En representación del compañero Hugo Yasky, secretario general de CTA, que viajó a São Paulo, Brasil, en apoyo al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, estuvieron presentes en el Salón Arturo Illia de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, los compañeros Pedro Wasiejko, secretario general adjunto de CTA y titular de la Federación de Trabajadores de la Energía, Industria, Servicios y Afines (FeTIA)
y del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), y Eduardo Basualdo, director de CIFRA-CTA (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina – Central de los Trabajadores de Argentina) quienes expusieron sus argumentos para desestimar la firma del acuerdo de pago a los fondos buitres que ya cuenta con media sanción en Diputados.
El compañero Pedro Wasiejko describió: “El proyecto del Poder Ejecutivo para cancelar la deuda del 7 % de los acreedores que no accedían al canje significa un monto sumamente importante que va a implicar la emisión de bonos por 15.000 millones de dólares. El capital inicial era de 6000 millones, se fue expandiendo por los intereses punitorios y otras cuestiones y termina llegando a este valor que compromete la situación económica del país desde el punto de vista de la coyuntura pero también en el mediano y largo plazo”.
Por otro lado, detalló: “La quita promedio del 25 % termina generando condiciones que implican que se termine pagando alrededor de 15.000 millones de dólares con toda seguridad”. Aunque luego una de las senadoras presentes aclaró que en a partir de las posteriores modificaciones se estableció un límite fijo de 12.500 millones de dólares, el número continúa siendo considerable. “Esta quita del 25 % es inferior a la que ofrecían los propios fondos buitres unos meses atrás cuando estaban ofreciendo alrededor del 30 %. Esto nos llama poderosamente la atención”, subrayó Wasiejko.
“Debido a la situación que estamos viviendo se incrementaría el monto de la deuda, y, por otro lado, desde la Central de Trabajadores hacemos un análisis respecto de la significancia que tiene la utilización de esta inmensa cantidad de recursos económicos por parte del país: serviría para solventar por seis años el pago de la Asignación Universal por Hijo, o podríamos estar cumpliendo con el pago por más de un año de las jubilaciones mínimas, o podríamos plantear la construcción de 250 mil viviendas para beneficiar a casi un millón de personas, o 45 mil kilómetros de redes cloacales, o 12 mil kilómetros de rutas, o 6 mil kilómetros de autopistas lo que además traería el beneficio directo de la reducción de accidentes mortales, mayor seguridad y reducción de los costos de los seguros y por lo tanto de los fletes. Todas cuestiones mucho más importantes para el mantenimiento de una economía con crecimiento y generación de empleo”.
“Más allá de la cláusula Rufo que ya cumplió su período fijado, los efectos que puede haber teniendo en cuenta la experiencia que hemos tenido con el juez Griesa en situaciones que se han dado en el exterior como el caso de la Fragata, podrían implicar la intervención de algún tribunal en otro país que genere complicaciones por alguna cuestión pendiente en este acuerdo, poniendo en riesgo la deuda que ya está reestructurada que es del 93 %. Si este acuerdo se hiciera con el 7 %, seguramente también está la posibilidad de que algún saldo pendiente genere algún problema y fundamentalmente, lo más grave y riesgoso es el 93 % que ya fue reestructurado en su momento”.
“Hay otro tema que es clave y tiene que ver con los intermediarios, o sea, los bancos, abogados, mediadores. Esto tiene que estar claramente establecido, informado, predeterminado. No nos gustaría vivir situaciones similares a las que hemos vivido con anterioridad. Si hablamos de mejorar la calidad democrática y la calidad del manejo administrativo, nos parece que en una situación como esta debería demostrarse un avance”.
