COMUNICADO DE LA COORDINADORA DE CENTRALES SINDICALES DEL CONO SUR SOBRE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL MERCOSUR Y LA UNIÓN EUROPEA

Cono Sur, 28 de junio de 2019

En vistas de la firma del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur alertamos a nuestros pueblos sobre el funesto impacto que este acuerdo tendrá para el sistema productivo de la región en general, y para ciertas ramas de producción estratégicas en particular, tales como tecnología, sistema marítimo y fluvial, obras públicas, compras del Estado, laboratorios medicinales, industria automotriz, economías regionales (en especial, las vinculadas al aceite de oliva, vinos y espumantes, quesos y lácteos, entre otras), concluyendo que la firma de este acuerdo es la sentencia de muerte de nuestras industrias y de gran parte de nuestro trabajo decente y empleo de calidad.

En cuanto a las formas en que se está negociando el acuerdo, nos vemos obligados a reiterar una vez más nuestra profunda preocupación por la total falta de transparencia y opacidad con la que se han llevado adelante las negociaciones. Respecto de los contenidos, expresamos nuestra legítima preocupación por un acuerdo que no tiene en cuenta las sensibilidades de ambas partes en materia de empleo ni la necesidad de que el mismo contribuya a un esquema de desarrollo simétrico y equilibrado de las dos regiones. Puntualmente, nos preocupan -entre otros- los siguientes puntos que consideramos de extrema sensibilidad para el interés social en general y de los trabajadores y trabajadoras en particular:

Cobertura de las ofertas y ritmo de desgravación de las canastas de bienes: hemos conocido que la cobertura de las ofertas es superior al 90%, lo que indica que se trata de un acuerdo de libre comercio de carácter amplísimo, con una liberalización casi total del comercio birregional. Además, se han negociado aceleraciones en el ritmo de desgravación previsto, quedando la mayoría del comercio bilateral comprendido dentro de un período de desgravación menor a 10 años. Creemos que tanto la amplitud de la cobertura como la finitud de los plazos de desgravación atentan contra una transición ordenada de los sectores productivos hacia una situación de libre comercio birregional, que podría tener impactos sustantivos tanto sobre la cantidad como la calidad del empleo en ambas regiones, así como resultar en situaciones no previstas de dislocación social (migraciones del campo a la ciudad, desempleo industrial masivo).

Reglas de origen flexibles: sabemos que se están negociando reglas «flexibles» para la determinación del origen de los productos, con el objeto de poder utilizar insumos importados de terceros países. Esta «flexibilidad» conlleva un alto riesgo de «triangulación» de productos que son elaborados mayoritariamente en países ajenos al acuerdo, de bajísimos salarios y en donde no se respetan los derechos laborales más básicos, y que con un mínimo procesamiento o etiquetado podrían gozar de los beneficios de las preferencias otorgadas.

Servicios estratégicos para el desarrollo de nuestras naciones: nos preocupa la inclusión en la negociación de algunos sectores de servicios que son estratégicos para el desarrollo nacional, tales como el transporte marítimo y fluvial, los servicios audiovisuales, los servicios energéticos y los servicios financieros.

Mantenimiento del poder de compra del Estado: históricamente el poder de compra y contratación del Estado nacional ha funcionado como una potente herramienta para el desarrollo industrial. Es necesario mantener dicha potestad por parte de los distintos Estados nacionales a todos los niveles (nacional, provincial y municipal), específicamente en lo que respecta a la obra pública, y evitar otorgar el «trato nacional» a las empresas de los países de ambas regiones.

Rechazo a la extensión de las patentes y a la protección de los datos de prueba: la realidad muestra que el sistema de patentes en el caso de los medicamentos sólo sirve para excluir del mercado a nuevos competidores, puntualmente a los productores públicos o privados de medicamentos genéricos. Rechazamos la inclusión de cláusulas de extensión de patentes y de protección de datos de prueba en el marco del capítulo de propiedad intelectual, con objeto de fomentar la producción local de productos farmacéuticos y facilitar el acceso a la salud y a los medicamentos para ambas poblaciones.

Fomento de sectores productivos específicos: todo acuerdo que pretenda el desarrollo simétrico y armónico del conjunto de las partes requiere de la existencia de mecanismos que permitan un proceso de reestructuración de los sectores más sensibles y de fomento de nuevos sectores productivos generadores de empleo de calidad y valor agregado. Un acuerdo de estas características requiere mantener e incluir instrumentos tales como salvaguardias comerciales, cláusulas de industria naciente, regímenes suspensivos y licencias de importación, todos ellos permitidos y regulados actualmente por la Organización Mundial del Comercio (OMC), que no serían parte de esta negociación.

Promoción de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs): si bien sabemos que existen cláusulas específicas en la negociación en materia de PyMEs, las mismas se limitan a mejorar la circulación de la información técnica y legal del acuerdo. De modo de beneficiarse efectivamente con el acuerdo, las PyMEs requieren de apoyo financiero y de transferencia tecnológica para poder afrontar positivamente un proceso de apertura comercial, modernización tecnológica y mejora de la competitividad, elementos que no se encuentran previstos en la actual negociación.

