León Piasek, Presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas y abogado de la FeTIA nos ha enviado el análisis que la asociación de Abogados Laboralistas ha realizado del proyecto del Código Penal. Este documento tiene una visión distintiva, desde la tutela de los derechos de los trabajadores. algo que hasta ahora no se ha planteado en los sucesivos debates.
Piasek nos aclara que no se ha debatido la introducción de un capítulo o normas penales que condenen los ilícitos, en los que los empleadores, sus directivos, gerentes, etc sean los responsables. «Se han comparado normas vigentes en otros países y los juristas que han redactado el documento, que la Asociación hizo suyo, proponen al debate que se discuta el castigo al fraude laboral y otros delitos que no son reflejados en el proyecto. Iniciamos el debate ausente hoy en la sociedad y en los medios». Adjuntamos entonces el documento de la Asociación de Abogados Laboralistas.
DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS LABORALISTAS RELATIVA AL ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
1. Introducción
El presente documento tiene por objeto establecer una posición institucional respecto del Anteproyecto de reforma del Código Penal recientemente girado al Poder Ejecutivo Nacional, en especial en todo lo relativo a los aspectos que resultan de particular relevancia para los trabajadores y sus organizaciones sindicales.
En tal sentido, corresponde señalar que esta Asociación considera positiva la intención política del Poder Ejecutivo Nacional de reformar integralmente una norma que resulta fundamental para el normal funcionamiento de la sociedad como el Código Penal, toda vez que considera que su texto vigente se encuentra claramente desactualizado y, en algunos aspectos, hasta caduco.
Asimismo, se comparte la alegada necesidad de unificar y sistematizar en una sola norma codificada la importante cantidad de normas penales especiales vigentes, como así también de compatibilizar cualitativa y cuantitativamente los diversos tipos penales y las distintas sanciones previstas para cada delito.
No obstante, consideramos que la necesaria reforma en cuestión no debe ser producto del criterio de uno o varios juristas iluminados, sino que debe provenir de una construcción colectiva que reúna el mayor consenso social y político posible, el cual sólo puede alcanzarse a través de un amplio debate que considere las ideas, criterios, valores e intereses de todos los sectores relevantes de la sociedad.
Es por ello que esta Asociación considera pertinente y oportuno formular una serie de reflexiones referidas a los diversos aspectos de la reforma en cuestión que de manera directa o indirecta afectan tanto positiva como negativamente a los intereses de los trabajadores, como así también proponer la introducción de distintas cuestiones atinentes a los derechos e intereses de dicho colectivo social que han sido omitidas.
2.- Consideraciones preliminares
Previo a toda consideración, cabe señalar que esta Asociación tiene la firme convicción que, en el marco de sociedades altamente desiguales e injustas como la argentina, regidas por un sistema capitalista de producción y acumulación de riqueza, el sistema penal ha sido históricamente utilizado por los sectores que detentan el poder político y económico como una herramienta a los fines del mantenimiento de tal objetable estado de cosas.
Cabal prueba de ello resulta ser el hecho que la casi totalidad de las personas que abarrotan nuestras cárceles ostentan –casi invariablemente— un por demás bajo nivel socio-económico-cultural y fueron condenadas o imputadas en orden a conductas ilícitas directa o indirectamente relacionadas con la pobreza, la marginalidad y la exclusión social, tales como delitos contra la propiedad y el micro tráfico de estupefacientes, entre otros.
Precisamente, ante el delito de naturaleza “social”, la respuesta de nuestro sistema penal se limita a la represión y punición de la persona que ha delinquido y, en la realidad, adolece de falta de propuestas, planes o programas efectivos tendientes a la eliminación o disminución de las causas objetivas de dicha particular especie de criminalidad, tales como el desempleo, la evasión fiscal y previsional, la precarización laboral, la deserción escolar y el narcotráfico, entre otros, extremo que, en gran medida, explica el sostenido incremento de los índices delictivos y el mantenimiento de un elevado nivel de reincidencia criminal.
Por contrapartida, el sistema penal argentino se presenta por demás selectivo, extremo que se refleja en el hecho que, a pesar que en nuestro país, por ejemplo, la evasión fiscal y previsional y la corrupción pública y privada se encuentran ampliamente naturalizadas, resultan escasas las sentencias condenatorias como consecuencia de la comisión de delitos económicos, a pesar de la extrema dañosidad social que dicha clase de ilícitos genera, en tanto contribuyen significativamente a desfinanciar los diversos sistemas de seguridad y asistencia social administrados por el Estado.
Dicha selectividad también se evidencia en el hecho que la legislación penal actualmente vigente en nuestro país omite casi por completo tutelar los principales bienes jurídicos específicos inherentes a la persona del trabajador, tales como su vida, su salud psicofísica, su libertad, su dignidad, su patrimonio, sus condiciones legales y convencionales de trabajo, el acceso a los beneficios de la seguridad social, entre otros, a pesar que resulta de público y notorio conocimiento que dichos bienes jurídicos son cotidiana, sistemática e impunemente vulnerados en virtualmente todos ámbitos en los que se desarrollan relaciones de trabajo humano dependiente y subordinado.
Tal contexto de grosera selectividad –que garantiza impunidad— y de palmaria inutilidad –pues la desesperación rara vez cede ante una amenaza de sanción remota y futura— han dado por tierra –al menos en nuestra realidad argentina y, por qué no, latinoamericana— con las arcaicas teorías que sostienen que el principal objetivo del derecho penal resulta ser la prevención general, es decir, la disuasión de la ciudadanía a través del establecimiento de una pena frente a determinada conducta que la sociedad considera disvaliosa.
Sin embargo, tal vez dicha tesis resultaría procedente, en alguna medida, si el sistema también alcanzara a aquellos justiciables que, por sus circunstancias personales o patrimoniales, padecen una menor dificultad para respetar la ley y, además, tienen algo que perder.
En ese orden de ideas, esta Asociación considera sumamente necesario, y ajustado a los principios constitucionales de protección del trabajo y de los trabajadores y de igualdad ante la ley que rigen nuestra disciplina (arts. 14 bis y 16 de la Constitución Nacional), que el nuevo texto de dicho fundamental cuerpo normativo contenga un capítulo especial que tipifique específicamente las numerosas y frecuentes conductas en las que suelen incurrir, en el marco de relaciones de trabajo, los empleadores en perjuicio de los derechos e intereses de sus dependientes.
Dicha necesidad de la expresa creación de un Derecho Penal del Trabajo obedece a tres razones claramente diferenciadas.
En primer lugar, si como con frecuencia se sostiene, el Código Penal constituye el decálogo de los valores perseguidos por la sociedad, la protección integral de los derechos e intereses del trabajador, sujeto de preferente tutela constitucional, conforme reciente y reiterada doctrina de la Corte Suprema, no debería quedar excluida.
En segundo término, y sin perjuicio de compartirse el criterio de que la tipificación penal de un conducta debe constituir el último recurso normativo, sobre todo en cuestiones de índole patrimonial, dicho criterio debe ceder ante una realidad que nos muestra inequívocamente la evidente incapacidad que presentan las normas laborales y administrativas actual y largamente vigentes a los fines de garantizar a los trabajadores la efectiva protección de sus derechos e intereses.
En tercer lugar, la necesidad de un tratamiento legislativo penal específico respecto de los derechos e intereses de los trabajadores deriva de la fuerte resistencia que vienen desde antaño ofreciendo los magistrados de los fueros criminal y correccional a los fines de investigar y/o juzgar ilícitos perpetrados en el marco de relaciones laborales a través de la aplicación de los diversos tipos penales de carácter general.
