14 September – 16 September Viena, Austria
Los trabajadores de la automotriz están en huelga desde el lunes en rechazo de los despidos. El miércoles marcharon más de 10.000 compañeros convocados por la CNM/CUT, en rechazo de las medidas adoptadas por la transnacional en desmedro de los derechos de los trabajadores.
«Todos los trabajadores están en lucha en conjunto para fortalecer el movimiento y revertir los despidos. Las orientaciones se darán día a día hasta que la empresa vuelva a negociar «, dijo el director de comunicación del Sindicato Metalúrgicos del ABC y del Comité Sindical de Empresa (CSE) en la Mercedes, Valter Sanches, frente a los trabajadores de todos los turnos que participaron en la Asamblea el lunes, en la puerta de la automotriz.
El dirigente destacó que toda la solidaridad es de gran ayuda y leyó la carta de apoyo enviada por el Comité Mundial de Trabajadores de Daimler. «Hasta ahora este apoyo se refleja en 39 medios de comunicación internacionales y es importante para nuestra lucha», dijo el dirigente. Los errores de gestión no se pueden cargar en las espaldas de los Trabajadores».
«Hay compañeros que todavía están recibiendo telegramas de rescisión del contrato y tenemos que permanecer unidos contra esta atrocidad que la compañía está haciendo», continuó.
El vice-presidente del sindicato y del CSE en Mercedes, Aroaldo Oliveira da Silva, destacó la importancia del apoyo recibido de diversas categorías, de los sindicatos y de los CSE. «Es el compromiso de que cada uno haga su parte, en diálogo con la sociedad y pulse el sentido de reflexionar sobre esa decisión. El objetivo de la lucha es cancelar todos los despidos «, argumentó.
«Los trabajadores han pasado los debates sobre el Programa de Protección para el Empleo, el PPE. Estamos dispuestos a negociar y no aceptaremos imposiciones o despidos bajo ninguna circunstancia «, dijo Aroaldo.
Fuente: http://www.smabc.org.br/smabc/default.asp
La IndustriALL Global Union está conmocionada y alarmada por la masiva sangría de empleos en el sector de la minería y los metales, ostensiblemente como resultado del hundimiento de los precios de las materias primas. La escala global de los despidos masivos y de los recortes de puestos de trabajo no tiene precedentes.
El sector mundial de la minería y los metales salió de la crisis financiera de 2008 a 2012 indemne. En medio de la recesión mundial, en 2008, inducida por la crisis financiera mundial, hubo un auge de las materias primas en la industria de la minería, impulsado en gran medida por el crecimiento de China y de la India, y creó una demanda desconocida hasta entonces de carbón, recursos minerales y piedras preciosas. En plena crisis financiera, las empresas mineras superaron el mercado global. La mayoría de las empresas mineras salieron de la crisis con balances sólidos.
Paradójicamente, los mineros no se beneficiaron de la bonanza. Todo beneficio en las condiciones de empleo de los mineros, principalmente en materia de sueldos y salarios, costó sangre, sudor y lágrimas, trabajando con arreglo a unas duras y con frecuencia brutales condiciones de la negociación colectiva.
Incluso con balances saneados, los capitanes de la industria ignoraron las necesidades de sus trabajadores. En cambio, se recrearon en gastar alocadamente, recompensándose con aumentos de sueldos y bonificaciones, hicieron inversiones irresponsables en proyectos arriesgados, e inundaron el mercado con objetivos de producción sin freno. Ahora hay que pagar las consecuencias.
Los buenos tiempos no duran siempre y la bonanza se acabó cuando las economías de China y de la India empezaron a desacelerarse e incluso a contraerse. No es sorprendente que los trabajadores tengan que prepararse para afrontar momentos difíciles y para soportar el hundimiento de los precios de las materias primas, a pesar de que no hayan tenido nada que ver en la tragedia de pérdidas de empleos y despidos masivos, a los que proceden estas empresas con medidas de contención de gasto a toda costa.
