Piden cláusula de ajustes por inflación

La Asamblea Nacional de la Federación de Trabajadores de la Energía, Industria, Servicios (FeTIA), entidad adherida a la CTA de los Trabajadores y a la Red Global Industrial, repudió de «forma enérgica» la represión que sufrieron la semana pasada los trabajadores y advirtió que «no aceptaremos bajo ninguna circunstancia la criminalización de la protesta social».

 

A través de un comunicado que emitió luego de reunirse en Buenos Aires el 29 de diciembre último, la FETIA llamó a «implementar todas las medidas necesarias para mantener el nivel de ingresos afectado por la violenta suba del costo de vida producto de la devaluación implementada por el nuevo gobierno». Además, en otro de los puntos reclamó «la incorporación de la claúsula gatillo en la negociación salarial que permita ajustar trimestralmente los futuros aumentos salariales en base al ritmo de la inflación». Además de pedir «un monto que funcione como paliativo del incremento de los precios de los últimos dos meses». Además, la entidad rechazó «el nombramiento por decreto de jueces de la Corte Suprema de Justicia lo que representa una grave violación al funcionamiento de la República» y «por ende un retroceso institucional inadmisible».

 

 

Federación de Energía reclamó medidas para mantener nivel de ingresos y cláusula gatillo en negociación salarial

Buenos Aires, 29 de diciembre (Télam) El Congreso Nacional de la Federación de Trabajadores de la Energía, Industria, Servicios y Afines (FeTIA) que lidera Pedro Wasiejko y representa a más de 30.000 trabajadores privados y públicos del país, reclamó hoy la aplicación de «las medidas necesarias para mantener el nivel de ingresos afectado por el alza del costo de vida» a partir del levantamiento del cepo cambiario, informó la organización.

Los congresales de la FeTIA, adherida a la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) que conduce Wasiejko y el docente Hugo Yasky y a la Red Global Industrial a nivel mundial, también demandó «la incorporación de la cláusula gatillo en la negociación salarial para ajustar de forma trimestral los futuros aumentos salariales sobre la base del ritmo del proceso inflacionario».

Del mismo modo, exigió un monto que funcione como «paliativo» del incremento de «los precios operado en los últimos dos meses».

La organización, que lidera el también titular del gremio del neumático (SUTNA), ratificó «el respeto a la Constitución Nacional y a las instituciones de la democracia», aunque rechazó «el nombramiento por decreto de jueces de la Corte Suprema de Justicia» y «la criminalización de la protesta social».

 

“El ALCA no murió, sigue acechando”

Fue el cierre de un encuentro organizado por la CTA. Varios de los participantes plantearon que el resultado del ballottage del 22 de noviembre puede torcer el proceso de integración en la región. Kicillof explicó los aspectos económicos del rechazo.

“Cada uno de nosotros trajo una pala, una pala de enterrador, porque aquí, en Mar Del Plata, está la tumba del ALCA: alca, alca, alca… al carajo.” Una década después de aquel discurso de Hugo Chávez que inauguró una época, dirigentes sindicales de países de América latina reivindicaron el proceso de integracional regional que se puso en marcha a partir de la histórica Cumbre de las Américas de 2005. “Fue la primera vez que lo que gritaba el pueblo en la calle coincidió con lo que resolvían los presidentes reunidos dentro de cuatro paredes”, rememoró el secretario de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, que ofició de anfitrión ante referentes de centrales obreras, funcionarios y ex embajadores que llegaron de toda la región para el recuerdo de los diez años del No al ALCA.

Entre recuerdos y anécdotas, contadas en primera persona por los protagonistas del ya mítico encuentro, el homenaje abrió un espacio para la reflexión sobre las consecuencias que el resultado del ballottage del 22 de noviembre en nuestro país tendrá sobre el rumbo político actual de la región. “El ALCA no está muerto, sigue acechando a la espera de penetrar en nuestros países”, advirtió el ministro de Economía Axel Kicillof, que compartió el panel de cierre con Yasky.