Inexistencia de estudios de impacto finalizados: es imprescindible contar con estudios y de impacto finalizados que revelen los verdaderos resultados del acuerdo. El Mercosur ni siquiera presentado un análisis similar. Consideramos impropia la firma de un acuerdo con la amplitud del presente sin conocer los resultados económicos y sociales del mismo en términos generales, y mucho menos sin haber estimado el impacto sobre la cantidad y calidad del empleo.

En suma, desde el movimiento sindical del Cono Sur hemos planteado reiteradas veces a las autoridades de ambos bloques nuestras principales preocupaciones y exigencias para que la negociación avance hacia un verdadero acuerdo de asociación que permita reforzar las relaciones políticas, sociales, económicas y culturales entre ambas regiones, y que sea capaz de potenciar el respeto a los derechos humanos, el empleo digno, el trabajo decente, el desarrollo sostenible y los valores democráticos. Sin embargo, no hemos obtenido las respuestas esperadas ni una verdadera y efectiva participación en las negociaciones, lo que motiva nuestro absoluto rechazo al presente acuerdo en lo que respecta tanto a sus formas como a sus contenidos.

“HACIA LOS CIELOS ABIERTOS”: LOS GOBIERNOS DE EEUU Y ARGENTINA FIRMAN ACUERDO LESIVO PARA EL PAÍS.

Luego de una serie de negociaciones secretas, Argentina y los Estados Unidos acaban de firmar el día 26/6 un acuerdo de cielos abiertos. Bajo el eufemismo de “modernizar el acuerdo de transporte aéreo de 1985” el acuerdo es perjudicial para los/as trabajadores/as y ha sido una sorpresa para los sindicatos argentinos y estadounidenses.

En un comunicado conjunto firmado por la ITF (Federación Internacional del Transporte) y APA Argentina para el Blog de Aviación, Joseph Tiberi, Presidente de la Sección de Aviación Civil de la ITF declaró: “La ITF rechaza este acuerdo ya que no hay disposiciones laborales ni protecciones para los/as trabajadores/as en ninguno de los dos países. Mientras que Edgardo Llano, vicepresidente de la Sección de Aviación Civil de la ITF y Secretario General de APA (Argentina) y Adjunto de la CTA T, agregó: “Nos oponemos a este acuerdo negociado en secreto durante un año sin ninguna consulta a los sindicatos en ninguno de los países. Esto muestra claramente que no hay intención de beneficiar a los/as trabajadores/as”.

Este acuerdo daría más capacidad a las grandes corporaciones para reubicar sus operaciones sin que los gobiernos de ambos países puedan proteger a sus trabajadores/as. 

Compartimos el Comunicado de nuestros compañeros de APA del día de ayer:

 

 

La FeTIA rechaza y repudia la posición de la representación empresarial de nuestro país que se abstuvo de votar el convenio contra la violencia y acoso en el mundo del trabajo.

El Convenio 190 contra la Violencia de Género y Acoso Laboral se aprobó este viernes, en el cierre de la Conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, con 439 votos a favor, 7 en contra y 30 abstenciones.

Además, la recomendación complementaria para enfrentar la violencia y el acoso en el lugar de trabajo se aprobó con 397 votos a favor, 12 en contra y 44 abstenciones. En ese contexto, la posición de la UIA aparece como “retrógrada”, tal como la definió el titular de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, quien participó en la reunión de la OIT en nota para Laboralistas.net.

Se trata del primer estándar normativo internacional para frenar el acoso y la violencia en el mundo del trabajo. Si bien ninguna norma, por si sola, erradica un problema social, a nadie escapa que su aprobación es un punto de partida indispensable que tiene efecto jurídico sobre millones de trabajadoras y trabajadores.

Es de lamentar que el empresariado vernáculo no se destaque por su apego a las normas que protegen el trabajo digno”, enfatizó Cremonte para acotar que “es probable que presenten este tema como lo hacen con los accidentes de trabajo colocando el acento en la litigiosidad en vez de resaltar la prevención”.

Pedro Wasiejko, Secretario General de la FeTIA, en el mismo sentido expresó: «lamentable y vergonzosa la posición de los empresarios locales. Mientras los trabajadores y las trabajadoras del mundo festejan este avance «elemental» en el siglo XXI, se afianzan en su posición decimonónica anti derechos y anti obrera.«

El Convenio, que sirve para hacer frente a las situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo, tuvo en Ginebra su segundo año de doble discusión, en el marco del diálogo social, con sesiones entre grupos de trabajadores, grupos de empleadores, y asamblea tripartita con los Estados Miembros. Si su aprobación fue posible este año es porque viene precedido de un arduo trabajo de las centrales sindicales y representa un triunfo rotundo de la clase trabajadora organizada.