De ser considerado el activo más importante para las empresas mineras, los trabajadores se consideran ahora pasivo y son expulsados para engrosar la masa de desempleados, externalizando así el coste social para la sociedad y el Estado. Es perverso que, al mismo tiempo que los mineros son los más afectados por el hundimiento de los precios de las materias primas, las empresas mineras estén pagando dividendos a sus accionistas
La IndustriALL Global Union pide a la industria minera que actúe en forma responsable en estos difíciles momentos para los trabajadores mineros y sus familias. Nuestros afiliados informan de las preocupantes tendencias de que las empresas mineras, en su apresuramiento por reducir costes, debilitan a los sindicatos acercándose y coaccionando individualmente a los trabajadores para que acepten ceses voluntarios.
Algunas de esas empresas mineras violan además las leyes nacionales que imponen consultas con los sindicatos. En este caso, aumentan el trabajo precario y la precariedad del trabajo.
El director del sector de minería de la IndustriALL Global Union y secretario general de la Construction, Forestry, Mining and Energy Union, Andrew Vickers, comentando la tragedia, dice:
La IndustriALL Global Union está poniendo a esas empresas mineras sobre aviso de que deben desistir inmediatamente de tales comportamientos y acciones nefastos. Deben entablar un diálogo con los sindicatos nacionales afectados para hallar soluciones mutuamente aceptables a la crisis.
Las reducciones de personal deben ser una medida de último recurso, y si las reducciones y los despidos son inevitables, debe seguirse un proceso justo que respete las leyes y la reglamentación del país.
http://www.industriall-union.org/es/la-industriall-global-union-responde-a-la-crisis-de-la-mineria-y-los-metales?utm_source=Newsletters+in+spanish&utm_cam
En base a la nota que hacen circular el sector Minero que quiere la minería al mejor estilo de los 90”, les quiero decir:
No es la misma Argentina minera que se recibió y ES la mejor Argentina minera de toda la historia. La Inversión directa acumulada: 18.600 millones US$ y exportación acumulada; 40.700 millones US$, son el resultado de las políticas activas públicas del gobierno nacional.
Contrasta con el comunicado “situación de la industria minera argentina” de un grupo de actores del sector. No se hacen cargo de la puesta en valor de Veladero; Sierra Grande; Manantial Espejo; Gualcamayo; Minera San José; Pirquitas; Casposo; Lomada Leiva; Olaroz; Cauchari; Bajo el Durazno; Cerro Negro; Yacimiento Río Turbio; ni del 130 % de crecimiento acumulado de la producción y comercialización del cemento; ni del 400 % de crecimiento acumulado de la producción de áridos; ni del 300 % de la producción de oro.
Subestiman los 6.000 nuevos proveedores nacionales nacidos desde el 2003 hasta hoy, la incorporación de miles de ladrilleros artesanales a la minería formal, los programas de capacitación, las mitigaciones ambientales, el desarrollo del litio, los 7,5 millones de metros perforados; los cientos de nuevos proyectos.
Olvidan que se partió del hambre, la desocupación y el cierre de fábricas, y obviamente, omiten el desendeudamiento, la reindustrialización y la inclusión social, logros materializados por la implementación de un programa económico, que el comunicado elije como eje para mostrar su disconformidad con el gobierno nacional.
Manifiestan su desprecio por la constitución de empresas mineras públicas promocionadas por el Gobierno Nacional, y que basadas en el artículo 124 de la Constitución Nacional, nacieron para garantizar a los pueblos provinciales, dueños de los recursos, su participación en el negocio minero/ renta minera. Jemse de Jujuy asociada por litio a Toyota, es un buen ejemplo.
Está claro, el problema de los firmantes son los lineamientos de una política económica pensada para incluir y en defensa de los más vulnerables, no de los poderosos.
Es la esencia, el corazón de las políticas lo que los perturba: el compromiso de las actividades productivas con la inclusión social.
Les molesta la apertura del sector cobijando a miles de hermanos argentinos dedicados al ladrillo artesanal en el NEA, a los productores de turba fueguina, a los pueblos originarios en el NOA, hoy protagonistas de la proveeduría de servicios y/o artesanos de la piedra.
Desean volver a atrás, desean desandar el camino.