Ante un auditorio de Foetra repleto en su mayoría por docentes de todo el país y decorado con los colores de las banderas latinoamericanas, disertaron a su turno el presidente de la Confederación Sindical Internacional, el brasileño Joao Felicio; el secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, Víctor Báez Mosqueira; el ex canciller de Uruguay, presente durante la cumbre, Roberto Conde, y representantes de las centrales obreras de Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil y Cuba.

Al tomar la palabra todos ellos coincidieron en remarcar que el ballottage del 22 de noviembre define el futuro de la región. “El imperialismo no quiere más gobiernos populares y democráticos”, aseguró Felicio, quien comparó al candidato de Cambiemos, Mauricio Macri, con el referente de la oposición brasileña, Aécio Neves, que fue derrotado por Dilma Rousseff en segunda vuelta el año pasado. Felicio recordó que Aécio Neves “llamó a Macri para felicitarlo por el resultado” de las últimas elecciones. “Era el diablo brasileño llamando al satanás argentino, un enemigo de clase de los trabajadores argentinos”, dijo.

El ex canciller uruguayo, Roberto Conde, recordó por su parte a Néstor Kirchner “como un gran estadista” y aseguró que una derrota del oficialismo “aceleraría la más brutal derrota para los trabajadores latinoamericanos, que es la caída de Brasil del proceso de integración”. Para Conde, “las potencias centrales decidieron venir por todo, hay una nueva ofensiva ante la cual nuestra mayor resistencia es la integración”, señaló.

“Ahora está más clara que nunca la lucha entre dos modelos, tanto a nivel regional como en Argentina”, afirmó Yasky, que comparó el escenario actual con “las encrucijadas históricas” de los décadas del 40 y del 70. Y arremetió contra la “campaña del miedo” que le atribuye la oposición al gGbierno. “Ahora hablan de la campaña del miedo –dijo– porque le temen al reverdecer del debate, le temen a que la gente, desde abajo, tome en sus propias manos la discusión política sobre qué país quiere.”

Kicillof –de los más aplaudidos– se centró en los aspectos económicos del rechazo al ALCA. “Significó que miles de argentinos puedan tener trabajo en la industria nacional, que las pymes recuperen su rentabilidad, que haya crecido como creció el PBI”, explicó. Para el ministro de Economía, “el ALCA era un proyecto para todo el continente, diseñado en plena década infame de los 90 para que EE.UU. pueda manejar el continente como su patrio trasero”.

“Frente al ALCA estaban los temas que proponía Néstor para la generación de empleo, combatir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de la población”, continuó Kicillof, citando los nudos centrales del documento que firmaron Néstor Kirchner, Hugo Chávez e Inácio Lula da Silva, entre otros presidentes, como conclusiones del encuentro de Mar Del Plata. “Al enterrar el proyecto del ALCA, estábamos enterrando en Consenso de Washington”, analizó Kicillof, quien de todas formas se ocupó de remarcar que aquel “proyecto del imperio” para América Latina “continúa siendo impulsado” por sectores políticos al interior de cada país.

“Ahora que hablan de cambio, los invito a entender que el cambio real empezó aquellos días de noviembre en Mar del Plata, basado en la dignidad de los trabajadores”, afirmó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que regaló el momento más cálido de la tarde al recordar a Néstor Kirchner como protagonista de la cumbre. “A Néstor no le gustaban las reuniones entre presidentes, le resultaban tediosas –contó Tomada–. Hasta que, fiel a su estilo, comenzó a desestructurarlas: le decía a Chávez `mi comandante`, por ejemplo.” “Ahí empezó a ver que lo seguían –continuó el ministro–. Y nos decía,‘che, ¿viste que acá se puede hacer política también?’.”

Precarización y castigo

El Gobierno sancionó a 1345 empresas por incumplimiento de normas laborales. Se publicará el listado de infractores, a los que se les restringe el acceso a beneficios estatales.