Finalmente, y a todo evento, cabe agregar que nuestra historia reciente ha desechado definitivamente el remanido y por demás perimido adagio neoliberal que pregonaba falazmente que un mayor nivel de tutela de los derechos de los trabajadores conspiraba contra la inversión, la creación de empleo y el nivel de ocupación.
En suma, esta Asociación considera que, al igual que ocurre en diversos sistemas de relaciones laborales de naturaleza jurídica similar al argentino, como por ejemplo, el español y el francés, determinados derechos de los trabajadores, por relevancia y esencialidad, deben contar con una protección legal adicional en la órbita del derecho penal.
3.- Breve análisis del anteproyecto
En principio, corresponde señalar que esta Asociación considera sumamente positivos ciertos aspectos generales del anteproyecto de reforma bajo análisis, tales como la despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, la tipificación del diversos delitos contra la Humanidad, la tipificación del daño ecológico y ambiental, la propuesta de alternativas a la pena privativa de la libertad y la eliminación del instituto de la reincidencia, cuya constitucionalidad aparece –cuando menos— dudosa, a la luz de lo normado por el art. 18 de la Constitución Nacional.
Por otra parte, en el plano de los derechos de los trabajadores, resulta auspicioso que un capítulo (en realidad, un artículo) del anteproyecto se refiera a los “Delitos contra la libertad y dignidad del trabajo”. Aunque no consideramos atinada su inclusión dentro del Título “Delitos Contra la Libertad” por no ser ése el único bien jurídico afectado en los delitos que padecen los trabajadores, y tampoco consideramos que dicho título sea correcto, pues el afectado no es el trabajo sino los trabajadores.
En tal sentido, el inc. 1° del art. 124 expresamente dispone que “Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años y multa de DIEZ (10) a DOSCIENTOS (200) días, el que mediante engaño, abuso de una situación de vulnerabilidad o actos simulados, contratare a una o más personas en forma clandestina, imponiéndoles condiciones de trabajo que afectaren gravemente su dignidad”.
Por su parte, el inciso 2° de dicha norma establece que “En la misma pena incurrirá el que aprovechare económicamente el trabajo de un menor de diez y seis años, en violación de las normas que prohíben el trabajo infantil. No será punible el padre, madre, tutor o guardador del menor”.
Asimismo, la norma bajo estudio, en su inciso 3°, dispone que “Será penado con multa de QUINCE (15) a CIENTO OCHENTA (180) días, el que omitiere proveer a sus trabajadores de los medios necesarios para ejercer su actividad en las condiciones de seguridad y salud que impusieren las leyes o reglamentos”.
Finalmente, el inciso 4° de la norma en cuestión establece que “Será penado con multa de TREINTA (30) a CIENTO OCHENTA (180) días e inhabilitación de UNO (1) a CINCO (5) años, el funcionario, profesional o cualquier otro que tuviere el deber legal de control y vigilancia del cumplimiento de las normas a que se refieren los tres incisos precedentes, y que hubieren ocultado o tolerado los hechos allí descriptos”.
Por otra parte, no resulta menor lo dispuesto por el art. 183° del proyecto bajo estudio, en cuanto, a pesar de cierta imprecisión terminológica, pretender sancionar la omisión en el otorgamiento de las prestaciones de asistencia médica o farmacéutica previstas por la ley 24.557 (Ley de Riesgos del Trabajo) en que incurran los empleadores auto asegurados o no asegurados o, en su caso, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo “cuando estuvieren legalmente obligados a ello”.
Ahora bien, considerando aún como válida y hasta loable la intención del proyecto de proteger determinados bienes jurídicos inherentes a los trabajadores, tales como la dignidad (art. 124 inc. 1) y la salud (art. 124 incs. 3 y 4 y art. 183), como así también de proteger a los niños y adolescentes frente a la explotación laboral (art. 124 inc. 2), lo cierto es que los tipos penales contenidos en dichos artículos han sido descriptos con un excesivo grado de imprecisión, vaguedad y laxitud, extremo que, en la práctica, tornaría inaplicables e inoperantes a las normas en cuestión, todo ello en virtud de las reglas y principios propios que surgen de la Teoría General del Derecho Penal y de las garantías constitucionales que rigen el proceso penal.
En tal sentido, ¿a qué se refiere el artículo 124 inc. 1° cuando sanciona la contratación de personas “… en forma clandestina, imponiéndoles condiciones de trabajo que afectaren gravemente su dignidad…”? ¿Qué debe entenderse por “clandestino” y por “dignidad del trabajador”?
Otro claro ejemplo de lo antedicho surge del inciso 2° de dicha norma, el cual resulta –cuando menos— impreciso al no especificar quién sería el sujeto activo de la conducta tipificada (¿el empleador o el mayor que se beneficie del salario al menor?).
En igual sentido, dicho inciso, al tipificar el aprovechamiento económico del trabajo de un menor de 16 años, dejaría sin sanción a aquellos empleadores que se sirvan del trabajo de menores en actividades sin fines de lucro, tales como el trabajo doméstico o el servicio personal.
Por otra parte, si bien resulta positiva la intención de sancionar a quien “omitiere proveer a sus trabajadores de los medios necesarios para ejercer su actividad en las condiciones de seguridad y salud que impusieren las leyes o reglamentos”, la norma propuesta resulta imprecisa y vaga en la determinación del sujeto activo de dicha conducta típica (¿el dueño de la empresa?, ¿el presidente de la sociedad?, ¿el gerente de seguridad en el trabajo?, ¿el capataz?, etc.), como así también omite hacer referencia al incumplimiento de otras normas y reglas de seguridad del trabajo distintas de la mera provisión al trabajador de medios para que pueda ejercer su actividades en condiciones seguras.
En otro orden de ideas, esta Asociación observa con preocupación que el art. 190º del anteproyecto que nos ocupa sanciona a quien “… sin crear una situación de peligro común, impidiere o interrumpiere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire, los servicios públicos de comunicación telefónica, radiofónica o electrónica, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, o resistiere con violencia su restablecimiento…”, toda vez que dicha norma podría ser invocada a los fines de la criminalización de la protesta social y de los trabajadores que ejerzan el constitucionalmente garantizado derecho de huelga en diversos ámbitos de trabajo o actividades que no corresponde que sean calificadas, de acuerdo a la normativa vigente (ley 25.877), como servicios esenciales.
En igual sentido, el Anteproyecto mantiene diferentes tipos penales que en la práctica está siendo frecuentemente utilizados a los fines de criminalizar el derecho de huelga y el protesta social, tales como los delitos de coacción (art. 116), abandono e interrupción de servicio (arts. 189 y 190), intimidación pública (art. 210), sedición (art. 240), alzamientos ilegales (art. 241), atentado contra la autoridad (art. 248), etc.
Es por ello que resulta de suma importancia modificar tales disposiciones a efectos que se deje expresa constancia que los mismos no resultan aplicables a manifestaciones en reclamo del cumplimiento de los derechos humanos expresamente previstos en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de DD.HH. ratificados por nuestro país y en otras disposiciones legales, en general, y a hechos huelguísticos y/o conflictos laborales, en particular.
Asimismo, visto su nacimiento espureo a la luz de las exigencias de los países dominantes y considerando que en la práctica se ha transformado en una herramienta que se utiliza para reprimir fundamentalmente a los trabajadores y desposeídos que luchan por sus derechos, esta asociación ratifica su repudio a la denominada “Ley Antiterrorista” (Ley 26.734) expresada en anteriores declaraciones y documentos, y lamenta en consonancia que el proyecto bajo análisis mantenga los tipos penales y las reformas introducidas por la mencionada normativa.