La nostalgia de volver a ser actores protagónicos excluyentes de la actividad que los nuclea, les quita visión estratégica para el desarrollo sustentable e inclusivo del sector, en estos tiempos.
El proyecto nacional impulsa con políticas activas la construcción de una minería para el crecimiento económico con equidad social. Una minería a la Argentina! Con valor agregado, con técnicos y trabajadores argentinos, con proveedores nacionales, inserta en un mundo multipolar y con capacidad de autodeterminarse sin tutelaje alguno!
Vamos a seguir apostando al Proyecto Nacional y Popular de la actividad Minera Argentina.
Vamos a conseguir una empresa pública y estatal minera.
Vamos a tener una Minería a la Argentina, una minería de los trabajadores y su Pueblo!!!
El Gobierno sancionó a 1345 empresas por incumplimiento de normas laborales. Se publicará el listado de infractores, a los que se les restringe el acceso a beneficios estatales.
Un universo de 1345 empresas de todo el país fue sancionado por incumplir con la normativa laboral. Los nombres de las compañías están disponibles en el Repsal, el listado público de empleadores infractores lanzado en diciembre del año pasado dentro del paquete de leyes impulsadas para combatir el núcleo duro de la informalidad laboral. El empleo no registrado está concentrado en micro y pequeñas unidades productivas. Con ese diagnóstico, las principales centrales empresarias del país despotrican contra la “competencia desleal” de quienes reducen abusivamente sus costos laborales. Sin embargo, las grandes firmas son activas usuarias de las estrategias de precarización. Los registros del Ministerio de Trabajo a los que accedió Página/12 revelan que existen alrededor de 100 firmas con más de 100 trabajadores en las que se detectaron trabajadores sin registrar. En ese grupo de grandes infractores sobresalen cinco compañías con más de 1000 empleados: el supermercado Dia, la empresa Carsa, que forma parte de la cadena Musimundo, la prestadora de servicios de colocación de personal Grupo Gestión y dos compañías del sector sanidad, Basa Salud y el Instituto Quirúrgico del Callao, esta última la única que ya abonó su multa.
La informalidad laboral es el principal problema del mercado de trabajo argentino. Las significativas mejoras experimentadas a lo largo de la última década lograron quebrar la trayectoria ascendente abierta a mediados de los setenta, pero todavía hay 4,7 millones de asalariados informalizados. Si bien 6 de cada 10 trabajadores informales se desempeñan en microestablecimientos, el 40 por ciento restante son asalariados no registrados (1,1 millón de personas) que desempeñan tareas en medianas y grandes empresas.
La Ley de Promoción del Empleo Registrado y Prevención del Fraude Laboral aprobada el año pasado creó dos conjuntos de herramientas: incentivos para que los microempresarios avancen en la regularización y el fortalecimiento de las capacidades de fiscalización y sanción de los empleadores infractores. En ese esquema, el listado de infractores operaría como un mecanismo de disuasión y penalización. El Repsal establece un conjunto de penalidades y restricciones de acceso a beneficios estatales para que las empresas evasoras no puedan competir en forma desleal usufructuando de las ventajas económicas derivadas de incumplir con las normas. La estadía mínima en la lista son 60 días y la máxima asciende a tres años, dependiendo de la gravedad de las irregularidades detectadas. La pertenencia a ese grupo impide a los empleadores acceder a programas, acciones de fomento o subsidios del Estado. También los deja afuera de líneas de crédito de bancos públicos.
Los datos de la cartera laboral revelan que más del 20 por ciento de las sociedades expuestas en el registro emplean más de 50 trabajadores. Se trata de empresas prestadoras de servicios de salud, transportistas, comercios y constructoras, un conjunto de firmas que se repiten en todo el listado. Las 20 compañías infractoras más grandes emplean entre 209 y 9407 trabajadores. Las irregularidades fueron detectadas en todo el país. Por ejemplo, en Chaco se identificaron asalariados no registrados trabajando para la firma transportista San José y el grupo asegurador La Segunda.