A MÁS DE UNA SEMANA DEL APAGÓN LOS ARGENTINOS SIGUEN SIN RESPUESTAS

Desde la Federación de Trabajadores de la Energía, Industria, Servicios y Afines (FeTIA-CTA) que conduce Pedro Wasiejko señalaron que “con el apagón que afectó a más de 48 millones de personas el domingo anterior quedó demostrado que el Estado no puede delegar en manos privadas un servicio público clave como la energía. Lo que pasó es inaceptable y el empresario Marcelo Mindlin y los accionistas de Yacylec deben dar explicaciones”. Además aseguraron que el colapso del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) que gestiona Transener, cuyo accionista mayoritario es Pampa Energía, puso en evidencia la situación de vulnerabilidad del sistema energético del país. “No estamos ante un paradigma de seguridad energética como sostiene el gobierno”, aseguraron a la vez que denunciaron que si no se auditan las empresas que generan, transportan y distribuyen energía lo que sucedió este domingo puede repetirse.

Más allá de la explicación que podamos recibir los ciudadanos en diez, quince o veinte días, según anunció el secretario de Energía Gustavo Lopetegui en conferencia de prensa, lo cierto es que la falla se produjo en el SADI y el responsable del colapso que sufrimos no sólo en Argentina sino también en países limítrofes tiene nombre y apellido: Marcelo Mindlin, el empresario amigo del presidente. Lo que sucedió deja en claro dos cosas: que los mega tarifazos que destruyeron miles de empleos y que obligaron a cientos de pequeños y medianos empresarios a cerrar sus puertas, no se trasladan a inversiones. Y lo segundo es que, sea como sea, el Estado no puede delegar en manos privadas un servicio público indispensable para cualquier sociedad. Las empresas privadas sin control del Estado priorizan su rentabilidad y dejan de lado inversiones necesarias para tener un sistema eficiente y seguro. El amigo del presidente Mauricio Macri, Marcelo Mindlin debe dar explicaciones”, señaló Wasiejko.

Juan Francisco Soto, de la Asociación de Personal Argentino de Yacyretá (APAY) y secretario general de la Regional CABA de la FeTIA sostuvo que “la falla gravísima que llevó al colapso del sistema demuestra la vulnerabilidad del SADI. No estamos ante un paradigma de seguridad energética como pregonan desde la Secretaría de Energía. La falla originaria es producto de la falta de mantenimiento del Yacylec que es una adjudicación de Carlos Saúl Menem por 95 años a una unión transitoria de empresas para que se hagan cargo de 500 KV de transmisión de energía generada por la entidad binacional Yacyretá, que no tuvo nada que ver en la falla originaria y que fue sometida a un estrés altísimo. En 2016 Macri vendió su participación en Yacylec a Sideco, propiedad de su familia. Los otros accionistas de la empresa son Enel Americas, Grupo Eling y Sistranyac”.

Otro de los temas que se deben abordar tiene que ver con la forma en la que se resuelven las fallas que eventualmente pueden ocurrir en cualquier sistema eléctrico del mundo. En el directorio de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) están los mismos titulares de las concesionarias generadoras, transportistas y distribuidoras. Estamos ante un caso donde están de los dos lados del mostrador los empresarios que se tienen que autocontrolar y autoregular por un defecto original del marco regulatorio eléctrico de la 24065 que es la ley madre del marco regulatorio de la Argentina”, reclamó Soto. Y agregó: “Lo más grave es que no hay inversión en la prevención, mantenimiento y nuevas fases de desarrollo”.

Lo que evidencian las fallas que ocurrieron con una simple tormenta, señalaron desde la FeTIA, es que lo más sensible, que es la transmisión de la generación de energía de Yacyretá y Salto Grande que representan alrededor del 22% de la electricidad final de lo que se consume en la Argentina, no está debidamente controlada. “Esto tiene que ver con un defecto de origen y porque en esta gestión de Cambiemos se nota claramente que hay una puerta giratoria en la Secretaría de Energía donde los mismos funcionarios que participaban de estas empresas como Transener, Yacylec, son las mismas que se van cartelizando, violando el mismo marco regulatorio que ordena que las empresas transportistas no podían tener participación en la generación y distribución y lo mismo para las distribuidoras que no deberían tener participación en la generación y el transporte. Esto se fue violando y quedó en letra muerta y ahora empresarios que también están en la generación, están también en el transporte y en la distribución y todos juntos confluyen en el directorio de CAMMESA y CAMMESA hizo un informe preliminar que consideramos insuficiente”, aseguró Soto. Respecto a ese documento, el secretario general de la regional CABA de la FeTIA también destacó que “es muy difícil que las mismas empresas que participan del directorio de CAMMESA y que cotizan en bolsa saquen un comunicado en el que se autoincriminen”.