Finalmente, esta Asociación no comparte la propuesta contenida en el proyecto bajo análisis de mantener el esquema previsto por la Ley Penal Tributaria actualmente vigente, en el sentido de que, a los fines de la configuración del delito de evasión previsional o de retención indebida de aportes a la Seguridad Social, dichas conductas deben involucrar sumas mínimas por demás significativas, las cuales, para colmo, el proyecto eleva sensiblemente ($ 108.000.- por mes, en el caso de evasión y $ 36.000.- por mes en el caso de la omisión del ingreso de aportes retenidos).
A modo de conclusión, cabe señalar que, como consecuencia de su imprecisión, laxitud y vaguedad, las normas supra analizadas no resultan idóneas a los fines pretendidos, como así también que el anteproyecto bajo estudio adolece de falta de preceptos que permitan afirmar que realmente importa al legislador y, por su intermedio, a la sociedad en su conjunto, la protección integral de los derechos e intereses de las personas que trabajan.
4.- Propuestas
La Asociación de Abogados Laboralistas considera que, en virtud de la vigencia del Principio Protectorio (art. 14 bis, CN) y de la garantía de igualdad ante la ley (art. 16, CN), el futuro Código Penal de la Nación debería contener un capítulo específico, en el cual, con total claridad y precisión, se disponga la sanción penal de las personas físicas y jurídicas que, en el marco de relaciones de trabajo dependiente, resulten penalmente responsables de vulnerar, entre otros, los siguientes derechos de los trabajadores, los cuales en nuestro ordenamiento legal gozan de jerarquía constitucional:
1 a la vida;
2 a la integridad psicofísica;
3 a trabajar en condiciones dignas y seguras;
4 a la protección de su remuneración y de su patrimonio;
5 al goce de los beneficios de la Seguridad Social;
6 a no ser discriminados;
7 a disfrutar de las condiciones mínimas, irrenunciables e indisponibles de trabajo que surjan de la normativa legal y convencional vigente;
8 a ejercer de manera plena e irrestricta la Libertad Sindical;
9 a ejercer de manera plena e irrestricta la huelga.
En este orden de ideas, entendemos que en el referido capítulo específico del Código Penal se deben tipificar –cuando menos— las siguientes conductas ilícitas e ilegítimas habitualmente perpetradas en el mundo del trabajo en perjuicio de los trabajadores:
a la privación, mediante engaño, injusta amenaza, coacción o abuso de estado de necesidad, del goce por parte de los trabajadores de los derechos mínimos que les son garantizados por las leyes, los estatutos y las convenciones colectivas de trabajo y demás normas que conforman el denominado Orden Público Laboral;
b las prácticas discriminatorias cometidas por los empleadores en perjuicio de los trabajadores, durante la contratación, ejecución y extinción del contrato de trabajo, en especial de los despidos discriminatorios motivados por cuestiones gremiales, conforme la actual jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
c la falta de registración en los términos del art. 7° de la ley 24.013 de los contratos de trabajo;
d la violación de las normas de higiene y seguridad en el trabajo vigentes, en cuanto pongan en peligro la vida, la salud y la integridad física y/o psíquica de los trabajadores, con indicación clara de los sujetos responsables;
e el uso abusivo y fraudulento de las diversas y excepcionales modalidades contractuales a plazo previstas por la Ley de Contrato de Trabajo (a plazo fijo, eventual, por temporada, etc.);
f el uso abusivo y fraudulento de figuras contractuales no laborales para encubrir relaciones laborales (becas, pasantías, trabajo autónomo, etc.);
g la intermediación e interposición fraudulenta de sujetos en el marco de la relación laboral, en los términos previstos por el art. 29, primer párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo;
h la evasión previsional y la retención indebida de aportes a la Seguridad Social, cualquier sea el monto evadido o retenido;
i las prácticas que impidan o dificulten el ejercicio por parte de los trabajadores y de las asociaciones sindicales del Derecho Humano Fundamental a la Libertad Sindical, ya sea que provengan de los empleadores y sus organizaciones, de la autoridad pública, de otros trabajadores y sindicatos, o de terceros en general, en especial las relativas a la democracia sindical y al derecho constitucional de huelga.
La reforma del código penal y el derecho de los trabajadores
/en Columnas de OpiniónPiasek nos aclara que no se ha debatido la introducción de un capítulo o normas penales que condenen los ilícitos, en los que los empleadores, sus directivos, gerentes, etc sean los responsables. «Se han comparado normas vigentes en otros países y los juristas que han redactado el documento, que la Asociación hizo suyo, proponen al debate que se discuta el castigo al fraude laboral y otros delitos que no son reflejados en el proyecto. Iniciamos el debate ausente hoy en la sociedad y en los medios». Adjuntamos entonces el documento de la Asociación de Abogados Laboralistas.
DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS LABORALISTAS RELATIVA AL ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
1. Introducción
El presente documento tiene por objeto establecer una posición institucional respecto del Anteproyecto de reforma del Código Penal recientemente girado al Poder Ejecutivo Nacional, en especial en todo lo relativo a los aspectos que resultan de particular relevancia para los trabajadores y sus organizaciones sindicales.
En tal sentido, corresponde señalar que esta Asociación considera positiva la intención política del Poder Ejecutivo Nacional de reformar integralmente una norma que resulta fundamental para el normal funcionamiento de la sociedad como el Código Penal, toda vez que considera que su texto vigente se encuentra claramente desactualizado y, en algunos aspectos, hasta caduco.
Asimismo, se comparte la alegada necesidad de unificar y sistematizar en una sola norma codificada la importante cantidad de normas penales especiales vigentes, como así también de compatibilizar cualitativa y cuantitativamente los diversos tipos penales y las distintas sanciones previstas para cada delito.
No obstante, consideramos que la necesaria reforma en cuestión no debe ser producto del criterio de uno o varios juristas iluminados, sino que debe provenir de una construcción colectiva que reúna el mayor consenso social y político posible, el cual sólo puede alcanzarse a través de un amplio debate que considere las ideas, criterios, valores e intereses de todos los sectores relevantes de la sociedad.
Es por ello que esta Asociación considera pertinente y oportuno formular una serie de reflexiones referidas a los diversos aspectos de la reforma en cuestión que de manera directa o indirecta afectan tanto positiva como negativamente a los intereses de los trabajadores, como así también proponer la introducción de distintas cuestiones atinentes a los derechos e intereses de dicho colectivo social que han sido omitidas.
2.- Consideraciones preliminares
Previo a toda consideración, cabe señalar que esta Asociación tiene la firme convicción que, en el marco de sociedades altamente desiguales e injustas como la argentina, regidas por un sistema capitalista de producción y acumulación de riqueza, el sistema penal ha sido históricamente utilizado por los sectores que detentan el poder político y económico como una herramienta a los fines del mantenimiento de tal objetable estado de cosas.
Cabal prueba de ello resulta ser el hecho que la casi totalidad de las personas que abarrotan nuestras cárceles ostentan –casi invariablemente— un por demás bajo nivel socio-económico-cultural y fueron condenadas o imputadas en orden a conductas ilícitas directa o indirectamente relacionadas con la pobreza, la marginalidad y la exclusión social, tales como delitos contra la propiedad y el micro tráfico de estupefacientes, entre otros.