Un universo de 1345 empresas de todo el país fue sancionado por incumplir con la normativa laboral. Los nombres de las compañías están disponibles en el Repsal, el listado público de empleadores infractores lanzado en diciembre del año pasado dentro del paquete de leyes impulsadas para combatir el núcleo duro de la informalidad laboral. El empleo no registrado está concentrado en micro y pequeñas unidades productivas. Con ese diagnóstico, las principales centrales empresarias del país despotrican contra la “competencia desleal” de quienes reducen abusivamente sus costos laborales. Sin embargo, las grandes firmas son activas usuarias de las estrategias de precarización. Los registros del Ministerio de Trabajo a los que accedió Página/12 revelan que existen alrededor de 100 firmas con más de 100 trabajadores en las que se detectaron trabajadores sin registrar. En ese grupo de grandes infractores sobresalen cinco compañías con más de 1000 empleados: el supermercado Dia, la empresa Carsa, que forma parte de la cadena Musimundo, la prestadora de servicios de colocación de personal Grupo Gestión y dos compañías del sector sanidad, Basa Salud y el Instituto Quirúrgico del Callao, esta última la única que ya abonó su multa.

La informalidad laboral es el principal problema del mercado de trabajo argentino. Las significativas mejoras experimentadas a lo largo de la última década lograron quebrar la trayectoria ascendente abierta a mediados de los setenta, pero todavía hay 4,7 millones de asalariados informalizados. Si bien 6 de cada 10 trabajadores informales se desempeñan en microestablecimientos, el 40 por ciento restante son asalariados no registrados (1,1 millón de personas) que desempeñan tareas en medianas y grandes empresas.

La Ley de Promoción del Empleo Registrado y Prevención del Fraude Laboral aprobada el año pasado creó dos conjuntos de herramientas: incentivos para que los microempresarios avancen en la regularización y el fortalecimiento de las capacidades de fiscalización y sanción de los empleadores infractores. En ese esquema, el listado de infractores operaría como un mecanismo de disuasión y penalización. El Repsal establece un conjunto de penalidades y restricciones de acceso a beneficios estatales para que las empresas evasoras no puedan competir en forma desleal usufructuando de las ventajas económicas derivadas de incumplir con las normas. La estadía mínima en la lista son 60 días y la máxima asciende a tres años, dependiendo de la gravedad de las irregularidades detectadas. La pertenencia a ese grupo impide a los empleadores acceder a programas, acciones de fomento o subsidios del Estado. También los deja afuera de líneas de crédito de bancos públicos.

Los datos de la cartera laboral revelan que más del 20 por ciento de las sociedades expuestas en el registro emplean más de 50 trabajadores. Se trata de empresas prestadoras de servicios de salud, transportistas, comercios y constructoras, un conjunto de firmas que se repiten en todo el listado. Las 20 compañías infractoras más grandes emplean entre 209 y 9407 trabajadores. Las irregularidades fueron detectadas en todo el país. Por ejemplo, en Chaco se identificaron asalariados no registrados trabajando para la firma transportista San José y el grupo asegurador La Segunda.

La detección de las irregularidades depende de las tareas de fiscalización. Según admiten los propios funcionarios de la cartera laboral, como el ministro Carlos Tomada y la secretaria Noemí Rial, en ese área todavía queda un largo camino por recorrer. Entre los avances destacan la informatización de los procesos, la incorporación de nuevos inspectores y la ampliación de las capacidades de control. Pero advierten que persiste un importante grupo de provincias (son las que tienen las mayores atribuciones a la hora de realizar los controles) reticentes a cooperar y comprometerse con las tareas de inspección. Asimismo, los responsables de los equipos de fiscalización remarcan la necesidad de duplicar de 400 a 800 la cantidad de trabajadores dedicados a esas tareas, así como la importancia de coordinar las tareas con el resto de los organismos públicos que realizan trabajos similares.

Informalidad difícil de roer

El trabajo doméstico, los cuentapropistas, el empleo rural y el trabajo asalariado en construcción y comercio constituyen los rubros con más empleo no registrado. Un seminario de la OIT abordó la problemática.

“El trabajo no registrado se concentra en un núcleo duro difícil de quebrar”, dijo Noemí Rial.