Por último desde la FeTIA señalaron que no hay ninguna certeza de que una falla de esta naturaleza no se vuelva a producir en tanto no se puedan auditar debidamente las empresas. “Como argentinos, contribuyentes, usuarios y como habitantes a los que se nos tiene que garantizar el derecho humano a la electricidad, que es un servicio público,  tenemos el derecho y nuestros representantes en la Comisión de Energía del Congreso tiene el deber de auditar qué obras estuvieron haciendo los directores de Yacylec y Transener, y qué tareas de mantenimiento y prevención desarrollaron. Son cuestiones claves, porque sino podemos volver a tener un fenómeno de este tipo que pone en riesgo toda la seguridad energética de la Argentina”, aseguraron.

EN EL PRIMER TRIMESTRE LA TASA DE DESOCUPACIÓN ALCANZÓ EL 10,1%

El Centro de Investigación y formación de la República Argentina CIFRA / CTA T nos hicieron llegar un resumen de los datos publicados hoy por el INDEC sobre el mercado de trabajo. Este dato supera por primera vez en 13 años los dos dígitos. Pero la desocupación es aún más alarmante entre los jóvenes: el 23,1% entre las mujeres de 14 a 29 años y 18,5% en los varones de esas mismas edades.

Este resumen va en el archivo adjunto con un gráfico que muestra la trayectoria de la desocupación desde 2003.

  • En el primer trimestre la tasa de desocupación alcanzó el 10,1%, superando por primera vez en 13 años los dos dígitos. En efecto, desde 2006 no se habían registrado tasas de desocupación superiores a 10%.
  • Esta tasa implica una suba de un punto porcentual respecto al nivel del mismo trimestre de 2018, cuando había sido de 9,1%.
  • Si se hacen proyecciones a nivel nacional, este aumento implica que en el plazo de un año el número de desocupados se incrementó en 241.500, alcanzando a 2,1 millones de personas.
  • El aumento en la desocupación se explica fundamentalmente por el aumento en la tasa de actividad, que pasó de 46,7% a 47,0% sobre la población. Llamativamente, la encuesta no mostró una disminución en la tasa de empleo, que pasó de 42,4% a 42,3%, cuando es sabido que en este período se observó un fuerte descenso en el nivel de actividad económica (-5,8%) y en el empleo registrado (-2,0%).
  • También la subocupación (personas que trabajan menos de 35 horas semanales y quisieran trabajar más horas)sufrió un fuerte incremento. El aumento de 9,8% a 11,8% sobre la población económicamente activa implica que a nivel nacional el número de subocupados aumentó en 454.000.
  • Cuando se diferencia el comportamiento de varones y mujeres se advierte que el aumento en la tasa de actividad tuvo que ver con una mayor participación en el mercado laboral de las mujeres –presumiblemente para complementar los alicaídos ingresos de los hogares- y que entre los varones sí existió una significativa contracción de la tasa de empleo.
  • Las tasas de desocupación que más se elevaron son las de los jóvenes, alcanzando valores muy altos: 23,1% para las mujeres de 14 a 29 años, 18,5% para los varones de esas mismas edades.
  • 13 de los aglomerados relevados por EPH tienen tasas de desocupación superiores a dos dígitos. Los de mayores tasas de desocupación son: Usuahia-Río Grande (13,0%), Rawson-Trelew (12,3%), Gran Rosario (11,7%), Jujuy-Palpalá (11,4%), Gran Córdoba (11,3%); Gran La Plata (10,8%). También el Gran Buenos Aires con  una tasa de 11,1% en todo el GBA y 12,3% en el conurbano bonaerense, excluyendo a la C.A.B.A.
  • Finalmente, es destacable que el peso de los asalariados no registrados (precarios) sobre el total de asalariados se ubicó en el 35,0%, lo que muestra que continúa el proceso de empeoramiento de la calidad del empleo, además de la pérdida de ingresos. Un año atrás esa proporción había sido de 33,9%.

Ver informe completo haciendo clic aquí

SIN SOBERANÍA NO HAY NACIÓN

El pasado lunes 10/6, Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, numerosas organizaciones sindicales, entre ellas FeTIA / CTA, junto a ex combatientes, organizaciones sociales y partidos políticos afirmaron los derechos argentinos sobre las Islas MalvinasGeorgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes con un acto frente al Congreso desde donde marcharon luego a la Embajada Británica.

La convocatoria se hizo desde F.I.P.C.A (Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua) y GPS (Grupo por la Soberanía) a la que nos sumamos como FeTIA.

Frente al Congreso hablaron algunos representantes de las organizaciones, entre ellas Rubén Ciuró, Sec. DDHH, quien lo hizo en nombre de la FeTIA, se leyó un Documento que luego de recordar aquél 10 de junio de 1829 el gobernador de Buenos Aires, don Martín Rodríguez nombró por decreto a don Luis Vernet, como primer Gobernador Político y Militar de las Islas Malvinas, acto de soberanía interrumpido, como todos sabemos, cuatro años después cuando fuerzas británicas ocuparon las Islas, expulsando a la población y autoridades argentinas allí establecidas, y reemplazándolas por otras de origen británico.