“Estábamos viviendo una situación económica en nuestro país que si bien no era como la de la primera etapa que va del 2004 al 2009 -hasta la crisis económica global- de crecimiento a tasas importantes, sino que esto se había reducido y estábamos teniendo los trabajadores problemas con respecto al seguimiento de nuestros salarios y a la inflación; sin embargo, el nivel de empleo se mantenía y, aunque levemente, venía creciendo fundamentalmente en el sector industrial. Lo que estamos viendo en este momento es una apertura económica indiscriminada con una globalización de carácter abierto, que de por sí la globalización no tiene nada de malo sino que depende de con qué orientación se haga. Liberada la posibilidad del ingreso de productos importados y con medidas de ajustes económicos, nos preocupan considerablemente los ajustes que pueda producir un acuerdo de este tipo en la economía global y en la búsqueda de recursos para poder dar cumplimiento a estas obligaciones, con consecuencias directas que ya estamos viviendo en las recaudaciones de nuestros sindicatos, de nuestras obras sociales que se han disminuido en algunos casos en un 10 %. Tenemos quejas del sector empresario respecto del ingreso indiscriminado de productos importados. Y desde el punto de vista de la Central tenemos situaciones de despidos en diferentes empresas, con lo cual estamos entrando en una situación que ya hemos padecido en la década del 90, y por eso rechazamos este acuerdo con los fondos buitre que nos está poniendo desde sus fundamentos en una situación de riesgo”, sentenció el compañero Wasiejko.
Respecto del ingreso al mercado internacional de dólares y a los créditos, el secretario general adjunto de CTA señaló: “Estamos en contacto con centrales sindicales de otros países que también han salido a endeudarse, como México, Colombia, Perú, y está alejado totalmente de la realidad la hipótesis de que podrán conseguirse recursos a tasas como la de Uruguay o Bolivia, según se decía en algún momento. La situación internacional varía con mucha velocidad y lo que uno considera que es apropiado en determinado momento, puede ocurrir que cambien las condiciones como vimos en los últimos tiempos con la reducción de los precios de los commodities y la demanda de solicitud de préstamo de otros países aumentará el costo de los intereses y encarecerá esta situación”.
A la par, el compañero Eduardo Basualdo definió: “Este acuerdo con los fondos buitres implica la derogación de dos leyes importantes, como son la de Pago Soberano y la Cerrojo. Como lo mencionó nuestro secretario general Hugo Yasky ante las Comisiones de Diputados, y lo acaba de mencionar nuestro secretario adjunto Pedro Wasiejko, la CTA de los Trabajadores está opuesta a este acuerdo porque efectivamente se trata de una imposición externa que está fijando los plazos y condiciones de una discusión tan importante como la que estamos tratando y sin tener una consulta con el soberano que no es el actual presidente sino el pueblo. Esto requeriría un poco más de tiempo pero sería un reaseguro contar con la voluntad popular. Lo digo estando en contra de este acuerdo y pensando que probablemente la voluntad popular, en este momento por una inferioridad de factores, sea aprobar este acuerdo. Porque hay una presión tal sobre que de aquí en más, no teniendo este acuerdo con los fondos buitre, viene una profundización de un ajuste, que lo llaman ‘generoso’ o ‘leve’, como el que se ha dado hasta ahora; son presiones que juegan en la voluntad popular también”.
“La CTA se opone a este acuerdo porque es apresurado y tiene un alto coeficiente de riesgo en tanto pone en cuestión la reestructuración de la deuda externa pública, la solvencia y el crecimiento de la Argentina, dando lugar a un nuevo ciclo de endeudamiento. Este alto coeficiente de riesgo está vinculado a los acreedores regidos por leyes de otros países fuera de Estados Unidos y los acreedores de títulos cuyo pago no fue aún reclamado pero puede existir. No reclamar un pago es también una estrategia de cobro. Estos dos tipos de tenedores que en conjunto representan, según las estimaciones que hemos podido hacer, una deuda de alrededor de 8000 millones de dólares, es decir, lo que equivale a aproximadamente el 50 % de aquellos tenedores que no entraron en el canje y que como todos sabemos representan al 7 % del total. Pero el riesgo también abarca a aquellos tenedores que efectivamente entraron en el canje del 2005 y del 2010 y que representan al 93 % del monto”.