Precisamente, ante el delito de naturaleza “social”, la respuesta de nuestro sistema penal se limita a la represión y punición de la persona que ha delinquido y, en la realidad, adolece de falta de propuestas, planes o programas efectivos tendientes a la eliminación o disminución de las causas objetivas de dicha particular especie de criminalidad, tales como el desempleo, la evasión fiscal y previsional, la precarización laboral, la deserción escolar y el narcotráfico, entre otros, extremo que, en gran medida, explica el sostenido incremento de los índices delictivos y el mantenimiento de un elevado nivel de reincidencia criminal.
Por contrapartida, el sistema penal argentino se presenta por demás selectivo, extremo que se refleja en el hecho que, a pesar que en nuestro país, por ejemplo, la evasión fiscal y previsional y la corrupción pública y privada se encuentran ampliamente naturalizadas, resultan escasas las sentencias condenatorias como consecuencia de la comisión de delitos económicos, a pesar de la extrema dañosidad social que dicha clase de ilícitos genera, en tanto contribuyen significativamente a desfinanciar los diversos sistemas de seguridad y asistencia social administrados por el Estado.
Dicha selectividad también se evidencia en el hecho que la legislación penal actualmente vigente en nuestro país omite casi por completo tutelar los principales bienes jurídicos específicos inherentes a la persona del trabajador, tales como su vida, su salud psicofísica, su libertad, su dignidad, su patrimonio, sus condiciones legales y convencionales de trabajo, el acceso a los beneficios de la seguridad social, entre otros, a pesar que resulta de público y notorio conocimiento que dichos bienes jurídicos son cotidiana, sistemática e impunemente vulnerados en virtualmente todos ámbitos en los que se desarrollan relaciones de trabajo humano dependiente y subordinado.
Tal contexto de grosera selectividad –que garantiza impunidad— y de palmaria inutilidad –pues la desesperación rara vez cede ante una amenaza de sanción remota y futura— han dado por tierra –al menos en nuestra realidad argentina y, por qué no, latinoamericana— con las arcaicas teorías que sostienen que el principal objetivo del derecho penal resulta ser la prevención general, es decir, la disuasión de la ciudadanía a través del establecimiento de una pena frente a determinada conducta que la sociedad considera disvaliosa.
Sin embargo, tal vez dicha tesis resultaría procedente, en alguna medida, si el sistema también alcanzara a aquellos justiciables que, por sus circunstancias personales o patrimoniales, padecen una menor dificultad para respetar la ley y, además, tienen algo que perder.
En ese orden de ideas, esta Asociación considera sumamente necesario, y ajustado a los principios constitucionales de protección del trabajo y de los trabajadores y de igualdad ante la ley que rigen nuestra disciplina (arts. 14 bis y 16 de la Constitución Nacional), que el nuevo texto de dicho fundamental cuerpo normativo contenga un capítulo especial que tipifique específicamente las numerosas y frecuentes conductas en las que suelen incurrir, en el marco de relaciones de trabajo, los empleadores en perjuicio de los derechos e intereses de sus dependientes.
Dicha necesidad de la expresa creación de un Derecho Penal del Trabajo obedece a tres razones claramente diferenciadas.
En primer lugar, si como con frecuencia se sostiene, el Código Penal constituye el decálogo de los valores perseguidos por la sociedad, la protección integral de los derechos e intereses del trabajador, sujeto de preferente tutela constitucional, conforme reciente y reiterada doctrina de la Corte Suprema, no debería quedar excluida.
En segundo término, y sin perjuicio de compartirse el criterio de que la tipificación penal de un conducta debe constituir el último recurso normativo, sobre todo en cuestiones de índole patrimonial, dicho criterio debe ceder ante una realidad que nos muestra inequívocamente la evidente incapacidad que presentan las normas laborales y administrativas actual y largamente vigentes a los fines de garantizar a los trabajadores la efectiva protección de sus derechos e intereses.
En tercer lugar, la necesidad de un tratamiento legislativo penal específico respecto de los derechos e intereses de los trabajadores deriva de la fuerte resistencia que vienen desde antaño ofreciendo los magistrados de los fueros criminal y correccional a los fines de investigar y/o juzgar ilícitos perpetrados en el marco de relaciones laborales a través de la aplicación de los diversos tipos penales de carácter general.
Finalmente, y a todo evento, cabe agregar que nuestra historia reciente ha desechado definitivamente el remanido y por demás perimido adagio neoliberal que pregonaba falazmente que un mayor nivel de tutela de los derechos de los trabajadores conspiraba contra la inversión, la creación de empleo y el nivel de ocupación.
En suma, esta Asociación considera que, al igual que ocurre en diversos sistemas de relaciones laborales de naturaleza jurídica similar al argentino, como por ejemplo, el español y el francés, determinados derechos de los trabajadores, por relevancia y esencialidad, deben contar con una protección legal adicional en la órbita del derecho penal.
3.- Breve análisis del anteproyecto
En principio, corresponde señalar que esta Asociación considera sumamente positivos ciertos aspectos generales del anteproyecto de reforma bajo análisis, tales como la despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, la tipificación del diversos delitos contra la Humanidad, la tipificación del daño ecológico y ambiental, la propuesta de alternativas a la pena privativa de la libertad y la eliminación del instituto de la reincidencia, cuya constitucionalidad aparece –cuando menos— dudosa, a la luz de lo normado por el art. 18 de la Constitución Nacional.
Por otra parte, en el plano de los derechos de los trabajadores, resulta auspicioso que un capítulo (en realidad, un artículo) del anteproyecto se refiera a los “Delitos contra la libertad y dignidad del trabajo”. Aunque no consideramos atinada su inclusión dentro del Título “Delitos Contra la Libertad” por no ser ése el único bien jurídico afectado en los delitos que padecen los trabajadores, y tampoco consideramos que dicho título sea correcto, pues el afectado no es el trabajo sino los trabajadores.
En tal sentido, el inc. 1° del art. 124 expresamente dispone que “Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años y multa de DIEZ (10) a DOSCIENTOS (200) días, el que mediante engaño, abuso de una situación de vulnerabilidad o actos simulados, contratare a una o más personas en forma clandestina, imponiéndoles condiciones de trabajo que afectaren gravemente su dignidad”.
Por su parte, el inciso 2° de dicha norma establece que “En la misma pena incurrirá el que aprovechare económicamente el trabajo de un menor de diez y seis años, en violación de las normas que prohíben el trabajo infantil. No será punible el padre, madre, tutor o guardador del menor”.
Asimismo, la norma bajo estudio, en su inciso 3°, dispone que “Será penado con multa de QUINCE (15) a CIENTO OCHENTA (180) días, el que omitiere proveer a sus trabajadores de los medios necesarios para ejercer su actividad en las condiciones de seguridad y salud que impusieren las leyes o reglamentos”.
Finalmente, el inciso 4° de la norma en cuestión establece que “Será penado con multa de TREINTA (30) a CIENTO OCHENTA (180) días e inhabilitación de UNO (1) a CINCO (5) años, el funcionario, profesional o cualquier otro que tuviere el deber legal de control y vigilancia del cumplimiento de las normas a que se refieren los tres incisos precedentes, y que hubieren ocultado o tolerado los hechos allí descriptos”.
Por otra parte, no resulta menor lo dispuesto por el art. 183° del proyecto bajo estudio, en cuanto, a pesar de cierta imprecisión terminológica, pretender sancionar la omisión en el otorgamiento de las prestaciones de asistencia médica o farmacéutica previstas por la ley 24.557 (Ley de Riesgos del Trabajo) en que incurran los empleadores auto asegurados o no asegurados o, en su caso, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo “cuando estuvieren legalmente obligados a ello”.
