierto es que la transferencia a las provincias del dominio originario de recursos que explican el 90 por ciento de la matriz energética genera fricciones entre ambos actores en torno de la implementación de estas políticas.

Este desvanecimiento del poder de la autoridad de control a escala nacional genera dificultades para encarar una estrategia de reversión de áreas a las empresas que no cumplieron los compromisos asumidos. Máxime, en un contexto en el que persiste la caída de la producción del sector privado debido a la escasa –o nula– inversión, marcando una diferencia con la actual YPF que amplió la formación de capital. Entre el primer semestre de 2011 y el de 2014, YPF expandió su extracción de petróleo el 19,3 por ciento y gas natural el 6,1 por ciento, mientras que las demás compañías declinaron 11,9 y 13,1 por ciento, respectivamente.

La fragmentación del poder político le permite al “oligopolio privado” negociar en forma desigual como consecuencia de su mayor poder económico. Las grandes firmas nacionales y/o internacionales negocian las condiciones de los contratos con provincias con escaso poder político y económico (en algunos casos, urgidas de recursos económicos, como los generados por las regalías), lo que establece una importante asimetría de fuerzas. Sin ingresar en suspicacias producto de posibles actos de cohecho, la capacidad de negociación de las provincias con el oligopolio hidrocarburífero (aunque también con las mineras) se restringe de sobremanera, toda vez que los presupuestos provinciales dependen, en gran medida, de los aportes que realizan estas firmas.

A modo de ejemplo, vale señalar el caso de Neuquén, que tiene entre los principales productores a Chevron. Al analizar el balance internacional de 2011 de la firma, se observa ventas por 244.371 millones de dólares y utilidades netas por 26.895 millones de dólares. Por su parte, los ingresos de la provincia en 2011 fueron de 2005 millones de dólares, con egresos que alcanzaban los 1946 millones de dólares. Es decir, los ingresos provinciales fueron apenas el 0,8 por ciento de la facturación y el 7,5 por ciento de las utilidades de la petrolera. Además, en Neuquén se advierte una fuerte incidencia de las regalías hidrocarburíferas en relación con sus ingresos, en torno del 27,3 por ciento (cuando en 2007 era del 43,9 por ciento). La marcada dependencia de estos recursos y de la actividad económica que despliegan (en términos de empleo, etc.), en un contexto de caída de la producción, genera severos problemas a la provincia que la ubica en una situación de debilidad estructural para negociar concesiones o condiciones de los acuerdos con los “grandes jugadores” del sector hidrocarburífero (y minero). De allí que sea necesario retomar a un esquema en el que tanto el Estado nacional como las provincias tengan la facultad de decidir sobre el destino de recursos esenciales para el conjunto del país.

* Investigador Flacso/Conicet. Autor del libro La entrega de YPF, Ed. Cara o Ceca.

APA no adhiere al paro convocado para el 28 de agosto de 2014

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Compañeros/as:

La Asociación del Personal Aeronáutico no adhiere a la convocatoria de paro nacional propuesto por otras Centrales de Trabajadores. Rearfirmamos nuestra pertenencia a la CTA conducida por el compañero Hugo Yasky, quien manifestó que: “Es un paro contra los trabajadores, de sindicalistas que expresan la posición de las patronales y del imperialismo.

Necesitamos consolidar la democracia, la soberanía, la redistribución de la riqueza. Este país es incompatible con el que quieren las clases dominantes, la Sociedad Rural, las corporaciones industriales, los grandes grupos mediáticos, los grandes empresarios, los especuladores financieros, el poder económico, los fondos buitre.

No vamos a permitir que se quiera terminar con los gobiernos populares a través de la desestabilización y el debilitamiento. No se puede ser empresario y sindicalista.

Como dijo Germán Abdala: ‘si alguna vez estamos parados en la misma vereda de la Sociedad Rural o los grandes industriales, estamos traicionando a nuestros compañeros’.

Es el momento de la unión latinoamericana.”

Nuestra obligación es con los trabajadores y mantener las fuentes de trabajo que tanto costó conseguir, incrementar y mantener, lo que no significa negar demandas legítimas y tener autonomía.