En este sentido, el compañero Basualdo compartió dos testimonios, a modo de ejemplo, que según aclaró, no provienen ni del kirchnerismo ni de la CTA. Se refirió a los dichos del ex ministro de Economía Roberto Lavagna en una entrevista con la radio Cadena 3 de Córdoba y a un artículo de hace unos días en el diario digital BAE. “El primero se refiere a la caracterización que realizó la agencia internacional Bloomberg publicado en el diario digital BAE. El periodista que reseña y sintetiza las afirmaciones de esta agencia se llama Darío Ganio y dice que esta sostuvo que ‘Wall Street está a cargo de la Argentina nuevamente’. Y agrega: ‘Desde su triunfo en noviembre, el presidente Mauricio Macri, un exempresario, ha llenado el Estado con empresarios, financistas, economistas y ejecutivos. No son sólo los alumnos del JP Morgan o del Deutsche Bank los que dominan los puestos gubernamentales, Goldman Sachs y Morgan Stanley están representados también’”. Respecto de los dichos de Lavagna, Basualdo señaló: “Es un referente del Frente Renovador que calificó como ‘malo y extremadamente caro’ el acuerdo del gobierno con los fondos buitre. Destacó que ‘para resolver 90.000 millones de dólares se liquidan 35.000. Ahora, para resolver menos de 5000 millones, se emiten 12.500. Las cifras son elocuentes’, termina diciendo. Luego hace algunas advertencias relevantes: ‘En el caso de que este Senado Nacional convierta en Ley el proyecto de normalización de la deuda pública y recuperación del crédito aún habrá riesgo de nuevas demandas’. Está el riesgo de ese 3,5 % de los ‘holdouts’ que no aceptó la propuesta argentina. Hay también algún riesgo de que quienes ingresaron voluntariamente en el canje, el 93 %, se sienta afectado por este arreglo y plantee algún tipo de problema. Si esto se diera, la situación de complicaría mucho”.
El compañero Basualdo sugirió leer el documento CIFRA-CTA N°15 “La naturaleza política y económica de la alianza Cambiemos” – Febrero 2016*, realizado en conjunto entre CIFRA-CTA y el área de Economía de Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). “Allí van a encontrar el respaldo empírico de cómo están compuestos los gabinetes, a quiénes están representando y de dónde vienen”. Y por último comparó la etapa económica actual con la de la última dictadura cívico militar. “La dictadura puso en marcha un patrón de acumulación de capital que se extiende desde 1976 hasta el 2001. Hay un comportamiento de la sociedad argentina en todas esas décadas que tiene que ver con una forma de organización del Estado, de luchas sociales, de variables económicas, estructura productiva, etc., no porque no existieran antes sino que el predominio de ciertas variables económicas fue distinto al de etapas anteriores. La dictadura inició un fenómeno económico, político y social equivalente a lo que fue el modelo agroexportador que a principios del siglo XX fue conducido por la oligarquía pampeana, es también equivalente a la primera etapa de sustitución de importaciones que culminó en la década del 50 cuando se interrumpió la gestión del peronismo mediante un golpe de Estado en 1955, también a la segunda etapa de sustitución de importaciones que a partir del 58 consistió, de la mano del desarrollismo en un gobierno condicionado, en la instalación de la industria pesada en la Argentina ya no conducida por un gobierno nacional y popular como el peronismo sino por un gobierno condicionado por el desarrollismo con el predominio económico del capital extranjero industrial”.
“La dictadura impulsó un patrón de acumulación sumamente regresivo, porque articuló una redistribución del ingreso en contra de los asalariados que por su profundidad fue inédita. Entre el 76 y el 77, los asalariados en Argentina perdieron 18 puntos del Producto Bruto. Por otro lado, impulsó una política económica de corte monetarista y un proceso de desindustrialización. Ese patrón de acumulación implicó un endeudamiento aceleradísimo de la deuda externa estatal y privada, de 7000 millones a 140.000 entre el 76 y el 2001. Este proceso no culmina con inversión sino con fuga de capitales al exterior. Es la etapa donde la alta y media burguesía en nuestro país se dolarizan. Para concluir, desde la CTA sostenemos que este acuerdo le abre la puerta nuevamente al endeudamiento externo masivo de la Argentina y de la fuga de capitales que nunca cesó desde el 76 en adelante. La aprobación de este acuerdo le plantea el siguiente horizonte a nuestra clase trabajadora: un nuevo ciclo de endeudamiento, recrudecimiento de la fuga de capitales al exterior y la consecuente reducción de la inversión privada”.
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