“El crecimiento económico es condición necesaria pero no alcanza para reducir la informalidad, avanzamos mucho en materia de formalización laboral pero todavía falta. En la actualidad el trabajo no registrado está concentrado en un núcleo duro que es más difícil de quebrar: el 70 por ciento está en empresas de hasta cinco trabajadores”, advirtió ayer la secretaria de Trabajo, Noemí Rial. Fue durante un seminario realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde participaron representantes de la CGT y la Unión Industrial, quienes enfatizaron la relevancia de las transformaciones en la estructura productiva y el fortalecimiento de las instituciones laborales para profundizar la reducción del empleo no registrado. Acompañada por el director de OIT en Argentina, Pedro Américo Furtado de Olivera, Rial enfatizó la necesidad de profundizar las tareas de fiscalización laboral y la relevancia de contar con una estrategia activa de difusión de los estímulos a microempresas para la regularización de sus trabajadores.

La informalidad afecta a uno de cada tres asalariados. Los datos para el primer trimestre del año ubicaron la tasa de empleo no registrado en 31,9 por ciento, una reducción de 17 puntos porcentuales frente a los máximos alcanzados durante la crisis de la convertibilidad. El crecimiento económico y la creación de empleo de calidad favorecieron esa dinámica y permitieron quebrar la trayectoria ascendente registrada desde mediados de los años setenta. No obstante, el proceso de mejoras está estancado desde 2008 y la informalidad todavía afecta a 4,7 millones de personas. Ese escenario dificulta lograr niveles de no registración inferiores al 30 por ciento para 2016 como pretendía el Gobierno con el lanzamiento de la Ley de Promoción del Empleo Registrado y Prevención del Fraude Laboral el año pasado.

“Nos quedan los núcleos duros como el sector ladrillero donde recién empezamos a identificar la problemática en la que hay mucho trabajo infantil y migrantes indocumentados. Cuesta mucho fiscalizar en algunas actividades como en los talleres textiles donde hay que introducir modificaciones en la legislación para poder avanzar y responsabilizar a quienes se benefician hacia arriba de la cadena de valor”, expresó Rial en declaraciones a este diario. De acuerdo con el preciso diagnóstico elaborado por los especialistas de la OIT Fabio Bertranou y Luis Casanova, existe un núcleo duro de informalidad que está concentrado en cinco segmentos críticos de dificil formalización: el trabajo doméstico, los cuentapropistas, el empleo rural y el trabajo asalariado en la construcción y el comercio.

Si bien la informalidad laboral está concentrada en unidades productivas sin empleo formal y en los hogares (trabajo doméstico), existe un amplio universo de trabajadores precarizados que se desempeñan en empresas formales. “Más de 1100 empresas formales figuran en el Repsal, son empresas que no cumplieron con las normas laborales y fueron sancionadas, en ese listado existen alrededor de 100 compañías con más de 100 trabajadores que contratan en forma precaria”, advirtió Diego Schleser, director general de Estudios y Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo. El Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) forma parte del paquete de leyes sancionadas el año pasado.

Desde la representación sindical celebraron el nuevo paradigma desplegado en materia de políticas de inclusión social pero a su vez advirtieron sobre la intensidad de la informalidad en las provincias más pobres, entre los trabajadores de menores ingresos y los jóvenes. “Se precariza a los jóvenes para mejorar la rentabilidad de las empresas, hubo avances para contenerlos en el sistema educativo para que terminen sus estudios, pero entendemos que todavía se requiere una mayor articulación entre la educación y la inserción laboral”, expresó ayer Marita González, coordinadora de equipo multidisciplinario de trabajo decente de la CGT. Por su parte, Diego Coatz, economista jefe de la UIA, remarcó la necesidad de recuperar mayores niveles de crecimiento económico para dinamizar el mercado de trabajo y profundizar las mejoras de las condiciones de trabajo. No obstante, el representante del sector empresario sostuvo que esa estrategia debería contemplar un nuevo modelo productivo que, a través de la inversión y la innovación, enfrente la desarticulación productiva existente.

La CTA apoya cambios en Ganancias y pide una reforma tributaria integral

El secretario General de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, ponderó la decisión del gobierno nacional sobre el impuesto a las Ganancias al considerar que «va direccionada en el sentido correcto pues constituye un primer paso en el camino de una reforma tributaria integral». Ampliar

La organización que lidera Huyo Yasky celebró la modificación en el impuesto porque «constituye un primer paso en el camino de una reforma tributaria integral».