Ahora bien, considerando aún como válida y hasta loable la intención del proyecto de proteger determinados bienes jurídicos inherentes a los trabajadores, tales como la dignidad (art. 124 inc. 1) y la salud (art. 124 incs. 3 y 4 y art. 183), como así también de proteger a los niños y adolescentes frente a la explotación laboral (art. 124 inc. 2), lo cierto es que los tipos penales contenidos en dichos artículos han sido descriptos con un excesivo grado de imprecisión, vaguedad y laxitud, extremo que, en la práctica, tornaría inaplicables e inoperantes a las normas en cuestión, todo ello en virtud de las reglas y principios propios que surgen de la Teoría General del Derecho Penal y de las garantías constitucionales que rigen el proceso penal.
En tal sentido, ¿a qué se refiere el artículo 124 inc. 1° cuando sanciona la contratación de personas “… en forma clandestina, imponiéndoles condiciones de trabajo que afectaren gravemente su dignidad…”? ¿Qué debe entenderse por “clandestino” y por “dignidad del trabajador”?
Otro claro ejemplo de lo antedicho surge del inciso 2° de dicha norma, el cual resulta –cuando menos— impreciso al no especificar quién sería el sujeto activo de la conducta tipificada (¿el empleador o el mayor que se beneficie del salario al menor?).
En igual sentido, dicho inciso, al tipificar el aprovechamiento económico del trabajo de un menor de 16 años, dejaría sin sanción a aquellos empleadores que se sirvan del trabajo de menores en actividades sin fines de lucro, tales como el trabajo doméstico o el servicio personal.
Por otra parte, si bien resulta positiva la intención de sancionar a quien “omitiere proveer a sus trabajadores de los medios necesarios para ejercer su actividad en las condiciones de seguridad y salud que impusieren las leyes o reglamentos”, la norma propuesta resulta imprecisa y vaga en la determinación del sujeto activo de dicha conducta típica (¿el dueño de la empresa?, ¿el presidente de la sociedad?, ¿el gerente de seguridad en el trabajo?, ¿el capataz?, etc.), como así también omite hacer referencia al incumplimiento de otras normas y reglas de seguridad del trabajo distintas de la mera provisión al trabajador de medios para que pueda ejercer su actividades en condiciones seguras.
En otro orden de ideas, esta Asociación observa con preocupación que el art. 190º del anteproyecto que nos ocupa sanciona a quien “… sin crear una situación de peligro común, impidiere o interrumpiere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire, los servicios públicos de comunicación telefónica, radiofónica o electrónica, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, o resistiere con violencia su restablecimiento…”, toda vez que dicha norma podría ser invocada a los fines de la criminalización de la protesta social y de los trabajadores que ejerzan el constitucionalmente garantizado derecho de huelga en diversos ámbitos de trabajo o actividades que no corresponde que sean calificadas, de acuerdo a la normativa vigente (ley 25.877), como servicios esenciales.
En igual sentido, el Anteproyecto mantiene diferentes tipos penales que en la práctica está siendo frecuentemente utilizados a los fines de criminalizar el derecho de huelga y el protesta social, tales como los delitos de coacción (art. 116), abandono e interrupción de servicio (arts. 189 y 190), intimidación pública (art. 210), sedición (art. 240), alzamientos ilegales (art. 241), atentado contra la autoridad (art. 248), etc.
Es por ello que resulta de suma importancia modificar tales disposiciones a efectos que se deje expresa constancia que los mismos no resultan aplicables a manifestaciones en reclamo del cumplimiento de los derechos humanos expresamente previstos en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de DD.HH. ratificados por nuestro país y en otras disposiciones legales, en general, y a hechos huelguísticos y/o conflictos laborales, en particular.
Asimismo, visto su nacimiento espureo a la luz de las exigencias de los países dominantes y considerando que en la práctica se ha transformado en una herramienta que se utiliza para reprimir fundamentalmente a los trabajadores y desposeídos que luchan por sus derechos, esta asociación ratifica su repudio a la denominada “Ley Antiterrorista” (Ley 26.734) expresada en anteriores declaraciones y documentos, y lamenta en consonancia que el proyecto bajo análisis mantenga los tipos penales y las reformas introducidas por la mencionada normativa.
Finalmente, esta Asociación no comparte la propuesta contenida en el proyecto bajo análisis de mantener el esquema previsto por la Ley Penal Tributaria actualmente vigente, en el sentido de que, a los fines de la configuración del delito de evasión previsional o de retención indebida de aportes a la Seguridad Social, dichas conductas deben involucrar sumas mínimas por demás significativas, las cuales, para colmo, el proyecto eleva sensiblemente ($ 108.000.- por mes, en el caso de evasión y $ 36.000.- por mes en el caso de la omisión del ingreso de aportes retenidos).
A modo de conclusión, cabe señalar que, como consecuencia de su imprecisión, laxitud y vaguedad, las normas supra analizadas no resultan idóneas a los fines pretendidos, como así también que el anteproyecto bajo estudio adolece de falta de preceptos que permitan afirmar que realmente importa al legislador y, por su intermedio, a la sociedad en su conjunto, la protección integral de los derechos e intereses de las personas que trabajan.
4.- Propuestas
La Asociación de Abogados Laboralistas considera que, en virtud de la vigencia del Principio Protectorio (art. 14 bis, CN) y de la garantía de igualdad ante la ley (art. 16, CN), el futuro Código Penal de la Nación debería contener un capítulo específico, en el cual, con total claridad y precisión, se disponga la sanción penal de las personas físicas y jurídicas que, en el marco de relaciones de trabajo dependiente, resulten penalmente responsables de vulnerar, entre otros, los siguientes derechos de los trabajadores, los cuales en nuestro ordenamiento legal gozan de jerarquía constitucional:
1 a la vida;
2 a la integridad psicofísica;
3 a trabajar en condiciones dignas y seguras;
4 a la protección de su remuneración y de su patrimonio;
5 al goce de los beneficios de la Seguridad Social;
6 a no ser discriminados;
7 a disfrutar de las condiciones mínimas, irrenunciables e indisponibles de trabajo que surjan de la normativa legal y convencional vigente;
8 a ejercer de manera plena e irrestricta la Libertad Sindical;
9 a ejercer de manera plena e irrestricta la huelga.
En este orden de ideas, entendemos que en el referido capítulo específico del Código Penal se deben tipificar –cuando menos— las siguientes conductas ilícitas e ilegítimas habitualmente perpetradas en el mundo del trabajo en perjuicio de los trabajadores:
a la privación, mediante engaño, injusta amenaza, coacción o abuso de estado de necesidad, del goce por parte de los trabajadores de los derechos mínimos que les son garantizados por las leyes, los estatutos y las convenciones colectivas de trabajo y demás normas que conforman el denominado Orden Público Laboral;
b las prácticas discriminatorias cometidas por los empleadores en perjuicio de los trabajadores, durante la contratación, ejecución y extinción del contrato de trabajo, en especial de los despidos discriminatorios motivados por cuestiones gremiales, conforme la actual jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
c la falta de registración en los términos del art. 7° de la ley 24.013 de los contratos de trabajo;
d la violación de las normas de higiene y seguridad en el trabajo vigentes, en cuanto pongan en peligro la vida, la salud y la integridad física y/o psíquica de los trabajadores, con indicación clara de los sujetos responsables;
e el uso abusivo y fraudulento de las diversas y excepcionales modalidades contractuales a plazo previstas por la Ley de Contrato de Trabajo (a plazo fijo, eventual, por temporada, etc.);
f el uso abusivo y fraudulento de figuras contractuales no laborales para encubrir relaciones laborales (becas, pasantías, trabajo autónomo, etc.);
g la intermediación e interposición fraudulenta de sujetos en el marco de la relación laboral, en los términos previstos por el art. 29, primer párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo;
h la evasión previsional y la retención indebida de aportes a la Seguridad Social, cualquier sea el monto evadido o retenido;
i las prácticas que impidan o dificulten el ejercicio por parte de los trabajadores y de las asociaciones sindicales del Derecho Humano Fundamental a la Libertad Sindical, ya sea que provengan de los empleadores y sus organizaciones, de la autoridad pública, de otros trabajadores y sindicatos, o de terceros en general, en especial las relativas a la democracia sindical y al derecho constitucional de huelga.