La detección de las irregularidades depende de las tareas de fiscalización. Según admiten los propios funcionarios de la cartera laboral, como el ministro Carlos Tomada y la secretaria Noemí Rial, en ese área todavía queda un largo camino por recorrer. Entre los avances destacan la informatización de los procesos, la incorporación de nuevos inspectores y la ampliación de las capacidades de control. Pero advierten que persiste un importante grupo de provincias (son las que tienen las mayores atribuciones a la hora de realizar los controles) reticentes a cooperar y comprometerse con las tareas de inspección. Asimismo, los responsables de los equipos de fiscalización remarcan la necesidad de duplicar de 400 a 800 la cantidad de trabajadores dedicados a esas tareas, así como la importancia de coordinar las tareas con el resto de los organismos públicos que realizan trabajos similares.
El trabajo doméstico, los cuentapropistas, el empleo rural y el trabajo asalariado en construcción y comercio constituyen los rubros con más empleo no registrado. Un seminario de la OIT abordó la problemática.
“El trabajo no registrado se concentra en un núcleo duro difícil de quebrar”, dijo Noemí Rial.
“El crecimiento económico es condición necesaria pero no alcanza para reducir la informalidad, avanzamos mucho en materia de formalización laboral pero todavía falta. En la actualidad el trabajo no registrado está concentrado en un núcleo duro que es más difícil de quebrar: el 70 por ciento está en empresas de hasta cinco trabajadores”, advirtió ayer la secretaria de Trabajo, Noemí Rial. Fue durante un seminario realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde participaron representantes de la CGT y la Unión Industrial, quienes enfatizaron la relevancia de las transformaciones en la estructura productiva y el fortalecimiento de las instituciones laborales para profundizar la reducción del empleo no registrado. Acompañada por el director de OIT en Argentina, Pedro Américo Furtado de Olivera, Rial enfatizó la necesidad de profundizar las tareas de fiscalización laboral y la relevancia de contar con una estrategia activa de difusión de los estímulos a microempresas para la regularización de sus trabajadores.
La informalidad afecta a uno de cada tres asalariados. Los datos para el primer trimestre del año ubicaron la tasa de empleo no registrado en 31,9 por ciento, una reducción de 17 puntos porcentuales frente a los máximos alcanzados durante la crisis de la convertibilidad. El crecimiento económico y la creación de empleo de calidad favorecieron esa dinámica y permitieron quebrar la trayectoria ascendente registrada desde mediados de los años setenta. No obstante, el proceso de mejoras está estancado desde 2008 y la informalidad todavía afecta a 4,7 millones de personas. Ese escenario dificulta lograr niveles de no registración inferiores al 30 por ciento para 2016 como pretendía el Gobierno con el lanzamiento de la Ley de Promoción del Empleo Registrado y Prevención del Fraude Laboral el año pasado.
“Nos quedan los núcleos duros como el sector ladrillero donde recién empezamos a identificar la problemática en la que hay mucho trabajo infantil y migrantes indocumentados. Cuesta mucho fiscalizar en algunas actividades como en los talleres textiles donde hay que introducir modificaciones en la legislación para poder avanzar y responsabilizar a quienes se benefician hacia arriba de la cadena de valor”, expresó Rial en declaraciones a este diario. De acuerdo con el preciso diagnóstico elaborado por los especialistas de la OIT Fabio Bertranou y Luis Casanova, existe un núcleo duro de informalidad que está concentrado en cinco segmentos críticos de dificil formalización: el trabajo doméstico, los cuentapropistas, el empleo rural y el trabajo asalariado en la construcción y el comercio.
Si bien la informalidad laboral está concentrada en unidades productivas sin empleo formal y en los hogares (trabajo doméstico), existe un amplio universo de trabajadores precarizados que se desempeñan en empresas formales. “Más de 1100 empresas formales figuran en el Repsal, son empresas que no cumplieron con las normas laborales y fueron sancionadas, en ese listado existen alrededor de 100 compañías con más de 100 trabajadores que contratan en forma precaria”, advirtió Diego Schleser, director general de Estudios y Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo. El Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) forma parte del paquete de leyes sancionadas el año pasado.