La CTA de los Trabajadores celebró en las última horas el anuncio de una reducción en el pago del Impuesto a las Ganancias, realizado por el ministro de Economía Axel Kicillof, que involucra al 68% de los trabajadores que hoy tributan dicho impuesto.

«Entendemos que esta modificación, que busca darle mayor progresividad al impuesto, para que paguen más los que más tienen, va direccionada en el sentido correcto pues constituye un primer paso en el camino de una reforma tributaria integral», destacó el titular de la CTA, Hugo Yasky, a través de un comunicado.

Por su parte, el secretario adjunto de la Central, Pedro Wasiejko, calificó como «un importante avance» las medidas anunciadas y ratificó «el plan de acción» impulsado por esta corriente gremial para alcanzar «la discusión parlamentaria a fin de que se modifique en ese impuesto la cuarta categorí­a», en el marco de «una reforma tributaria integral de carácter progresivo».

En esa dirección, ponderó «la decisión del gobierno de ir resolviendo el tema» y consideró que «se trata de un reclamo histórico de la CTA y de la Federación de Trabajadores de la Industria (FeTIA) que es preciso profundizar, para lo cual ya se elaboró una propuesta con los equipos jurí­dicos» permanentes.

En otro orden, Wasiejko -titular de la FeTIA y del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna)-, adelantó que el jueves la CTA marchará hacia la Subsecretarí­a de Trabajo porteña para exigir la remoción de los funcionarios responsables de la falta de control preventivo de los talleres clandestinos y para reclamar un proyecto de ley que li­mite la tercerización.

Se diferenció de Maturano el secretario adjunto de la CTA, Pedro Wasiejko, quien calificó como un “importante avance” las medidas anunciadas. De todos modos, pidió que “avance la discusión parlamentaria a fin de que se modifique el impuesto a la cuarta categoría”.

Paritarias en fase caliente

El Ministerio de Trabajo frenó el paro de la UOM y abrió un plazo de diez días para retomar las negociaciones. Los bancarios amenazan con una huelga para el próximo martes, mientras que los gremios del transporte definirían ese día otra jornada de protesta.

El Ministerio de Trabajo dictó ayer la conciliación obligatoria en el conflicto paritario entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras patronales del sector. El gremio va a acatar la medida, por lo que vuelve a quedar suspendido el paro de 36 horas que hubiera comenzado hoy al mediodía. La conciliación tiene un plazo de diez días, durante los cuales la cartera laboral espera que “comience la negociación”, porque hasta ahora las posiciones de las empresas y del gremio casi no se movieron. Por su parte, los bancarios convocaron a un paro nacional para el próximo martes, en vistas del punto muerto en su negociación salarial. Otro gremio fuerte con paritarias empantanadas es aceiteros, que está en paro por tiempo indeterminado, y en los próximos días se podría anunciar una huelga en el sector de transporte, que sigue protestando por Ganancias.

“La Argentina desde hace casi doce años tiene otro Estado, que busca con equilibrio repartir las cargas para que los que menos tienen sean los que menos paguen”, señaló ayer el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en relación con el anuncio de Ganancias. A su vez, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que la reducción en la carga es “más que aceptable” y volvió a rechazar que el Gobierno les ponga un techo a las paritarias.

Las negociaciones salariales entraron en su fase más caliente, con acusaciones al Gobierno de querer condicionarlas, desmentidas oficiales y advertencias a los empresarios por el traslado a los precios. La UIA deslizó un pedido de aumento salarial por decreto, lo que cortaría una década de negociaciones. Los gremios, en tanto, avanzan con las movilizaciones y las medidas de fuerza. En el medio, se anunció una reducción del peso de Ganancias, con efecto incierto en las negociaciones.