Se realizó la primera reunión de Mesa Nacional de 2014.
/en Noticias de la FETIAEl contexto económico y político estuvo planteado por el informe de coyuntura de CIFRA presentado por Eduardo Basualdo, que puede consultarse on line clickeando aquí, y que en esta ocasión tuvo un “tinte” más político. La apertura estuvo a cargo Del Secretario General del SICA, Guido Valerga. A continuación expuso el titular de la FeTIA, Pedro Wasiejko, quien frente al panorama presentado por Basualdo y el contexto de las paritarias, aportó líneas de debate que sin duda son indicadores del camino que puede tomar la Federación.
Wasiejko puso el eje en preguntarse cuál sería el rol de la FeTIA en el contexto actual. Al respecto, señaló que si bien somos conscientes de que en esta etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se está atendiendo la situación de los sectores más desprotegidos y el nivel de ingresos de la población general, no hay que dejar de estar preocupados y atentos por el rumbo que toma la política y la economía. Porque los gobiernos populares, como el de Argentina, están en un profundo debate interno y viven una enorme presión desde los sectores de poder global.
Durante la tarde se repasaron los objetivos planteados en octubre del año pasado, y se trazó el plan de actividades, con ejes centrales como la constitución del equipo de comunicación a nivel nacional, que mostró grandes avances, los nuevos procedimientos tecnológicos para la afiliación directa y el proceso electoral que encarará la FeTIA este año. En líneas generales se está ante una etapa administrativa, de puesta en orden de padrones, de implementación de la página web para que el padrón de afiliación directa esté consolidado y esté todo organizado para fijar fecha electoral antes de junio, cuando finaliza el mandato de la Mesa.
La reunión contó con un alto nivel de participación de las organizaciones que integran la FeTIA, tales como el SICA, SUTNA, ASIJEMIN (Mineros Jerárquicos de San Juan), Fileteros de Mar del Plata (UPTYA), gremios de la energía como APAY y SIATRASAG y del sector nuclear, UOM de Villa Constitución, APA, Papeleros de Alto Paraná (SOEP), Papeleros de Misiones, empleados de comercio en FeTIA de Capital, Salta, Santa Fe, San Juan y Santiago del Estero, Sepjana (Jerárquicos del Neumático), Sindicato de Papeleros de San Luis y San Juan, Internauta Argentina, Cooperativa Cooperar 7 de mayo, UTN de Avellaneda, y Cooperativa de Trabajadores de Villa Ángela.
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40 años del Villazo
/en Noticias de la FETIAEl 16 de marzo de 1974 los trabajadores metalúrgicos y el pueblo protagonizaron una lucha por la libertad u la democracia sindical, que quedo grabada en la memoria popular.
Por eso este 16 de Marzo de 2014 los trabajadores y todo el pueblo nos reencontramos para conmemorar y festejar el triunfo de esas luchas que nos dejaron conquistas como la democracia sindical que hasta el presente es un valor en todos los metalúrgicos.
Conquistas y derechos reivindicados que se sostuvieron en la historia más allá de las represiones sufridas a partir del 20 de marzo de 1975.
Hoy los jóvenes reciben el legado de esa gesta histórica y defienden los derechos conquistados.
Por eso este domingo 16 de marzo a partir de las 14 horas comenzaran las actividades en nuestro anfiteatro con feria de artesanos, micro emprendedores, juegos para niños, murgas, cantores populares, servicio de cantina y el cierre estelar de VICTOR HEREDIA.
La entrada es libre y gratuita, colabore con un alimento no perecedero.
POR LA MEMORIA Y LA LUCHA POR SIEMPRE UNIDOS
COMISION DIRECTIVA UOM RA VILLA CONSTITUCION
HISTORICOS AUTOCONVOCADOS DE UOM DE LOS AÑOS 70
CENTRO DE JUBILADOS METALURGICOS
Auspicia: Secretaria de Cultura de la Nación
UOM RA Seccional Villa Constiución
Temario Reunión Mesa Nacional Ampliada de la FeTIA
/en Noticias de la FETIATemario: Martes 11 de marzo
9.30 horas Apertura de la reunión a cargo de Pedro Wasiejko. Secretario General de la FeTIA. Situación política actual. Contexto paritario
10.30 horas Presentación del informe de coyuntura económica a cargo de integrantes de CIFRA
11:30 horas Pausa. Café
11.45 horas Preguntas y comentarios
13:30 horas Almuerzo
14.30 horas Plan de actividades del año en línea con lo planificado en octubre.
15.30 horas Pausa. Café
16.00 horas El proceso electoral de la FeTIA
17:30 horas Cierre de la Jornada
38° Aniversario del Golpe de Estado:TODOS A LA PLAZA
/en Noticias de la FETIALa madurez alcanzada por nuestra sociedad y nuestras instituciones, la incansable labor del movimiento nacional de derechos humanos en la búsqueda legítima de justicia, y la voluntad política que se hizo presente a partir de mediados de 2003, tuvieron como corolario la coincidencia -por primera vez en nuestra historia democrática- de los tres poderes del Estado removiendo sucesivamente los obstáculos jurídicos para identificar y sancionar, en juicios penales ordinarios y con el debido proceso, los responsables por dichas violaciones.
Sin embargo, todavía quedan muchos crímenes impunes en la medida que permanecen personas desaparecidas y niños (hoy adultos) apropiados o nacidos en cautiverio aun sin recuperar-. Demasiada complicidad civil aún sin investigar y juzgar.
Renovemos nuestra voluntad política de avanzar en memoria, verdad, justicia y reparación, concurriendo este 24 de marzo, junto a las organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles, políticas y barriales a la ya tradicional marcha hasta Plaza de Mayo para recordar un nuevo aniversario del golpe cívico-militar de 1976.
Recordemos las palabras de nuestro compañero Néstor Kirchner el memorable 24 de marzo del 2004: “Hablemos claro: no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Dejaremos todo para lograr un país más equitativo, con inclusión social, luchando contra la desocupación, la injusticia, y todo lo que nos dejó en su última etapa esta lamentable década del ’90 como epílogo de las cosas que nos tocaron vivir. Hermanas y hermanos, compañeros que están presentes por más que no estén aquí, Madres, Abuelas, chicos: gracias por el ejemplo de lucha. Defendamos con fe, con capacidad de amar, que no nos llenen el espíritu de odio porque no lo tenemos, pero tampoco queremos la impunidad. Queremos que haya justicia, queremos que realmente haya una recuperación fortísima de la memoria. Que en esta Argentina se vuelvan a recordar y tomar como ejemplo a aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen. Una generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso, ha dejado un sendero, su vida, sus madres, sus abuelas y sus hijos».
ESTE 24: TODOS A LA PLAZA, PARA NO OLVIDAR
Reunión CTA-PIT-CNT
/en Noticias de la FETIALas Centrales de ambos países decidieron generar encuentros y realizar acciones para interceder en el conflicto comercial y político que coyunturalmente atraviesan las relaciones bilaterales Argentina-Uruguay. Dejando en claro que los actuales conflictos comerciales deben resolverse con una acción política fuerte, bajo la premisa del mantenimiento de las fuentes de trabajo en ambos margenes del Río.