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El Documento se adentra luego en el impresionante retroceso que hemos sufrido con el actual gobierno en las negociaciones que Argentina venía realizando por vía diplomática:…”el martes 13 de setiembre de 2016, el gobierno de Mauricio Macri firmó el llamado acuerdo Foradori-Duncan en alusión a los diplomáticos argentino y británico que los suscribieron.

“En la cláusula más importante, la Argentina se compromete a “eliminar todas las trabas que impiden el normal desarrollo de la economía de las islas”, en lo que constituye una verdadera rendición frente al enemigo usurpador de nuestros territorios.

“En estos días, el Gobierno avanza decididamente en el cumplimiento del acuerdo entregando en licitación áreas petroleras de la cuenca Malvinas a empresas de capitales británicos, que además tienen en sus directorios a personajes ligados al ilegítimo gobierno británico de las islas e intentó avanzar en acuerdos pesqueros que hubiesen implicado el reconocimiento a la soberanía británica”.

Frente a la Embajada Británica se manifestó en igual sentido: El pueblo argentino, que nunca consintió este acto de fuerza, ratifica hoy el mandato histórico y constitucional de su permanente e irrenunciable determinación de recuperar por la vía pacífica el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

 Aquí el documento completo

Éxito de la presión sindical

El Gobierno derogó la Disposición N° 17 de fecha 6 de diciembre de 2017 dictada por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales que determinaba la actualización del Registro Especial de Asociaciones Sindicales.

Esta disposición pretendía excluir del Registro existente en el ámbito de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (DNAS) a aquellas entidades sindicales que no hubieran acreditado en el plazo de 3 años su actividad operativa y daba un plazo de 60 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial a los fines de acreditar el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento exigidos por la Ley y así procurar su mantenimiento en el Registro mencionado.

La Secretaría de Trabajo en su resolución 751/2019 del 6 de junio pasado reconoce que “Que esta disposición no ha tenido la operatividad y los efectos esperados al momento de su dictado”; para la FeTIA / CTA esto no es sino el fruto del rechazo y resistencia de las organizaciones sindicales a este tipo de medidas que apuntan a coartar la libertad sindical además de amenazar la continuidad de numerosas organizaciones gremiales que hasta el momento no tenían garantizado ese derecho. No es casual que esta nueva disposición se da simultáneamente con la Reunión Anual de la OIT donde la Comisión de Expertos volvió a ratificar la vigencia de los reclamos históricos de la CTA por las violaciones a la libertad sindical.

Para nuestros compañerxs* que participan en Ginebra de la 108a. Conferencia Internacional del Trabajo: «Éste es un logro del movimiento sindical, que como sabemos se produce cuando se está discutiendo en la OIT la lista de casos que van a ser tratados, en la Comisión de Normas por la gravedad de la violación de los derechos laborales. Argentina a propuesta de la Confederación Sindical Internacional (CSI) ocupa el segundo lugar en las prioridades luego de Brasil.«

 

*Delegación de CTA en OIT: Yamile Sovolovsky, Estela Díaz, Claudio Marín, Carlos De Feo, Andrés Larisgoitía y Marta Scarpato.

PRESENTACION COMPLETA DE ANGÉLICA JIMÉNEZ EN SOCIALES. EL IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y EN EL MERCADO LABORAL Y EL ROL DE LOS SINDICATOS. Charla-Debate.

Subimos aquí el video de la exposición completa (y el debate posterior) que Angélica Jiménez, de IG METALL, diera el pasado 24 de mayo en la Facultad de Sociales. Es una buena oportunidad para inaugurar una nueva sección en «Publicaciones» dónde se agrupa todo nuestro material de formación. A partir de ahora encontrarás en «Transformaciones y Trabajo«, (siempre dentro de la pestaña «Publicaciones«) materiales como éste, que tratan sobre la Industria 4.0, Cadenas Globales de Producción (CGP), las transformaciones en el mundo laboral y todo lo que se relacione con esta nueva etapa incluyendo los desafíos que se nos plantean a los trabajadorxs y a las organizaciones sindicales.

 

Exposición completa de Angélica Jiménez

 

 

Charla-debate con Angélica Jiménez

 

 

 

 

ANGÉLICA JIMÉNEZ, DE IG METALL, EN LA FACULTAD DE SOCIALES: EL IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y EN EL MERCADO LABORAL Y EL ROL DE LOS SINDICATOS.

Las características del mundo del trabajo hoy, el impacto de la digitalización en la producción y en el mercado laboral y el rol de los sindicatos en el nuevo escenario fueron algunos de los temas de los que habló Angélica Jiménez, de IG METALL – Confederación Sindical Metalúrgica alemana-, en una charla debate en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Participaron trabajadores, dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Industria, Servicios y Afines (FeTIA), investigadores y estudiantes. La actividad estuvo organizada por la Fundación Friedich Ebert Stiftung (FES) y la Facultad de Sociales el viernes 24 de mayo.

Para Jiménez, quien es responsable de América Latina en el Departamento de Política Sindical Transnacional de IG Metall, el mundo actual es cambiante, se encuentra en plena transformación tanto a nivel producción como en lo que se refiere a la organización del trabajo. Los procesos de digitalización, explicó, van a abrir campos de comunicación entre la academia y los sindicatos para definir en qué dirección se deben formar a los futuros técnicos.