En el caso metalúrgico, el gremio pide una mejora salarial del 32 por ciento, lejos de la oferta del 22 por ciento de las cámaras patronales lideradas por Adimra. “El aumento que pedimos representa para un compañero que el básico llegue a 8500 pesos. No es nada descabellado, es lo mínimo que tiene que pagar el trabajador para sobrevivir”, señaló el secretario general del gremio y titular de la CGT Alsina, Antonio Caló. Ante el argumento empresario de que la inflación es menor que el aumento exigido, la UOM plantea una suba del 20 por ciento y luego volver a sentarse en julio. “No queremos una paritaria desdoblada”, responden las empresas.

Frente a la amenaza de un paro de 36 horas, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, que el gremio va a acatar, anticipó Caló. El dirigente además consideró que “si estoy haciendo una huelga por 8500 pesos, ¿pensás que me importa Ganancias? Tengo 20 mil que pagan el impuesto, pero 230 mil que no, que están debajo de 8 mil pesos”, en relación con una consulta por la reducción del peso del tributo.

La negociación en el sector bancario viene todavía más complicada. “Hace 125 días que terminó el convenio del año pasado y no hay ninguna propuesta de los empresarios a nuestras demandas, que incluyen una suba salarial superior al 30 por ciento y que nos compensen lo que pagamos de Ganancias”, indicó ayer el secretario general del gremio, Sergio Palazzo. Los bancarios recibieron un anticipo a cuenta por enero, febrero y marzo y desde ese momento aseguran no haber tenido novedades. “Los bancos incrementaron sus ganancias en más de un 50 por ciento el año pasado, muchos de ellos a partir de la timba de la devaluación. Estamos pidiendo algo lógico por las condiciones del sector”, agregó Palazzo.

Ayer hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo donde los bancos, liderados por las empresas extranjeras, pidieron un cuarto intermedio para que el gremio analice las novedades en el Impuesto a las Ganancias. El gremio consideró “insuficiente” el anuncio del Gobierno y tomó el pedido patronal como una provocación. En este contexto, anunció un paro nacional de 24 horas con movilización para el próximo martes y la realización de asambleas en las entidades.

El martes también se puede llegar a anunciar una huelga de los gremios del transporte, en el plenario sindical del sector, anticipó ayer el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano. Además, dijo que el anuncio de Ganancias “es una aspirina para un cáncer” y pidió “eliminar el impuesto al trabajo. Que le saquen a otros, no a los trabajadores”.

Se diferenció de Maturano el secretario adjunto de la CTA, Pedro Wasiejko, quien calificó como un “importante avance” las medidas anunciadas. De todos modos, pidió que “avance la discusión parlamentaria a fin de que se modifique el impuesto a la cuarta categoría”.

Expertos y gremios dan su visto bueno a los cambios en el tributo

Si bien mantienen matices, afirman que beneficia a los trabajadores que actualmente tributan. 

Las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias son materia de debate entre expertos y sindicalistas, aunque nadie está ciento por ciento conforme. Por caso, Elías Lisicki, del estudio Lisicki Litvin y Asociados, le dijo a Tiempo Argentino que «la medida es adecuada» pero «hay que esperar a la norma para saber cómo va a ser la operatoria concreta de la modificación». El experto apuntó a que hay «presunción de que se van a cambiar las deducciones adicionales». Con todo, destacó el beneficio para los trabajadores. «Algunos critican que el impacto es poco, pero entre nada y el 6% la distancia es enorme», explicó.

 

En cambio, para el tributarista Antonio Hugo Figueroa, los cambios propuestos por Economía «son un soberano disparate». El experto indicó que con la actual esquema para la cuarta categoría de Ganancias «no hay proporcionalidad ni equidad en la carga tributaria». En ese sentido adelantó que iniciará una causa en la justicia por considerar que se violan «preceptos constitucionales».

Desde el sector sindical, el secretario adjunto de la CTA y titular del sindicato del Neumático, Pedro Wasiejko, calificó el cambio como un «importante avance», aunque ratificó el plan de acción de la central obrera de «continuar el camino de la discusión parlamentaria para la modificación del impuesto a la 4ª Categoría, en el marco de la reforma tributaria integral de carácter progresivo».

En tanto, el secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, fue crítico con el anuncio: «Esperemos, si ni ellos mismos no saben lo que le van a dar a los trabajadores. Creo que lo están haciendo para distraer un poco las paritarias que están peleando los distintos gremios», dijo en declaraciones a radio La Red.