La delegación sindical que estuvo en Montevideo estuvo compuesta por el secretario general adjunto de la CTA, Pedro Wasiejko y los dirigentes de la secretaría de relaciones internacionales, Victorio Paulón y Andrés Larisgoitía.
Por la tarde y luego del encuentro en la sede del Pit-Cnt, los dirigentes argentinos se trasladaron hasta la fábrica de CTC, ubicada en Empalme Olmos, para conocer el emprendimiento obrero y sus instalaciones. Y allí, los dirigentes argentinos informaron de los avances obtenidos respecto a las exportaciones de la cooperativa.
La ex Metzen & Sena había decidido meses atrás continuar con su producción normal y sin recortar su plantilla laboral, a pesar del trancazo de los negocios con Argentina. Actualmente, la plantilla de CTC está compuesta por 364 trabajadores. El mercado argentino representa el 50% de la producción de vajilla, donde fundamentalmente trabajan mujeres.
Ahora, ya cumplida la primera parte de esta suerte de cumbre sindical rioplatense, la dirigencia uruguaya viajará hasta Buenos Aires para repetir el encuentro con la CTA, que serán en la primera quincena de este mes o en su defecto en los primeros días de abril. Además, la intención es que con el acompañamiento de la CTA, los dirigentes sindicales uruguayos puedan mantener contactos con funcionarios argentinos para trasladar su preocupación sobre el conflicto bilateral.{phocadownload view=file|id=70|text= Declaración conjunta PIT-CNT-CTA|target=s}
CIFRA presentó su último informe de coyuntura
/en Noticias de la FETIAUna de las conclusiones más interesantes de este informe, es que durante el año “aún en un escenario signado por la crisis mundial” la economía argentina recuperó el ritmo de crecimiento económico, impulsado por la expansión del consumo privado, la inversión y el gasto público”. Se señala que en los tres primeros trimestres del año el PBI alcanzó el 5,7 % de crecimiento interanual, aunque en el último trimestre se desaceleró el ritmo de expansión y la tasa de crecimiento anual se ubicó finalmente en el 4,9%, mientras que la tasa de desocupación bajó al 6,4% en el último trimestre del año.
El informe apunta que se trata de todos modos, de un considerable nivel de crecimiento, ya sea si se lo compara con el año 2012 (apenas el 1,9%) como si lo valoramos en relación a la crítica situación mundial del 2013.
El informe profundiza en, además de los aspectos coyunturales, en los condicionantes estructurales y en empleos e ingresos.
En relación al desempleo, destaca que la tasa anual se situó en un 7,1%, un nivel similar al de los dos años previos y considerablemente menor al de 2007, cuando alcanzó el 8,5%. Señala, igualmente, que el nivel de empleo evidenció una leve caída de 0,4 puntos porcentuales, al igual que el salario real, que cayó en el mismo guarismo, luego de dos años consecutivos de ligeros crecimientos. Si bien esta caída representó un 0,6% en el sector privado, es interesante observar que entre los asalariados no registrados (alrededor del 35% del total) el salario real creció un 3%. De todos modos las brechas salariales son significativas: el poder adquisitivo de los asalariados registrados fue en el 2013 un 32,4% más alta que el que el vigente en el último trimestre del 2001 en tanto que el de los trabajadores informales fue apenas un 9,8% superior al de esa fecha.
El informe concluye, entre otras consideraciones, en que “deberían impulsarse políticas industriales activas que promuevan la creación de empleo y tiendan a revertir los condicionantes estructurales de al economía argentina.”
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Actividades en el Día de la Mujer
/en Noticias de la FETIAEn la Ciudad de Buenos Aires, el sábado 8 a partir de las 15, habrá una radio abierta y una jornada militante, con música en vivo en el Parque Lezama, Brasil y Defensa, organizada por el Frente de Mujeres Nacional y Popular, del que es parte la Secretaría de Género de la CTA.
La Secretaría, por su parte, organiza una charla debate en el Sindicato de Valijeros y Talabarteros, en la sede de Leopoldo Marechal 1140, que se hará el viernes 7 a las 18 horas. El mismo día, el gremio telefónico FOETRA convoca a una jornada jornada cultural y de reflexión, en su camping, a cargo de Mónica Ingrávidi. Mientras que el gremio aeronáutico APA denunciará a una empresa aérea por discriminación a las trabajadoras, en una actividad a confirmar.
En la provincia de Buenos Aires se realizarán varias acciones. La primera, tendrá lugar en Hurlingham, en donde el sábado 8, junto al Foro de Prevención de Violencia, se hará un festival con música y una radio abierta en una Plaza a confirmar. La segunda, será en Pehuajó, en la Plaza Dardo Rocha. Allí el viernes 7 y el sábado 8 habrán mesas de difusión de derechos de las mujeres y se estima una reunión con el Intendente para pedir la creación del Consejo Municipal de la Mujer. Mientras que en Zárate, a las 18 del sábado se hará una radio abierta en Plaza Italia, a cargo de la mesa intersectorial del Consejo Municipal de la Mujer, de la que forma parte la Secretaria de Género de la CTA Regional. Previamenente, el jueves 6 a las 10, la Secretaria de Genero de la CTA Regional estará, junto a otras organizaciones, entregando al Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad, proyectos legislativos por los derechos de las mujeres.
En el Noreste argentino, mientras tanto, se espera que se concentre en una actividad que se realizará en el Chaco el viernes 7 y el sábado 8. Se trata de un encuentro de Género del que participarán representantes de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. La responsable de la actividad es Lucy Soria.
En Mendoza se espera una mesa debate sorbe paritarias, licencias y presentismo, orientado a la mujer, que se realizará el viernes 7 a las 10 horas. Allí además tendrá lugar una marcha por las mujeres desaparecidas en la provincia.
En La Pampa se realizará una actividad conjunta con el Consejo Provincial de la Mujer, Sábado 8 a las 18 en la Plaza San Martín. Volantes, música, se colocarán zapatos rojos alrededor del monumento en memoria de las mujeres víctimas, con una solicitada en diarios locales.
Provincia de Entre Rios: desde AGMER, para el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se elaboró en conjunto desde la Secretaría de DDHH y la de Prensa, un material para la difusión en las diecisiete seccionales que el gremio posee en la provincia, para ser distribuido desde allí a todas las escuelas de Entre Ríos.
El material, diseñado en formato de cuadernillo, contiene reflexiones elaboradas desde la Secretaría de DDHH en alusión a la fecha, y en su interior, al desplegarlo, contiene sugerencias y materiales para trabajar con los más chicos como así también, en el aula, con los alumnos del nivel medio.
Por último en La Rioja se llevará a cabo una actividad de camaradería con mujeres referentes de Derechos Humanos y otras luchas sociales de la Provincia, entre ellas estará Graciela De Ledo de Madres de Plaza de Mayo, Sara Canciani Madres del dolor y delegadas escolares del gremio docente. Será el día 8 a las 18.