Uno de los primeros desafíos de esta nueva etapa fue realizar un diagnóstico de la situación actual. «La primera sensación fue que se iban a perder millones de puestos de trabajo, pero no es tan así. En el caso de la producción directa, va a haber otro proceso de automatización, de robotización y acumulación de datos. Sí se va a producir una transformación importante en la organización del trabajo. Surgieron varios proyectos para investigar cómo está cambiando la producción», señaló. Y agregó: «Habrán algunas profesiones que desaparecerán, pero habrán también profesiones nuevas que surgirán. Eso va a generar una necesidad de capacitación muy grande, los trabajadores tendrán que estar dispuestos a capacitarse con una formación básica pero que sea complementable con otros cursos o formaciones adicionales. Tendrán que ir adaptando su capacitación y empleabilidad para los futuros cambios», advirtió.

En ese nuevo contexto, los sindicatos «deberán procurar que los trabajadores tengan acceso a una formación de calidad, que los nuevos sistemas de producción no dañen la salud de los trabajadores, sobre todo la salud psíquica, que con los nuevos sistemas tecnológicos sea el ser humano el que siga determinando el ritmo de trabajo y no la máquina la que obligue al ser humano a llevar un ritmo determinado. Otro de los desafíos para los sindicatos es ver qué pasa con los datos que generan los trabajadores en el proceso productivo, quién los recopila, qué se hace con ellos, cómo guardar la privacidad de los trabajadores y cómo garantizar que no sean controlados».

 

 

Otro problema que habrá que abordar con la digitalización tiene que ver con los límites entre el tiempo de trabajo y de ocio. Cómo las nuevas tecnologías se meten en la vida de la gente y se difuminan las fronteras entre el trabajo y la vida familiar. Un empleado de mantenimiento en lugar de ir a la fábrica a buscar las órdenes de reparación que debe realizar durante el día, ahora las recibe en su celular. «Si mira su dispositivo durante el desayuno, ¿está trabajando? ¿está en su tiempo familiar? Horarios de trabajo extensos, la disponibilidad para que la empresa llame o asigne trabajo en cualquier horario, que no se pueda delimitar “ahora me dedico a mi familia, ahora me dedico a trabajar”. Ese es un gran peligro, que el trabajador se vaya quedando aislado y no tenga conexión con los otros compañeros de trabajo y vaya perdiendo un poco la conciencia de pertenecer a un colectivo. Ese también es un problema serio», explicó Jiménez.

 

 

Y concluyendo su exposición, Angélica Jiménez agregó que están debatiendo internamente como queremos posicionarnos como sindicato, cómo confrontar con estas nuevas evoluciones que se están produciendo en la empresa y al mismo tiempo enviando mensajes hacia la opinión pública, hacia la política y los empresarios diciendo que estamos convencidos que es necesario una transformación de la producción que sea más respetuosa con el medio ambiente, que las transformaciones de la producción, tienen que ser social y ecológicamente justa, que estamos de acuerdo con que la tecnología no la vamos a parar, pero ni un proceso ni el otro se pueden hacer a costa de los puestos de trabajo ni a costas de los trabajadores y por eso el 29 de junio se realizará en Berlín una gran movilización enviando ese mensaje: “toda la transformación que se va hacer en el mundo de la industria y del trabajo solo puede hacerse con nosotros, tiene que contar con los sindicatos, que no se haga a costa de nosotros sino contando con nosotros” concluyó.

Luego vinieron las preguntas y el debate*.

Pedro Wasiejko, secretario general de la FeTIA, opinó que “En Argentina esta etapa de digitalización y estos nuevos formatos de trabajo se dan de una manera muy desordenada y de la mano de las grandes corporaciones que aplican estas tecnologías, las .com, las empresas tipo Uber, Apple, Amazon, Google, que lo implementan sin ningún tipo de restricciones. Y nuestro país, con un gobierno como el de Mauricio Macri, es un paraíso para este tipo de empresas. Los ciudadanos son meros consumidores y ese es un desafío muy grande, que nos obliga a ver cómo enfrentamos esta situación», explicó.

En relación a la producción de datos, Wasiejko también señaló que no pueden ser propiedad exclusiva de las empresas que muchas veces los obtienen incluso de forma irregular o indebida. «En algunos casos no cuidan ninguna norma ética de la libertad y de la privacidad de los ciudadanos. Los datos tienen que ser propiedad del Estado. Ese es un gran desafío porque hoy los datos son un insumo. Son como el petróleo, el oro, el trigo, la soja. Hoy la producción de datos es un insumo estratégico».