Desde el ámbito académico, Luciana Sosa, integrante del Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular (Geenap), destacó que la modificación «activará el consumo y dinamizará la economía», y afirmó que el gravamen «es necesario y progresivo». Una postura similar adoptó el Cecreda, que señaló que el cambio «se traducirá en mayor ingreso para algunos sectores». 

Wasiejko calificó de “importante avance” las medidas anunciadas por Kicillof

El secretario adjunto de la CTA y titular de la FeTIA, Pedro Wasiejko, calificó como un “importante avance” las medidas anunciadas ayer por el ministro de Economía Axel Kicillof tendientes a reducir el impacto del régimen de Ganancias, aunque ratificó el plan de acción de la central obrera de “continuar el camino de la discusión parlamentaria para la modificación del impuesto a la 4ta. Categoría, en el marco de la reforma tributaria integral de carácter progresivo”.

En esa dirección, al tiempo de ponderar la “decisión del Gobierno de ir resolviendo este tema”, consideró que “se trata de un reclamo histórico de la CTA y la FeTIA que hay que profundizar, para el cual ya tenemos una propuesta en elaboración junto a nuestros equipos jurídicos que se encuentran trabajando en sesión permanente”.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció ayer una medida para reducir el impacto de Ganancias sobre un universo limitado de trabajadores cuyo salario bruto mensual sea de entre 15.000 y 25.000 pesos

“Un trabajador soltero con un sueldo mensual de $20.000 brutos está pagando 2.066 pesos de Ganancias. Va a tener una reducción del 32% en lo que paga (por Ganancias). En vez de pagar $2.066 va a pagar $1.405”, explicó Kicillof.

Para un contribuyente con el mismo sueldo, casado y con dos hijos, el pago de Ganancias pasaría de $1.280 pesos a $397 por mes, según los cálculos del ministro: “Una reducción de 69%”, dijo.

 

La CTA afín al Gobierno pidió modificar el impuesto a las Ganancias mediante una ley

Pedro Wasiejko, el segundo de la central, consideró que el sistema que deja en el Poder Ejecutivo las actualizaciones del piso produce «situaciones injustas» que afectan el salario de los empleados.

Con una inflación que desde hace tiempo parece no menguar su ritmo, el alcance del impuesto a las Ganancias dejó de ser una preocupación exclusiva del sindicalismo opositor y ha llegado a las entrañas de los gremios cercanos a la Casa Rosada. Ha habido planteos recientes al respecto tanto de la CGT de Antonio Caló como de la CTA de Hugo Yasky, e incluso es uno de los elementos que podrían acercar más la posibilidad de la unidad del movimiento obrero.

La CTA, de la mano de su número dos, volvió hoy a hacer oír su disconformidad con el modo en que está siendo usado el gravamen. Pedro Wasiejko, sostuvo que «no queda otro camino que modificar por ley» el impuesto a las Ganancias para evitar situaciones «injustas» que afectan el salario de los empleados.

«Creemos que la única salida a esto es un cambio legislativo, esto ya no se puede hacer más con resoluciones del Poder Ejecutivo, porque lo que hace es subir el piso y se generan situaciones más injustas todavía», analizó el sindicalista.

En declaraciones radiales, Wasiejko indicó que «hoy hay trabajadores que en junio de 2013 ganaban menos de 15 mil pesos y no pagaban ganancias y después de recibir incrementos salariales de 20 mil pesos no pagan, pero ahora los que entraron hace dos días, cobran 15 mil pesos, terminan pagando». Y observó que son «situaciones muy injustas».

El Gobierno enfrenta desde hace tiempo una conflictividad creciente en el campo sindical. A la par del plan de lucha que desarrollan -paros mediante- las dos CGT enfrentadas a su conducción y la CTA de Pablo Micheli, Caló y Yasky dejan conocer cada vez con mayor frecuencia sus diferencias con el rumbo económico. La última señal de ello fue que los metalúrgicos que lidera el primero anunciaron una huelga de 36 horas para presionar la paritaria.