Firman las Diputadas Nacionales: Adela Segarra, Araceli Ferreyra, Mara Brawer, María del Carmen Bianchi, Carolina Scotto, Sandra Mendoza, Adriana Puiggros, Gloria Bidegain, Veronica Magario, Liliana Mazure, Gladis Soto, Claudia Giaccone, Liliana Ríos, Ana Carolina Gaillard, Nora Bedano, Andrea García, Mónica Gutiérrez, Mayra Mendoza, Andrés Larroque, Juan Cabandie, Eduardo de Pedro, Josefina Gonzalez, Marcos Cleri, María Luz Alonso, Walter, Santillán, Anabel Fernández Sagasti, Horacio Pietragalla, Mabel Carrizo, Mayra Mendoza, Martín Pérez, Mauricio Gómez y la Senadora Teresita Luna.
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Reunión con el PIT-CNT en Montevideo
/en Noticias de la FETIAUna delegación de dirigentes de la FeTIA-CTA integrada por su titular, Pedro Wasiejko, junto a Victorio Paulón y Andrés Larisgoitía viajó la semana pasada a la ciudad de Montevideo para realizar un encuentro con el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. El objetivo principal de la actividad consistió en sentar las bases para trabajar en conjunto con la central uruguaya, diseñando estrategias comunes para fortalecer las relaciones bilaterales y la complementación productiva a mediano y largo plazo.
La FeTIA busca intervenir porque considera fundamental que los sindicatos de ambos países hagan propuestas para el fortalecimiento de la región, y que los gobiernos de Argentina y Uruguay dialoguen y puedan resolver sus diferencias. Al respecto, Wasiejko declaró que la relación de Argentina y Uruguay es similar a la que tuvo hasta hace un tiempo Brasil con su país. «Hoy (Brasil) está tomando conciencia, en la medida que su economía está en situación de riesgo, que el principal mercado para recibir sus productos industriales es Argentina. Entonces, no pueden pensar en una política de desarrollo industrial avanzado sin tomar en cuenta la situación de mejorar la relación con Argentina. Lo mismo le pasa a Argentina con Uruguay», dijo.
Es una obligación de ambos gobiernos reconocer que hay dificultades en el diálogo para poder resolver la situación, ya que se trata de países vecinos, hermanos, donde se consumen productos que sus mismos trabajadores producen. Por eso, es un gran avance que tanto Cristina Fernández de Kirchner como José Mujica hayan tomado la vía del diálogo semanas atrás en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) en Cuba. Allí se comprometieron a formar una comisión de diálogo para buscar soluciones al conflicto bilateral.
«Entendemos que actualmente la relación entre países como Argentina y Uruguay -y los restantes de la región- no pueden ser una atribución exclusiva de las cancillerías, que de alguna manera está determinada por los conflictos en algunos temas puntuales y el manejo mediático de esos conflictos», sostuvo Wasiejko. Si se avanza en esto, es imaginable que ambos países trabajen en proyectos comunes en materia de energía, con entendimientos que puedan darse, por ejemplo, entre YPF y la petrolera uruguaya ANCAP.
Una buena noticia para los uruguayos que se dio a conocer en el encuentro es que los productos de la Cooperativa de Trabajadores Cerámicos (CTC) podrá volver a ingresar sus productos a nuestro país. Al respecto, Wasiejko indicó que “hay que entrar en una etapa donde se empiecen a ver resultados a través de hechos concretos, como lo que se hizo con la Secretaría de Comercio de Argentina para que entraran las importaciones de la cooperativa de cerámica. Hay otras tantas que se pueden resolver de la misma manera, pero lo que más importa a la FeTIA-CTA son las cuestiones de largo plazo, de futuro».
Es obligación resolver relación entre Uruguay y Argentina
/en Noticias en los MediosLos gobiernos deben dejar atrás las medidas recíprocas y dialogar
Para sindicalistas afines al gobierno K es una «obligación» que los gobiernos de Uruguay y Argentina dialoguen y consigan resolver sus diferencias. Para eso, deben dejar de tomar acciones «recíprocas» que complican la negociación.
Una delegación de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), afín al gobierno de Cristina Fernández, estuvo la semana pasada en Uruguay, mantuvo un encuentro con el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt y dejó a los sindicalistas locales una buena noticia: el levantamiento de trabas burocráticas por parte de la administración K para que exportaciones de la Cooperativa de Trabajadores Cerámicos (CTC, ex Metzen & Sena) pudieron ingresar nuevamente en suelo argentino.
Pero además de ello, en el encuentro surgió como objetivo principal que ambas centrales sindicales puedan trabajar en conjunto y con mirada de mediano y largo plazo en busca de estrategias comunes que ayuden al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la complementación productiva.
En ese sentido, para la dirigencia argentina cercana a la administración K es fundamental que los dos gobiernos dejen atrás las rencillas, superen los inconvenientes actuales y vuelvan a tener el relacionamiento que se perdió en los últimos años.
El secretario general adjunto de la CTA, Pedro Wasiejko, dijo a El País que la relación de Argentina y Uruguay es similar a la que tuvo hasta hace un tiempo Brasil con su país. «Hoy (Brasil) está tomando conciencia, en la medida que su economía está en situación de riesgo, que el principal mercado para recibir sus productos industriales es Argentina. Entonces, no pueden pensar en una política de desarrollo industrial avanzado sin tomar en cuenta la situación de mejorar la relación con Argentina. Lo mismo le pasa a Argentina con Uruguay», dijo.
Por eso, para el dirigente es «una obligación de los gobiernos reconocer esta situación y apuntar a resolver la relación entre países vecinos, amigos y fundamentalmente entre países donde se compran los productos que sus trabajadores producen», indicó Wasiejko.
«Sería un nefasto error que los gobiernos de la región no interpreten esta situación y no se pongan a trabajar en los problemas existentes, que realmente no son tan graves si se miran desde el punto del marco general», añadió.
El dirigente señaló que para llegar a un punto de entendimiento, ambos gobiernos deben «dejar de tomar acciones de reciprocidad cuando hay una que no les gusta. Esto lo hacen los dos gobiernos».
Por eso, destacó las posturas de Fernández y el presidente José Mujica, cuando dialogaron semanas atrás en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) en Cuba y se comprometieron a formar una comisión de diálogo para buscar soluciones al conflicto bilateral.
«Hay que entrar en una etapa donde se empiecen a ver resultados a través de hechos concretos. Como lo que se hizo con la Secretaría de Comercio de Argentina para que entraran las importaciones de la cooperativa de cerámica. Hay otras tantas que se pueden resolver de la misma manera, pero lo que más importa a la CTA son las cuestiones de largo plazo, de futuro», indicó Wasiejko.
Afirmó que es posible que ambos países trabajen en proyectos comunes y colocó como ejemplo entendimientos que puedan darse entre Ancap y la petrolera estatal YPF.
Informó que actualmente su país sufre un déficit dentro del sector de las autopartes automotrices. «Queremos ver a Uruguay integrado, con autopartistas que sean competitivos en el mundo, que también sean proveedores de la industria automotriz argentina y ayuden a la sustitución de las importaciones a nivel regional», remarcó Wasiejko.
Para el dirigente, alcanzar esos emprendimientos conjuntos necesita de las propuestas de las centrales sindicales regionales.
«Entendemos que actualmente la relación entre países como Argentina y Uruguay -y los restantes de la región- no pueden ser una atribución exclusiva de las cancillerías, que de alguna manera está determinada por los conflictos en algunos temas puntuales y el manejo mediático de esos conflictos», sostuvo el dirigente de la CTA.
Las dos visiones
Hay dos CTA, una afín y otra contraria al gobierno argentino. El secretario general, Pedro Wasiejko dijo: «algunos preferimos ver el vaso medio lleno y otros medio vacío. Ellos creen que si se acelera el proceso y se debilita al gobierno, se pueden conseguir transformaciones políticas más rápidas. Nosotros no arriesgamos con ese tipo de apuestas».