Por último y respecto al rol de los sindicatos en Argentina, el Secretario General de la FeTIA señaló que los gremios están tomando el desafío, aunque advirtió que están algo atrasados en el tema. «La estrategia de organizar a los trabajadores en este tipo de empresas nuevas con la fórmula típica, con el modelo sindical tradicional, va a producir una situación que lleva a un callejón sin salida. El modelo tradicional para poder enfrentar este tipo de iniciativas tiene profundas limitaciones. Se necesitan organizaciones fuertes. La estrategia de la FeTIA tiene que ver con eso, con desarrollar una representación de los trabajadores con el suficiente poder y capacidad de organización en ese tipo de empresas. Hoy un sindicato no solamente tiene que ser declamativo, sino que tiene que ser efectivo a la hora de resolver los problemas de sus compañeros», aseguró.

 

 

*Próximamente subiremos el video completo.

 

Material de apoyo para descargar:

Una guía sindical para una transición justa para los trabajadores.

La transición a una economía limpia más sostenible debe ser económica y socialmente justa y equitativa para los trabajadores y sus comunidades.

Compartimos este importante aporte de IndustriALL a un desafío urgente que tenemos como trabajadores. Junto a IndustriALL rechazamos «una visión exclusivamente del sector privado de una Transición Justa; la economía de casino ha creado en gran medida los problemas de hoy y no tiene respuestas a estas preguntas. No vamos a comprar nuestro camino hacia la sostenibilidad».
Muy importante material cuya lectura y estudio recomendamos.

UNA GUÍA SINDICAL

¿Qué es una Transición Justa?

El objetivo de una Transición Justa es proporcionar un futuro esperanzador y optimista para todos los trabajadores, especialmente aquellos en industrias que pueden verse impactadas por los esfuerzos para limitar los gases de efecto invernadero o por la introducción de nuevas tecnologías.

Una Transición Justa debe ofrecer un futuro en el que los trabajadores, sus familias y las comunidades y culturas de las que son parte puedan creer, al que puedan aspirar, apoyar y comprometerse a lograr. Debemos luchar por un buen futuro.

El sector privado desempeña un papel en la construcción de un puente de Transición Justa hacia un futuro sostenible. En particular con las grandes corporaciones multinacionales, los principios de las políticas industriales sostenibles y una Transición Justa deberían incorporarse en los convenios colectivos. Actuar responsablemente es un buen negocio a largo plazo.

Sin embargo, las políticas industriales sostenibles y la Transición Justa tienen que ver principalmente con políticas públicas de interés público. IndustriALL rechaza una visión exclusivamente del sector privado de una Transición Justa; la economía de casino ha creado en gran medida los problemas de hoy y no tiene respuestas a estas preguntas. No vamos a comprar nuestro camino hacia la sostenibilidad.

En todo momento, todo apoyo a políticas públicas debe garantizar los principios y derechos fundamentales en el trabajo según lo definido por la Declaración de la OIT de 1998. Deben protegerse los derechos de los sindicalistas y los sindicatos deben exigir estabilidad institucional, protección para el sindicato como institución, a través del período de transición.

Nuestras exigencias son completamente razonables, técnicamente posibles y asequibles.

La transición a una economía limpia más sostenible debe ser económica y socialmente justa y equitativa para los trabajadores y sus comunidades. Las tecnologías avanzadas, o la energía sostenible, o las industrias más ecológicas, deben beneficiar a todos y no solamente a un puñado de multimillonarios. En una época en la que Oxfam informa que 26 personas controlan tanta riqueza como la mitad de la población mundial, no debería haber dudas de que es necesario compartir mejor los costos y beneficios del cambio.

La lucha por una Transición Justa apoya, y es apoyada por, exigencias de larga data de los sindicatos de programas de protección social fuertes (cuidado de la salud, seguridad de los ingresos, servicios sociales, educación).

Cuando se exigen programas de Transición Justa y políticas industriales sostenibles, se debe recordar a los líderes políticos que en cierto modo ellos ya están comprometidos con estos en principio.

  • Es un requerimiento clave del Acuerdo de París sobre el cambio climático adoptado en la COP21 en 2015.
  • Es el objeto de la Declaración de Silesia sobre Solidaridad y Transición Justa adoptada en la COP24 en 2018.
  • Está definido en las Directrices para una Transición Justa hacia Economías y Sociedades Ambientalmente Sostenibles para Todos de la OIT.
  • La inversión en programas de Transición Justa está explicada por la organización en los Principios para la Inversión Responsable en su documento El cambio climático y la transición justa: una guía para la toma de decisiones de los inversores.
  • Está reflejado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
  • Los sindicatos también deben enfrentar los cambios que se avecinan. Se está discutiendo la industria 4.0, ¿qué hay del sindicato 4.0? ¿Qué deben hacer los sindicatos para mantener su credibilidad y pertinencia para los sindicalistas presentes y futuros? Los sindicatos no mantendrán su credibilidad y pertinencia si se niegan a cooperar entre sí, o si intentan defender lo indefendible.

La sostenibilidad, especialmente su dimensión social, es fundamentalmente una lucha sindical. Nadie más tiene el poder o la capacidad de hablar en nombre de los trabajadores, las familias de los trabajadores y las comunidades que dependen de ellos. El futuro se definirá por las decisiones tomadas ahora.

