“Esta política del Poder Ejecutivo en lo referente a precios y tarifas de luz, gas, agua y cloacas, sumada a la liberación de los precios de los combustibles, comportan un intencional desconocimiento del papel del Estado como garante de los derechos de los usuarios. Y ello sólo puede explicarse en la determinación gubernamental de favorecer a las grandes empresas vinculadas a la oferta de servicios públicos. Es que mientras en los hogares de los jubilados, de los cesanteados, en las casas de todas y todos los que viven de su trabajo y no del trabajo ajeno, tienen que elegir entre un plato de comida o pagar la luz, los Aranguren, los Caputo, los Dujovne y todos los que tienen sus capitales en las guaridas fiscales, suman ganancias y beneficios con cada aumento de tarifa.”

Y luego agregábamos que: “Sin embargo, no sólo quienes viven de su sueldo padecen esta política del tarifazo. Las cooperativas, empresas recuperadas y, en general, las pequeñas y medianas unidades productivas y de servicios –que son las que emplean el mayor número de mano de obra en nuestro país- ya no pueden hacer frente a las facturas. El aumento desproporcionado del precio de los servicios impacta directamente en la estructura de costos de estas unidades de capital nacional, pero también lo hace de modo indirecto en aquellos sectores con altos eslabonamientos productivos como cemento, químicas básicas, celulosa y papel, textil, etc., provocando un efecto cascada en toda la estructura productiva.”

Ya por entonces, la situación era dramática, por lo que no dudamos en exigir que: “Las tarifas aprobadas hasta el presente no se apliquen por un año, contado a partir del 1° de enero de 2018, debiendo retrotraerse a los valores vigentes al 31 de diciembre de 2017 y que se proceda a la devolución de los importes excedentes mediante descuentos en las facturas pendientes o subsiguientes.”

A nueve meses de aquellas denuncias y exigencias, este gobierno neocolonial no sólo hizo oídos sordos a dichos reclamos sino que, a la par de profundizar su política de entrega y subordinación a los dictados del gran capital financiero mundial, persiste en ahogar las economías familiares del pueblo trabajador con otro brutal aumento de tarifas y, a la par, condena al cierre a miles de pequeñas y medianas empresas.

En efecto, los anuncios oficiales dan cuenta de que habrá un aumento del 40% en promedio para colectivos y trenes. Así, en marzo, el boleto de colectivo llegará a $18, mientras que el de tren alcanzará los $12,25. El subte subirá a $21 en abril, mientras que los peajes de ingreso a la Ciudad de Buenos Aires costarán, en promedio, $65
Las tarifas eléctricas, por su parte, tendrán un aumento del 55% con parciales de 26% en febrero, 14% en marzo, 4% en abril y 4% en agosto.

El agua alcanzará un aumento del 48% y el impuesto capitalino por alumbrado, barrido y limpieza será del 34%.

Estas cifras, que de por sí son abrumadoramente inalcanzables para la mujer y hombre de trabajo, en la práctica duplican la inflación oficial estimada para todo el año 2019, de tal suerte que la perversidad del gobierno de los ricos –aun para con sus ingenuos y honestos votantes populares- supera todos los límites.

Millones de horas de trabajo, creadoras de riqueza, son violentamente expropiadas en beneficio de una minoría voraz, autoritaria y entreguista. Nunca como ahora los bancos han amasado fortunas. Nunca antes las grandes empresas transnacionales han obtenido lucros gigantescos. Jamás la Argentina había alcanzado semejante endeudamiento externo que, como es sabido, compromete el futuro y la esperanza de las generaciones venideras.

Estamos frente a una fracción rapaz de la clase dominante que, incluso, no duda en disciplinar a sus antiguos socios en el bloque de poder con los mismos argumentos judiciales con los que persigue a una parte de la oposición.

Pero nosotros, mujeres y hombres de trabajo, no dudamos en afirmar que en este presente aciago en el que se juega la dignidad del pueblo del que orgullosamente nos sentimos parte, tenemos una alternativa.

Nuestra historia y nuestros mayores nos han enseñado que en los peores momentos, cuando todo parece sucumbir a la resignación, cuando el poder del revanchismo semeja una aceitada máquina de persecución y escarmiento y las propias fuerzas flaquean, allí, en ese instante, surge la voluntad indómita de quienes sólo sabemos vivir de nuestros salarios y no del esfuerzo ajeno.

De manera tal que, conscientes del poder que ostentan quienes buscan destruir nuestra capacidad de resistencia, convocamos a poner en la calle todas y cada una de la reivindicaciones más sentidas. No damos por agotada, con esta proclama, la protesta contra el tarifazo y el ajuste brutal. Al contrario, llamamos a realizar marchas en todo el país – como ésta que estamos haciendo ahora en la Ciudad de Buenos Aires y simultáneamente en Córdoba y Comodoro Rivadavia – y así lo haremos también el próximo 17 en Rosario y Santa Fe, el 24 en Mar del Plata, el 31 en Bariloche y el 7 de febrero en Mendoza.

Asimismo, hacemos un llamamiento a toda la oposición parlamentaria a aunar esfuerzos para impedir, desde el Congreso de la Nación, que este nuevo atropello se consume y obligar al Poder Ejecutivo Nacional a que dé marcha atrás con estas políticas de exacción del esfuerzo de millones y millones de argentinas y argentinos.

Que quede claro, entonces: no nos resignamos ni levantamos bandera blanca y seguiremos en las calles movilizados hasta derrotar la política del hambre y el ajuste. Decimos no a la reforma laboral. Decimos no a la reforma previsional. Decimos no al tarifazo. Basta de atropellos contra el pueblo argentino.-

CTA Autónoma-Frente Sindical para el Modelo Nacional– 62 Organizaciones-Movimiento 21F-CTA de los Trabajadores