Desde la representación sindical celebraron el nuevo paradigma desplegado en materia de políticas de inclusión social pero a su vez advirtieron sobre la intensidad de la informalidad en las provincias más pobres, entre los trabajadores de menores ingresos y los jóvenes. “Se precariza a los jóvenes para mejorar la rentabilidad de las empresas, hubo avances para contenerlos en el sistema educativo para que terminen sus estudios, pero entendemos que todavía se requiere una mayor articulación entre la educación y la inserción laboral”, expresó ayer Marita González, coordinadora de equipo multidisciplinario de trabajo decente de la CGT. Por su parte, Diego Coatz, economista jefe de la UIA, remarcó la necesidad de recuperar mayores niveles de crecimiento económico para dinamizar el mercado de trabajo y profundizar las mejoras de las condiciones de trabajo. No obstante, el representante del sector empresario sostuvo que esa estrategia debería contemplar un nuevo modelo productivo que, a través de la inversión y la innovación, enfrente la desarticulación productiva existente.
La agenda acordada en el plan de lucha del último congreso nacional de la CTA realizado en Santa Fé trazaba un rumbo claro: enfocarse en la elaboración de cuatro anteproyectos de Ley fundamentales para continuar ampliando los derechos de los trabajadores.
Ayer llegó el día de la presentación institucional de estas propuestas en el ámbito parlamentario, dando lugar a una asamblea abierta en la que los legisladores presentes ratificaron su compromiso de impulsar estos reclamos y poder convertir en ley estos cuatro anteproyectos:
- Reforma tributaria integral
- Destercerización del empleo
- Ampliación de licencias parentales
- Defensa de las cooperativas de trabajo
En la mesa de debate se encontraban el Secretario General de la CTA, Hugo Yasky; el titular de la FeTIA, y secretario Adjunto, Pedro Wasiesjko; el Secretario de Organización, Gustavo Rollandi; Cecilia Martínez de la Mesa Nacional; el secretario Gremial, Claudio Marí; Roberto Baradel, secretario de Relaciones Internacionales; la secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades, Estela Díaz; la secretaria General de Ctera, Sonia Alesso; el secretario de Prensa de Ctera, Alejo Demichelis.
Los anfitriones: el diputado nacional, Edgardo Depetri; la diputada nacional, Mara Brawer; la diputada nacional, Marilu Leverberg y Héctor Recalde, presidente de la Comisión de Legislación Laboral,
A la hora de explicar cada una de las propuestas con mayor detalle (cuestión que ampliaremos en notas sucesivas), Pedro Wasiejko señaló que en el caso de las tercerizaciones se ha presentado una propuesta que pretende regular sus abusos, ya que se instaló con mucha voracidad en el ámbito productivo, «como unma falsa herramienta a favor y en fomento de la actividad productiva, pero finalmente ha sido la puerta para la precarización y la informalidad».
Papeleros de la región continúan expresando su solidaridad con los trabajadores del SOEP.
En este caso se trata de la Federación de Obreros, Papeleros, Cartoneros del Uruguay (FOPCU) afiliados al PIT-CNT quien, a través de su Presidente, se dirigen al Presidente de Arauco en Argentina para solicitarles la reincorporación de los veinte trabajadores despedidos.
A su vez el FOPCU envía su solidaridad al Sindicato, manifestando su apoyo a la lucha de los trabajadores por la reincorporación de los veinte despedidos y por el fin de la precarización en esa fábrica.
Aquí las dos cartas enviadas por la Federación de Obreros, Papeleros, Cartoneros del Uruguay (FOPCU) afiliados al PIT-CNT
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La FeTIA se movilizará junto a la CTA este jueves 13 de agosto a las 14:00 horas frente al Congreso de la Nación para presentar en audiencia pública y reclamar el urgente tratamiento parlamentario de los proyectos de ley de limitación de las tercerizaciones, de reforma tributaria integral, de responsabilidades parentales, de protección y derechos de los trabajadores de empresas autogestionadas y de Riesgo de Trabajo.
Esta convocatoria reconoce como antecedentes, entre otros, las resoluciones de la asamblea de la Mesa Nacional de la CTA que lideran Hugo Yasky y Pedro Wasiejko, así como las actividades impulsadas por la FeTIA y los Departamentos Jurídicos de ambas organizaciones.