«La transición a una economía limpia más sostenible debe ser económica y socialmente justa y equitativa para los trabajadores y sus comunidades.»

IndustriALL Global Union

Cambio climático

El cambio climático es una grave amenaza para el bienestar de todos y su principal causa es la actividad humana. Las pruebas son irrefutables. Científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático han emitido una severa advertencia: el mundo tiene aproximadamente una ventana de 12 años para actuar si deseamos mantener el calentamiento global promedio en menos de 1,5 C por encima de los valores preindustriales y evitar una catástrofe ambiental.

Este ambicioso objetivo es asequible y tecnológicamente viable. Lo que falta es la voluntad política de tomar medidas y un plan de Transición Justa para mantener la coherencia social a través de las transformaciones necesarias.

El acuerdo de París y la Transición Juste

En 2015 se llevó a cabo la 21.a Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en París, Francia. En esta conferencia se acordó un conjunto de principios para abordar la crisis del cambio climático. Gracias a las intervenciones exitosas por parte de los sindicalistas, el Acuerdo de París exige una Transición Justa.

La base del Acuerdo de París es que si bien las naciones deben desarrollar sus propios compromisos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, deben controlar su progreso y generar informes constatables. La CMNUCC realizará un balance periódico del progreso general y prestará asesoramiento a los estados miembros para que aumenten su compromiso, con base en asesoramiento científico.

La expresión significativa que se encuentra en el preámbulo del Acuerdo de París es que las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional deben “tener en cuenta la necesidad de una transición justa de la fuerza de trabajo y la creación de trabajo decente y empleos de calidad”.

Esto se reafirmó en la COP24 de 2018, en Katowice, Polonia. La intención de la COP24 era finalizar el reglamento para permitir que se implemente el Acuerdo de París. Se adoptó una declaración sobre la Transición Justa, lo que se considera un logro fundamental para el movimiento laboral.

La declaración demuestra un claro compromiso de los estados miembros de las Naciones Unidas a lograr una Transición Justa. Serán los movimientos laborales a nivel mundial y otras organizaciones de la sociedad civil los que deberán velar por que los gobiernos cumplan con su compromiso. Se avecina una profunda transformación de la economía y, tal como lo explica de manera sencilla el Presidente General de la División de Minería y Energía del Sindicato de Construcción, Forestación, Minería y Energía de Australia (CFMEU, por sus siglas en inglés), Tony Maher: “Podemos hacerlo de manera justa o injusta”. Depende de nosotros.

Industria 4.0

IndustriALL Global Union utiliza el término Industria 4.0 para describir un conjunto de tecnologías disruptivas y estructuras de trabajo que están transformando rápidamente el mundo del trabajo. Estas incluyen digitalización avanzada, inteligencia artificial, máquinas interconectadas semiautónomas, robótica avanzada, impresión 3D, nanotecnología, biotecnología avanzada y trabajo en plataformas, entre otras. Las tecnologías en sí mismas no son el problema, sino la lógica que impulsa su introducción, que en este momento es reducir los costos laborales y las normas laborales.

Si podemos guiar la implementación de estas nuevas tecnologías, podemos crear trabajo de calidad con tiempo de trabajo reducido y mejora en la salud y seguridad ocupacional. Algunas de las principales estrategias de IndustriALL para la Industria 4.0 son:

  • la exigencia de participación plena de los trabajadores conforme tienen lugar las discusiones a nivel mundial, regional, nacional y empresarial sobre la Industria 4.0
  • la protección de los derechos humanos y de los trabajadores, particularmente los derechos a la información, capacitación y educación y a la privacidad
  • una Transición Justa para los trabajadores, sus familias y las comunidades que dependen de ellos, a través de la transformación

Independientemente de si tomamos medidas con respecto al cambio climático u otras crisis ambientales, o de si aceptamos o ignoramos los cambios tecnológicos, estos cambios vendrán. Ocurrirá una transición y la única elección que tenemos es si será una lucha violenta por empleos o recursos tales como el agua, la energía y la tierra fértil, medidas de supervivencia desesperadas de último momento que desestimen completamente los derechos humanos y la protección social, o una Transición Justa y ordenada que respete y proteja a los trabajadores actuales mientras se crea nuevo trabajo decente en industrias sostenibles.

Una Transición Justa proporciona un camino hacia un futuro sostenible, en todos los aspectos de sus dimensiones sociales, económicas y ambientales. Para que la transición sea verdaderamente justa, esta debe apuntar a un futuro optimista, un futuro que los trabajadores, sus familias y las comunidades que dependen de ellos puedan apoyar y comprometerse a lograr.

«Para una Transición Justa hacia un futuro en el que el ambiente esté protegido y la economía sea próspera, los trabajadores necesitan políticas industriales sostenibles, con fuertes protecciones sociales y respaldo para los trabajadores, guiadas por el diálogo social.»

IndustriALL Global Union

Artículo publicado en IndustriALL

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