En la última reunión del equipo Jurídico de la FeTIA, su director, el doctor León Piasek, presentó los temas de los proyectos de ley que la CTA y FeTIA impulsan en el marco de la discusión de un Nuevo Código de Trabajo: -Proyecto de ley que ponga límite a la tercerización, – propuesta legislativa de modificación del impuesto a la 4ta Categoría, en el marco de la Reforma Tributaria integral de carácter progresivo. – Apoyo al proyecto de Ley de Responsabilidades Parentales Compartidas (sobre el que se explayó Alejandro Ferrari abogado de la CTA). -Sistema legal de protección y derechos de los trabajadores (cooperantes) de empresas autogestionadas. -Derogación de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT)- Proyecto de nueva Ley.
Pedro Wasiejko reconoció al aporte trascendente que desde lo jurídico se hizo durante 25 años al desarrollo y consolidación de la CTA, y planteó que “como trabajadores tenemos el compromiso de impulsar un modelo de país más inclusivo” y para ello tenemos que tener como norte impulsar medidas y herramientas que permitan democratizar el lugar de trabajo. Propender a la igualdad en todos sus aspectos, recogiendo la ampliación de derechos de estos últimos doce años, lo que conforme lo expresó Wasiejko y coincidieron los presentes, debe ser un piso para avanzar en nuevos derechos, que se incluyen en el temario propuesto para trabajar desde el aspecto jurídico.
Hubo un amplio intercambio de posiciones y pareceres entre los presentes, donde fueron muy enriquecedoras las experiencias y estrategias a las que cada abogado laboralista de las distintas provincias apela para hacer más efectivo su trabajo en defensa de los derechos de los trabajadores. También fueron ilustrativas las exposiciones respecto de las distintas formas del trabajo no registrado, del alto índice de precarización en la mayoría de los lugares de trabajo y las distintas estrategias de los empresarios para mantener esta situación y sacar el mayor provecho de ellas. Caso emblemático, la situación de los talleres clandestinos con trabajo esclavo que se agudiza en el sector textil.
Ver nota: FeTIA trabaja en nuevos proyectos de ley
Luego de enfrentar despidos y detenciones por parte de la empresa Arauco, Argentina, los trabajadores del sindicato SOEP reclaman el reintegro de sus compañeros y mejores condiciones laborales. IndustriALL se solidariza con los trabajadores y los respalda para que luchen por sus derechos.
El Sindicato de Obreros y Empleados Papeleros (SOEP) de Misiones actualmente reclama que reintegren a los 20 trabajadores despedidos de la empresa de celulosa Arauco. El SOEP está adherido a la Federación de Trabajadores de la Energía, Industria, Servicios y Afines (FeTIA), quien a su vez es afiliada a IndustriALL Global Union. También piden mejores condiciones de trabajo porque aseguran que existe insalubridad laboral.
Los trabajadores decidieron protestar para mostrar su rechazo ante la decisión de la empresa de despedir a más de 20 compañeros. Ante ello la empresa respondió deteniendo a 11 que ejercían su derecho a huelga. Si bien horas después fueron liberados, el secretario general de la FeTIA, Pedro Wasiejko asegura que se trató de «una práctica desleal e ilegítima que es costumbre en esta patronal».
El gremio decidió levantar las medidas de protesta a la espera de que la empresa reincorpore a los despedidos. Por su parte el Ministerio de Trabajo decretó la conciliación obligatoria y se comprometió a arbitrar todos los medios para la reincorporación de los despedidos.
Además el Ministerio de Trabajo declaró «la insalubridad laboral» en doce áreas de la planta de pasta de la celulosa ex Alto Paraná, ubicada en la localidad de Puerto Esperanza. Los trabajadores reclaman desde hace meses la aplicación de la ley de insalubridad.
Jorge Almeida, Secretario Regional de IndustriALL considera que:
“IndustriALL se suma al pedido de la organización y se mantiene presta a brindar la solidaridad necesaria para encontrar una solución al conflicto”